De ANÁLISIS

Defensores en las causas por corrupción que investigan el desempeño del exgobernador Sergio Urribarri, ex funcionarios de sus mandatos, familiares y empresarios, cuestionaron la decisión de iniciar el debate y piden ir a Casación.

En esa tarea se vio en las últimas horas el abogado Emilio Fouces, representante legal del exministro de Turismo Hugo Marsó, y los empresarios Gerardo Caurso y Hugo Montañana. Habría además, otro escrito en el mismo sentido. De ese modo están hechos los planteos ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones que componen José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.

Los jueces -que decidieron el miércoles pasado iniciar el debate el próximo lunes-, deberán definir ahora si le dan curso o no a los escritos para que los abogados vayan con la queja a la Cámara de Casación Penal de Paraná. En caso de que los magistrados den luz verde a los planteos defensivos, pueden hacerlo con “efecto devolutivo”, es decir que prosigue el trámite y no se suspende el comienzo del debate.      

Cabe recordar que los defensores habían reclamado suspender el juicio porque consideran que el protocolo sanitario del Poder Judicial es inaplicable y de ser aplicado, afecta el derecho de defensa en juicio de los imputados. La discusión tuvo varios capítulos y en un primer pronunciamiento de los jueces que se conoció el miércoles pasado, el tribunal no les dio la razón a los abogados y fijó una agenda de audiencia para los próximos meses.

Dispusieron el inicio del megajuicio a Sergio Urribarri y otros para el 27 de septiembre

Entre los argumentos para vetar el requerimiento defensivo de suspensión del juicio, el tribunal subrayó que el debate quedó trunco cuatro veces anteriores, por distintos motivos. Además, esta semana el Ministerio de Salud de la Nación relajó todas las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19.  

“Sueño entrerriano”

Se denomina megajuicio porque acumula tres causas por corrupción que se investigaron individualmente. Esos tres expedientes se juzgarán en el mismo debate oral y todos están vinculados a la presunta utilización de dinero público para financiar la campaña presidencial del entonces gobernador Urribarri, hoy embajador de Chipre e Israel.

-La instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones;

-La contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones;

-La contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones.

La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.