De ANÁLISIS

El tribunal compuesto por los vocales José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, rechazó este lunes el planteo defensivo que pretendía excluir al disco externo de la prueba.

Chemez leyó la resolución al inicio de la audiencia en el megajuicio por corrupción. Los jueces entendieron que la etapa para ese planteo defensivo no es la adecuada, dado que la memoria ya se incluyó por convención probatoria cuando finalizó la Investigación Penal Preparatoria y la causa se remitió a juicio oral.  

La discusión sobre la incorporación o no del disco viene discutida desde que comenzó el juicio, a finales de septiembre. Por un lado la Fiscalía lo consideró “la caja negra” que contiene información de los supuestos “retornos” a Formato Urbano, empresa que adjudican a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri. La hipótesis acusatoria en la “causa de las imprentas” indica que entre 2010 y 2015 hubo una especie de cartelización de la publicidad.

Los defensores, puntualmente el abogado Miguel Cullen -que representa los intereses de Corina Cargnel, contadora de Formato Urbano y Aguilera e imputada en el proceso-, cuestionaron la incorporación del dispositivo. Aseguraron además, el jueves pasado, que la memoria registra numerosas modificaciones mientras estuvo en poder del Ministerio Público Fiscal. Esto último fue considerado por Cullen como “un hecho nuevo” que fundamentaría el pedido de exclusión probatoria en esta etapa de juicio oral. El tribunal no lo entendió de ese modo.

Otro de los puntos discutidos es la pertinencia de bioingenieros que componen el Gabinete de informática del MPF, y que realizaron informes periciales en el marco de la investigación. Sostienen los defensores que no están capacitados para producir informes técnicos de esa naturaleza. Los jueces tampoco les dieron la razón en este punto. Aunque hoy señalaron la existencia de una contestación por parte del Colegio de Profesionales de las Ciencias informáticas de Entre Ríos (Coprocier), donde la entidad opina sobre la pertinencia para elaborar informes técnicos informáticos por parte de bioingenieros. Se trata de una prueba pedida puntualmente por la defensa, a la que se opuso Fiscalía y que fue ordenada por parte del juez de Garantías, Ricardo Bonazzola. El Coprocier respondió únicamente al Ministerio Fiscal y los defensores se quedaron sin conocer los detalles. El tribunal entendió que no es una discusión que debate resolverse en el juicio, sino algo propio a una discusión interna dentro del colegio de profesionales. No obstante, Chemez ordenó  a los fiscales poner en conocimiento “de inmediato” a los defensores.

Devoluciones

Desde las 10.30 aproximadamente, declara el contador Héctor Enrique, del Gabinete Pericial Contable del MPF. El profesional declaró largamente sobre el Gabinete que integra, su trayectoria profesional y formación académica. Su testimonio en el megajuicio se da a partir de una serie de auditorías que le fueron encomendadas. Estudió informes y observaciones del Tribunal de Cuentas de la provincia, en el marco de la “causa de las imprentas” y “sueño entrerriano”.

Enrique dijo que tuvo dos intervenciones, una por cada causa. Primero habló del expediente por el parador de Mar del Plata. “La actividad para encontrar evidencia tuvo que ver con explicar el esquema de devolución a partir de archivos existentes en un unidad de disco. Para explicar el esquema debí ver documental e informes digitalizados”, contó.

En la “causa imprentas”, Enrique manifestó que armó un archivo  a partir de documentación recolectada y expedientes. “El archivo vinculó expedientes de prestación de servicios con expedientes de pago. Es decir -aclaró-, se relacionaba un expediente madre que originaba prestación de servicio con el expediente de pago. Un expediente de obra, y un expediente derivado de ese expediente madre que son los sucesivos pagos”.

Agregó que “otra delas tareas fue recopilación de normas”. También “establecer desde el punto de vista de presupuesto el nivel de gastos para publicidad de vía pública, en función de los elementos que vinculaban al informado por dirección de medios sobre todas las empresas que hicieron publicidad. La parte numérica, a partir de requerimientos a Contaduría General, se informaron datos de devengamientos en relación a una partida de presupuesto”.  

El perito Enrique también desarrolló el denominado "Esquema de devolución", en base a un archivo nombrado de esa manera que fue hallado en el disco externo secuestrado en la empresa Formato Urbano (TEP SRL). Allí, la propia administración de la empresa dejó registrado como Gerardo Caruso realizó devoluciones tras realizarse la contratación y puesta en escena del parador en Mar del Plata.