De ANÁLISIS

El tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa dispusieron un cuarto intermedio hasta el jueves 22 de octubre para deliberar respecto a una serie de planteos que los jueces le hicieron al Ministerio Público Fiscal (MPF). Los magistrados plantearon inquietudes respecto a pormenores del acuerdo entre la defensa de José Ángel Allende y los fiscales. 

Entre otros planteos, los magistrados interrogaron a los fiscales respecto al corte realizado por los investigadores (se investigó hasta 2016), al modo de valuar la multa de $3.000.000 solicitada por los representantes del MPF y otras cuestiones vinculadas a la unificación de todos los expedientes que involucran al exdiputado provincial como acusado. 

La audiencia en la que los magistrados comunicarán su resolución respecto al juicio abreviado será el próximo jueves a partir de las 8.30 horas. Los jueces podrán homologar el acuerdo o suspenderlo y disponer que se resuelvan las acusaciones bajo la modalidad tradicional y/o por separado cada expediente. 

Una extensa audiencia

Este miércoles se desarrolló la audiencia de juicio abreviado en donde el MPF logró exponer las pruebas que condenan a Allende por haberse enriquecido ilícitamente y haber cometido el delito de negociaciones incompatibles con la fución pública. Además, se expusieron los pormenores de las amenazas por las que Allende también fue acusado, tanto al periodista Martín Carboni como a la ministra de Salud de la provincia Sonia Velázquez, que estuvo presente en la audiencia. Carboni estuvo representado por el abogado Rubén Pagliotto y Velázquez fue representada por María Fernánda Vázquez Pinasco, quien se manifestó crítica con la decisión de que sea incluído en este juicio abreviado lo referido a las amenazas en contra de la titular de la cartera sanitaria. 

En este marco, se puntualiza en dos hechos concretos. El primero, el de enriquecimiento ilícito, según los fiscales ocurrió "durante su desempeño como funcionario público del Estado provincial (diputado) desde el 10 de diciembre del 1999 hasta diciembre de 2016, José Ángel Allende incrementó desproporcionadamente su patrimonio, utilizando para ello la intervención como interpósitas personas de Adriana Guadalupe Satler, Diana María Cristina Traverso, Julio Alejandro Allende, Victoria Allende y Carolina Allende y de la Persona Jurídica de UPCN. Ello ocurrió a partir de la adquisición de bienes inmuebles, embarcaciones, automotores, inversiones en plazo fijo y participación en sociedades por montos que no se justificaron en el ahorro disponible para inversión en un total de $4.983.146,14, lo que dolarizado equivale a la suma de U$s 1.069.841,19".

Y un segundo hecho, de negociaciones incompatibles con la función pública, "durante su mandato de diputado de la provincia, se interesó en forma directa, interviniendo en los respectivos trámites administrativos, en el otorgamiento de subsidios no reintegrables por parte del órgano legislativo que integró, en favor de la fundación Esperanza, entidad que conformó como presidente y secretario desde el 16 de noviembre del 2004 y que también fue dirigida por los coimputados Adriana Satler, en su carácter de presidente y Victoria Allende en su carácter de tesorera desde el 20 de octubre del 2007. Así, obtuvo que dicha fundación recibiera tales ayudas económicas por la suma total de $1.358.617,98 desde enero del 2008 hasta diciembre del 2011". 

Como principales pruebas, los fiscales expusieron documental reservada y un informe técnico pericial contable realizado por el contador Héctor Enrique, integrante del equipo pericial contable del MPF. Entre otras pruebas, forma parte del expediente la investigación periodística de ANÁLISIS fechada el 19 de abril del 2012 en donde se denunciaron los hechos y logró que se abriera una investigación para corroborar lo expuesto por este medio. 

La causa contó con una profusa carga probatoria que incluyó diversos informes tendientes a comprobar la magnitud de su enriquecimiento e incluso se utilizó prueba que el propio Allende ofreció ante su presentación espontánea ante la Justicia. Es decir, el aporte del propio Allende colaboró para su incriminación. 

