La Justicia procesó a cinco dirigentes del Sindicato de Camioneros, acusados por "coacción", al bloquear las actividades de una empresa transportadora que, supuestamente, tendría deudas con el gremio que lidera Hugo Moyano.

La causa está radicada en la Justicia porteña, a cargo de Fernando Caunedo, quien decidió el procesamiento de Omar "Manguera" Pérez, mano derecha de Moyano, y de los también directivos del sindicato, Omar Dutrá, Diego Coria, Jorge Aguirre y Matías Paz. A todos los embargaron por hasta $ 300.000.

La acusación que recae en su contra tiene que ver con el bloqueo de las actividades de la empresa Andar Transportadora, en Villa Soldati, el año pasado, debido a una deuda que la misma tendría con el sindicato.

"Manguera" Pérez es actual secretario de Políticas de Transporte del sindicato y representante del gremio en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Dutrá, en tanto, es el referente dentro del área de Logística de Camioneros y uno de los que impulsó en su momento las protestas en los centros de distribución de Mercado Libre.

Según el juez Caunedo, debido al bloqueo que ordenaron los gremialistas se vio afectada "la libertad de acción y de trabajo del querellante (Andar Transportadora) y de sus empleados, así como de los choferes que acudieron allí y no pudieron concretar la entrega o el retiro de mercadería", publicó Clarín.

El juez Caunedo destacó que con la actividad de los gremialistas fue afectada “la libertad de acción y de trabajo del querellante [el dueño de la empresa] y de sus empleados, así como de los choferes que acudieron allí y no pudieron concretar la entrega o el retiro de mercadería”.

En ese sentido, planteó que por ese delito de "coacción" se "impidió, contra la voluntad de los afectados, la concreción de una actividad lícita". El fiscal Ignacio Mahiques había pedido en septiembre la indagatoria de todos los acusados por "extorsión", ya que entendía que los gremialistas reclamaban "una deuda inexistente".

Caunedo, en cambio, entendió que sí es posible que exista una deuda entre el gremio y la empresa, y por eso limitó la causa a "coacción". “Aun admitiendo que efectivamente existiera alguna deuda de la empresa, de ninguna manera estaban habilitados para obrar como lo hicieron, acudiendo a las vías de hecho para forzar el pago bajo la amenaza de paralizar el transporte”, escribió el juez.