De ANÁLISIS

Hugo Rodolfo Jensen, contador público, jefe del Cuerpo de Auditores del Tribunal de Cuentas de la provincia, dijo que las contrataciones de publicidad durante la gestión del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, fueron de modo directo y sin justificación enmarcada en la legislación. “Que un decreto tenga todas las firmas no significa que no se pueda investigar y observar si correspondiese”, asentó.

Jensen comenzó a declarar después de las 15.30 y testimonió cerca de tres horas. Contó que al único de los imputados que conoce es a Gustavo Javier Tórtul porque fue su compañero de trabajo en el Tribunal de Cuentas.

Además de las observaciones sobre el modo de emisión de órdenes de publicidad, Jensen  declaró sobre la contratación urgente de la empresa “El Juego en que andamos” -cuyo titular es Gerardo Caruso-, y aseguró que la temporalidad fue observada en el organismo de control. Entre otras afirmaciones, remarcó que en el Tribunal de Cuentas hay expedientes “desglosados” respecto a contrataciones durante los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri que aún no fueron cerrados. Pese a que las rendiciones de cuentas fueron aprobadas, los expedientes desglosados están pendientes de otras resultas como este propio juicio.

El testimonio complica la situación de los principales imputados -por los cargos públicos que ostentaron o ejercen- en el megajuicio por corrupción, es decir el exgobernador Urribarri y el exministro Báez.  

Fue consultado por Fiscalía sobre las contrataciones por vía de excepción. Dijo que la modalidad obedece a distintos motivos y que uno de ellos es la “urgencia”. “Hay que analizar las condiciones de cada caso. Pero cuando una contratación es por vía de excepción debido a la urgencia, hay que probarla fehacientemente”. Fue consultado puntualmente sobre las órdenes de publicidad y las adjudicaciones directas que hace el Estado. “No había fundamento en los expedientes que se hicieron en varias rendiciones de cuentas. Entonces decidimos hacer un informe para poner en evidencia esta situación. Se hizo conocer a los superiores y se pidieron medidas concretas al Ministerio de Cultura y Comunicación en 2013. Queríamos saber por qué se hacía una contratación directa y en función de qué se elige un medio en lugar de otro. Eso es lo que entendimos necesario que hubiera y no había”, recordó. Aseguró que “se le hizo conocer al ministro y contestó en un extenso escrito donde hace valoraciones”. Por lo cual él y el contador jubilado del TdC, Eduardo Rudi, hicieron un nuevo informe del 26 de mayo de 2014.

“Lo que ratificamos era lo que veníamos diciendo previamente. Eso sería la síntesis y que todos los antecedentes se vuelquen en considerandos que motivan la contratación, sino como funcionario elijo algo que no es lo conveniente, porque hay principios para la contratación”, señaló.

Otro testimonio

El analista en Sistemas Martín Herrlein, dependiente del Gabinete de Informática del Ministerio Público Fiscal (MPF), declaró extensamente este martes en el megajuicio por corrupción. Respondió preguntas de Fiscalía sobre su trabajo, una pericia sobre informes técnicos realizados en el área donde se desempeña. Y pacientemente contestó la indagatoria desplegada por los defensores, que aún no concluyó.

Herrlein refirió a cómo elaboró los informes periciales. Hizo un relevamiento de hardware y del software en teléfonos celulares. Dijo que se guiaron por normativa buenas prácticas “usada por la comunidad forense”.

“El hash es un algoritmo o función matemática que a través de un conjunto de datos se obtiene una cadena de caracteres de una longitud fija. Una explicación sencilla que se usa es como la huella digital de un archivo. Se usa en informática forense para garantizar la identidad de la prueba. En caso de cualquier modificación, se vuelve a calcular el hash y si el contenido no cambió es el mismo. El hash se calcula con el contenido del archivo”, manifestó.

La consulta que le había hecho unos minutos antes el fiscal Gonzalo Badano y que respondió con el textual anterior, apuntó a aquella denuncia pública que hizo el defensor Miguel Cullen hace unos 10 días, cuando aseguró que los archivos del disco extraíble que contiene evidencia en la “causa de las imprentas” fue modificado mientras estaba en custodia del MPF.

Badano pidió al testigo que vaya al archivo que contiene los números de hashs y de inmediato se opuso Cullen. La Fiscalía fundamentó la pertinencia de la consulta y Cullen mantuvo su oposición. Aseguró que le estaban pidiendo a Herrlein una opinión sobre información que no produjo él mismo.

–Está bien doctor, tomo nota de su oposición, ya está autorizado –decidió José María Chemez, presidente del Tribunal.

–Hago reserva del caso federal –retrucó Cullen, pisando al propio juez.

–Perfecto –continuó Chemez.

–Es absolutamente novedoso sobre algo que planteó este defensor, sobre un informe de otro perito –se quejó.

–Doctor, doctor Cullen. El perito… –no pudo completar la frase Chemez.

–Le va a preguntar sobre lo que yo hablé. Sobre eso va a declarar, no sobre el informe que hizo –volvió a interrumpir el abogado.

–Bueno, doctor Cullen, ya está autorizada la pregunta ­–recordó el presidente del Tribunal.

–Es una barbaridad –refunfuñó el defensor.

Este tipo de diálogos reñidos e insistentes son una constante en el debate oral. A lo largo de las jornadas, esos intercambios se dan una y otra vez durante la declaración de los testigos. “Si algo no nos gusta como tribunal, es que duden de nuestra imparcialidad absoluta”, advirtió el presidente del Tribunal, en otra instancia de la misma jornada testimonial. “Somos amplios con todas las partes, no sólo con Fiscalía como dicen. Acá hay testigos que han declarado durante dos días porque se da amplitud a todas las partes”, acotó. 

“Acá podemos ver un archivo HTML que es generado por el programa ‘Hash My File’ que es la aplicación utilizada para calcular el valor de hash de cada archivo. Acá se puede ver una lista de todos los archivos entregados en el informe y donde se puede ver el nombre, el valor de hash, la ruta completa que es donde se encuentran los resultados en el disco, una columna de fecha de modificación, otra de tamaño o extensión del archivo”, agregó el testigo cuando la Fiscalía pudo continuar con las preguntas.