Entre otros elementos, Cattaneo expuso el listado de algunas de propiedades con las que contaba la familia Allende: un yate nombrado Guadalupe (cuyo valor es de U$s 49.500, siempre valor a dolar de septiembre del 2018); inmuebles en Nogoyá y dos terrenos contiguos con mejoras que implican un valor total de $21.323.890 equivalente a U$s 559.682,15; inmuebles en 3 terrenos contiguos ubicados en Quebracho, departamento Paraná, en un valor de $39.686.446 (equivalente a U$s 1.041.639); y un inmueble en la Isla Puente de Paraná valuado en $6.578.893 (equivalente a U$s 172.674,36).

En lo que hace a la pena, Cattaneo expresó que se fijó una multa por encima del monto legal que equivale a un 60% del enriquecimiento ilícito probado:"Solicitamos que se imponga por los delitos de enriquecimiento, negociaciones, coacciones, amenazas en el marco de violencia de género, Todos en concurso real, la pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional más una multa de $3.000.000 e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos". 

Además, se ha dispuesto que debe fijar domicilio, que no realice actos violentos contra sus víctimas, que no realice actos de violencia de género ni de verse involucrado en cualquier comportamiento violento. 

También se acordó el decomiso en favor del Estado de los efectos del delito cometido que recae sobre el patrimonio injustificado. Se determinó el decomiso de 2 bienes inmuebles (el de calle Laprida y la propiedad ubicada en el Parque Urquiza de Paraná sobre calle Castelli). El monto de los decomisos supera el valor del enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado. El edificio del Parque Urquiza será destinado al Consejo de la Magistratura, mientras que la propiedad de calle Laprida será destinada a ser sede de la Unidad Fiscal de Violencia de Género. 

La palabra de la ministra Velázquez

Cabe destacar que el tribunal permitió a las víctimas de Allende a que se expresen en el marco de la audiencia oral y pública. Así lo realizó la ministra Velázquez y ratificó su oposición a que su causa sea unificada con otras causas que llegaron a este juicio abreviado y puntualizó en las "naturalezas penales distintas" y que son "inconexas" unas con otras.

"No corresponde un acto de Justicia para quien les habla en calidad de víctima, como mujer y tampoco para el interés social de un delito de género", agregó la ministra. 

A poco de cumplirse dos años de la denuncia de Velázquez, aseguró que "la misma tuvo como objetivo poner fin a una serie de amenazas que comenzaron un año antes de haber podido tomar el coraje y la valentía de poner fin a esta situación de violencia". 

"En noviembre del año pasado manifesté mi conformidad a un juicio abreviado para poder poner fin a lo que significó un gran contrapeso en mi función pública y un acto de Justicia para mi y otras víctimas de violencia de género que han sido silenciadas. Pero durante la pandemia, tomé conocimiento por un medio digital que Allende había realizado con el MPF un acuerdo de reparación y condena que contemplaba varias causas. Cuando consulté al fiscal de esta situación, me informa que se había firmado el acuerdo y fijadas las pautas de conducta con el imputado. No conforme con esta situación decidí convocar a mi abogada para poder realizar oficialmente esta presentación que pudo haber sido tenida en cuenta a efectos de brindarme la posibilidad de ser escuchada", expresó la ministra. 

En esa línea, aclaró que no busca el "punitivismo patriarcal" sino que una causa de violencia de género "no quede invisibilizada por el sistema", finalizó. 

Pagliotto habló en nombre de Carboni que no se hizo presente en la audiencia por cuestiones personales. 

Por su parte, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes también brindó su parecer pero no se logró escuchar en la transmisión online por cuestiones técnicas y eso motivó la imposibilidad de poder reflejar el relato del funcionario que valoró la recuperación del producido del delito para las arcas públicas.