De ANÁLISIS

El megajuicio por corrupción que tiene como principal imputado al exgobernador Sergio Urribarri, avanza a paso cansino. Para esta semana prevé la declaración de cuatro personas, en el marco de la “causa de las imprentas” y el “sueño entrerriano”.

Queda pendiente del jueves pasado la decisión del Tribunal de Juicios y Apelaciones, compuesto por los vocales José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, sobre l planteo del defensor Miguel Cullen para que no se incorpore el disco externo como prueba al juicio.

La memoria viene siendo un punto muy discutido en el debate. Si bien se trata de un dispositivo que fue incorporado en la etapa anterior, mediante un acuerdo probatorio, el jueves pasado los defensores Raúl Barrandeguy, Emilio Fouces, Marcos Rodríguez Allende y José Velázquez se plegaron al planteo de Cullen. En caso de no ser atendida esta petición por el tribunal, hicieron reserva del recurso federal.

Testigos

Según la agenda que se adelantó el jueves pasado, para esta semana se prevén cuatro testigos en el debate.

Hugo Rodolfo Jensen, presidente del cuerpo de Auditores del Tribunal de Cuentas. Martín Gerardo Herrlein, que declarará sobre el allanamiento en calle Racedo 415 de Paraná, donde está instalada la imprenta y empresa gráfica que fiscalía le adjudica a Juan Pablo Aguilera.

También se prevé la testimonial del oficial Subinspector Basso Alfredo, quien ratificará el acta de allanamiento del 26 de septiembre de 2017, en la localidad de Vicente López -Buenos Aires-, en donde funciona la empresa “Nelly Entertainment S.A.”.

Y está prevista además la declaración del contador Eduardo Rudi, del Tribunal de Cuentas, sobre la reducción de los plazos de la licitación dificultó la difusión del requerimiento y la presentación de un número mayor de oferentes, en el marco de la causa Parador. Tanto Rudi como Jensen intervinieron en esas observaciones. Destacaron que la adjudicación de la contratación a una empresa que tenía a esa fecha un patrimonio neto de solo $60.000, con fecha de inicio de actividades seis meses antes de la apertura de los sobres, representó al momento de la adjudicación un “gran riesgo” para lograr el objetivo previsto. Por otra parte, se señaló que no se agregaron a las actuaciones ningún antecedente que justificara la demora en el inicio del procedimiento. Especificaron que el proceso no garantizó la mayor participación de oferentes, a los fines de tener una mayor certeza del precio conveniente. Asimismo, mencionaron que resulta  observable que los pliegos de bases y condiciones no establecieron mayores exigencias en cuanto a los antecedentes y solvencia de patrimonio de los oferentes para dicho tipo de contratación.

Causas acumuladas

El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su esposa Ana Lía Aguilera-.

El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en este debate por la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa delas imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.

La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.

Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.

En el debate intervienen, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.

El tribunal está compuesto por José María Chemez, carolina Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado y no se sabe bien cuándo concluirá, debido a la complejidad de los delitos investigados, a la profusa prueba documental que se va exponiendo en el debate y a la cantidad de testigos previstos.

Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de dólares.