De ANÁLISIS

Defensores anunciaron este lunes que se producirán declaraciones de imputados de Gerardo Caruso y Emiliano Giacopuzzi. Depende de la extensión de la jornada de este martes, cuando también está previsto el testimonio de un perito informático de parte, Giacopuzzi declarará durante esta jornada o el jueves.

Así lo plantearon ante el tribunal que componen José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón. El megajuico está entrando, según lo anunciado en el plenario, en un etapa final de la producción de pruebas, lo que está previsto que cierre antes de fin de año. Quedará pendiente la etapa de alegatos, cuando cada parte expone sus conclusiones sobre lo ventilado en juicio y el veredicto del tribunal.

Caruso puntualmente está acusado en el marco del legajo por la instalación del Parador de Mar del Plata, en enero de 2015. Su empresa, El Juego en que andamos, se constituyó como tal en Entre Ríos a los fines de ser contratada por el Gobierno del exgobernador Sergio Urribarri. Los fiscales sostienen que esa contratación fue direccionada y respondió a un acuerdo previo con el exmandatario. Además, agregan que el parador tuvo el objetivo velado de posicionar a Urribarri como precandidato presidencial con dineros públicos. 

Giacopuzzi, por su parte, está imputado en el legajo conocido como "causa de las imprentas", a partir del cual la acusación pública sostiene que entre 2010 y 2015 se direccionaron múltiples ordenes de publicidad a las empresas que funcionan bajo el nombre comercial de Formato Urbano. Giacopuzzi figura como uno de los socios gerentes, aunque afirman los fiscales que es una especie de "prestanombre" porque el verdadero dueño sería Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador.    

Causas acumuladas

El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su esposa Ana Lía Aguilera-.

El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en este debate por la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.

La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.

Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.

En el debate intervienen, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.

El tribunal está compuesto por José María Chemez, carolina Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado y no se sabe bien cuándo concluirá, debido a la complejidad de los delitos investigados, a la profusa prueba documental que se va exponiendo en el debate y a la cantidad de testigos previstos.

Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de dólares.