Fiesta en Olivos: un fiscal pide que se determine en qué Juzgado debe tramitar la causa

Fernando Domínguez, uno de los dos fiscales federales de San Isidro planteó que no está definido en cuál de los dos Juzgados Federales de esa jurisdicción debe tramitar la causa iniciada por la violación de la cuarentena en la que está imputado el Presidente de la Nación Alberto Fernández, por la realización del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez el 14 de julio de 2020.

El caso había comenzado a tramitarse en el Juzgado Federal situado en Comodoro Py a cargo de Sebastián Casanello, quien había delegado la investigación en el fiscal Ramiro González. El magistrado había declinado la competencia debido a que los hechos investigados sucedieron en la Quinta de Olivos, partido de Vicente López, jurisdicción de la justicia federal de San Isidro.

El juez Lino Mirabelli aceptó la competencia –de manera parcial- y se quedó con el expediente. Pero el fiscal Domínguez planteó que existe una causa anterior, sobre el mismo asunto, radicada en el otro Juzgado Federal de San Isidro: el que está a cargo de Sandra Arroyo Salgado. Para el fiscal, se debe determinar qué Juzgado es competente en la causa.

En el caso fueron imputados además del Presidente de la Nación y su pareja, los otros asistentes al cumpleaños realizado mientras las reuniones sociales estaban prohibidas por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. Ellos son Carolina Marafioti, Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Fernando Consagra, Rocío Fernández Peruilh, Stefanía Domínguez y Federico Abraham.

La controversia a la que se refiere el fiscal Domínguez se basa en que había en el Juzgado de Arroyo Salgado una denuncia similar a la que estaba radicada en el juzgado de Casanello. Entonces al pasar el caso del Juzgado de Casanello al de Mirabelli, el fiscal sostiene que debe determinarse en qué juzgado debe quedar la causa.

En el dictamen firmado por Domínguez ayer, al que tuvo acceso Infobae, el fiscal volcó cada uno de los pasos que se fueron sucediendo en los dos expedientes que tratan sobre la misma materia: la violación de la cuarentena en la Quinta de Olivos. Allí está reseñado también un pedido de certificación que hizo el otro fiscal federal de San Isidro, Federico José Iuspa, para que se determine si la causa que se investigaba en Comodoro Py era similar a que había quedado radicada por sorteo en el juzgado a cargo de Arroyo Salgado.

La causa que se radicó en el juzgado de Arroyo Salgado por una denuncia contra el presidente Fernández por la violación de la cuarentena es anterior a que Casanello declinara la competencia y enviara el expediente desde Comodoro Py a San Isidro. Es por eso que Domínguez plantea que debe determinarse cuál de los dos juzgados debe intervenir.

 

Todas las denuncias se realizaron después de la difusión de las planillas de acceso a la Quinta de Olivos que recibió la ONG Poder Ciudadano a través de un pedido de información pública. A partir del análisis de los visitantes a Olivos en la cuarentena se realizaron varias denuncias que implican no solo a los que asistieron al cumpleaños de Yañez.

Después de resumir todo lo sucedido con los dos expedientes el fiscal Domínguez señaló: “Atendiendo a todo ello, para evitar un “bis in idem” ilegítimo, previo a todo otro trámite, deberá determinarse qué juzgado de la circunscripción Federal de San Isidro deberá intervenir en la pesquisa”. Y agregó: " Va de suyo que el criterio aquí postulado, respeta el principio de ¨non bis in idem”, pues evita la proliferación de sumarios con un mismo sujeto objeto y causa, propugnando un un mejor ejercicio de la jurisdicción, entendida no solo como la facultad de decir el derecho evitando sentencias contradictorias, sino como la mejor forma de proveer al debido proceso, garantizando la intervención en igualdad de armas de todas las partes”.

Es decir que la causa que tiene como imputado nada menos que a Fernández por no haber cumplido un decreto de Fernández, aún no tiene juzgado. El presidente había dicho que no cometió delito porque no se propagó el virus y pidió su sobreseimiento. Y de no ser atendido esa solicitud ofreció la “reparación integral del daño” mediante el pago de dos de sus sueldos como presidente en cuatro cuotas.

El caso no tiene juez. Al menos por ahora. La situación se resolverá en las próximas semanas.

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