Causa de la vaca: Fiscalía acusa el desvío de unos 3.250.000 dólares

Juan Pablo Aguilera, de saco negro, saliendo con su abogado Marcos Rodríguez Allende (Foto: ANÁLISIS)

N.B de ANÁLISIS

Al inicio del alegato de apertura, la procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, describió la maniobra acusada en la conocida como “causa de la vaca”. Recordó que cuando hicieron un allanamiento en el local donde estaban ubicadas las empresas que le adjudican a Juan Pablo Aguilera -Tep y Next SRL-, la contadora pública Corina Carngiel intentó desprenderse de un disco duro que contenía información relevante para la investigación.

Corina Cargniel. (Foto: Poder Judicial)

“Arrojó el disco duro por la ventana del baño y cayó en el patio de una vecina que convocó al personal policial”, enrostró Goyeneche. Calificó al disco duro como “la caja negra que contenía toda la información de los retornos” y sindicó a Cargniel como “la mano derecha de Aguilera”.

En el legajo también conocido en tribunales como “causa de las imprentas” hay 9 personas imputadas: Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, Gustavo Tamay, Corina Cargniel, Luciana Almada, Alejandro Almada, Maximiliano Sena, Emiliano Giacopuzzi. También está imputado el publicista Fernando Montañana pero está internado y se lo juzgará cuando se recupere de salud. Inicialmente, en este legajo también estuvo imputado Jesús Bustamante, otro publicista paranaense. Según la hipótesis acusatoria, se desviaron millones de pesos de partidas del Ministerio de Cultura y Comunicación a cargo de Báez, a través de contrataciones directas para publicidad en la vía pública. Las adjudicaciones fueron en primer lugar a las empresas de Aguilera -que componían como directivos los dos Almada, Sena y Giacopuzzi- y en segundo lugar a las empresas de Montañana y Bustamante, pero cuando había adjudicaciones para las últimas dos, debían retornar parte del dinero a Tep y Next SRL.  

Gustavo Tamay (Foto: Poder Judicial)

“En cinco años, entre 2010 y 2015 se desarrolló una maniobra sistemática para beneficiar empresas que hacían publicidad en la calle. El direccionamiento que estamos mencionando desde el Estado implicó que el desvío por 21 millones 500 mil pesos a estas empresas. Para tener una idea actualizada del valor, serían unos 3.250.000 dólares”, comparó la fiscal.

“Tres enfoques: los vínculos, las vías de excepción y la sustracción”

De inmediato invitó a leer la investigación a través de “tres enfoques”. “El dueño de las dos primeras empresas beneficiadas era en las sombras Juan Pablo Aguilera, que no podía aparecer porque era funcionario público. Fue secretario de bloque en el Senado, en Diputados y representante en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. Las contrataciones con Tep y Next fueron posibles durante 5 años y escaparon del control porque siempre se mantuvo oculta la identidad del verdadero dueño. Lo que permitió sortear el filtro de control fue que Urribarri y Báez decidían qué empresas contratar: estas eran Tep y Next, Montañana y Bustamante. Las dos primeras manejadas en la sombra por aguilera. Las otras dos lo hacían con cartelización a través de Aguilera”, describió Goyeneche.

Aseguró que “Tep y Next fueron creadas por Aguilera en 2009”. “En calle Racedo era la sede de las dos empresas, había dos denominaciones pero era una sola. Aguilera no podía aparecer como dueño porque era funcionario público y además cuñado y estrecho colaborador de Urribarri”. “La ambición de Aguilera por acaparar la publicidad Estatal hizo que tuviera intereses en todas las empresas del rubro, toda contratación con otras empresas que no fueran de él, aportaban a él”, subrayó. Mencionó después a “Luciana Almada, Alejandro, Giacopuzzi y sena”. “Trabajaban en las empresas y figuraban como dueños. Eran los prestanombres”.

Luciana Almada y Maximiliano Sena (arriba). Emiliano Giacopuzzi y Alejandro Almada (abajo). (Fotos: Poder Judicial)

Segundo enfoque, según la Fiscalía, es el “favorecimiento”. “Eso fue encabezado por Urribarri y Báez. Como funcionarios desviaron poder a favor de esas empresas. Tep y Next eran una única empresa que asumió de manera exclusiva la publicidad, si bien se actuaba un aparente reparto de publicidad”. “Los cobros de Montañana y Bustamante retornaban parte a Tep y Next. Para facilitar o permitir esta actividad, Báez y Urribarri usaron las vías de excepción para las contrataciones. La contratación directa fue la regla”. En el debate “escucharán testigos diciendo que estos procedimientos eran correctos. Pero vamos a demostrar que se trata de prácticas de tolerancia a la corrupción”, advirtió.

En tercer lugar dijo que “estas contrataciones también fueron hechos de sustracción”. “Gustavo Tamay como empleado del Ministerio de Cultura y Comunicación expidió falsas certificaciones que indicaban que las publicidades estaban realizadas. Pero no estaban realizadas o estaban sustituidas por cuestiones personales. Por eso esta causa se conoce en la opinión pública como ‘causa de la vaca’. Para las certificaciones falsas se usaron técnicas de Photoshop. De la lectura de los correos electrónicos y los archivos de documentos secuestrados en las imprentas de calle Racedo, se observa en la faz pública a Tamay; y en la faz privada la colaboración indispensable la contadora de las empresas Corina Cargniel. Ella era responsable de obtener los reintegros, de cobrar el porcentaje de contrataciones. Llevaba la agenda de la empresa y la agenda personal de Aguilera. La contadora era tan consciente de la ilicitud que el día de los allanamientos, el 1 de agosto de 2016, arrojó por el ventiluz de uno de los baños un disco rígido. No se imaginaba que la suerte no la acompañaría porque la vecina donde cayó el disco, convocó al personal policial que ordenó su secuestro. Esa memoria era la caja negra de las maniobras ilícitas para la sustracción de dineros públicos”.

Puntualizó que se acusa a Urribarri y Báez como autores de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal. Aseveró que “hay 142 hechos individuales de contrataciones son considerados como un único hecho para nosotros”.

Dijo que Aguilera, Tamay y Cargniel, son acusados como “partícipes necesarios”; y Luciana y Alejandro Almada, Giacopuzzi y Sena como “partícipes secundarios”.

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