Este jueves el Ministerio Público Fiscal cerrará los alegatos de clausura de la acusación en el marco del megajuicio que se sigue, desde el 27 de septiembre, al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri. Ya alegaron la fiscal Patricia Yedro, que se centró en la «causa de la vaca», el direccionamiento de publicidad oficial en cartelería en vía pública a favor de las empresas Next SRL y Tep SRL, adjudicada al cuñado del extitular del Ejecutivo, Juan Pablo Aguilera. También, sobre la contratación en tiempo récord de una publicidad oficial en medios de Buenos Aires con una empresa, Global Means SA, del empresario polirubro Germán Buffa, que consiguió esa contratación aún cuando su firma todavía no estaba inscripta en Afip.

Al fiscal Gonzalo Badano le correspondió acusar sobre la contratación, en 2014, de la productora Nelly Entertainment, de Jorge «Corcho» Rodríguez, ex de Susana Giménez, actual de Verónica Lozano, por un monto de $28 millones para la difusión de 3 spots publicitarios sobre la realización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur que ese año se realizó en Paraná. La acusación señala que, en realidad, esa difusión sirvió para instalar la figura de Urribarri, entonces montado al «Sueño Entrerriano», su afán por presentarse como candidato a Presidente, empresa que más tarde naufragaría. A «Corcho» Rodríguez el Estado entrerriano le pagó $28 millones para difundir esos spots publicitarios en los que la figura central fue Urribarri.

Para este jueves, en tanto, se espera el alegato final del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull sobre la instalación de un parador playero, en el verano de 2015, en las playas de Mar del Plata, y por el cual el Estado pagó $14 millones a la firma El juego en que andamos, del empresario Gerardo Caruso, publicó Entre Ríos Ahora.

El caso del parador de Mar del Plata forma parte de una megacausa bajo el paraguas del «Sueño Entrerriano». Allí están el caso de la solicitada contra los fondos buitre. En 2014, el Gobierno pagó una solicitada por $4.308.500, que dolarizado es una cifra de 504.700 dólares. Esa operación es la primera acción de Urribarri por instalar su imagen a nivel nacional, en opinión de la Fiscalía, en el marco del “Sueño Entrerriano”. La solicitada se publicó en 18 medios gráficos nacionales, “bajo la mecánica de la contratación directa por vía de excepción, a pesar de la inexistencia de urgencia que justificara esa vía”, según planteó en el alegato de apertura la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche. La funcionaria judicial ya no toma parte del megajuicio porque fue suspendida en el cargo en el marco del megajuicio abierto en su contra. El tema ya fue abordado en la jornada del martes por el fiscal Badano.

También a la causa “Sueño Entrerriano” refiere la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, trámite por el cual la Provincia pagó $28.400.000. “En la misma línea de procurar instalar su imagen a nivel nacional con dineros públicos, vamos a demostrar que Urribarri y Baez sustrajeron de la partida presupuestaria para la Cumbre 28.400.000. “Esa suma fue aplicada para el beneficio personal de Urribarri en la difusión de 4 spots para instalar su imagen a nivel nacional”. Lo gastado equivale a 3.221.000 dólares. La contratación fue con “el supuesto objetivo” de difundir políticas públicas. Tres de los cuatro videos no aludieron a la Cumbre sino a la imagen de Urribarri, dijo Goyeneche. “Se direccionó la contratación de la difusión de los 4 spots a favor de Nelly Entertainment SA, del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, quien obtuvo suspensión de juicio a prueba en esta causa. El procedimiento de contratación fue una fachada a través de la cual se ocultó que se negoció directamente, brindando ventajas e información solo al empresario con quien se quería contratar Y dejando sin posibilidad de real competencia al resto”, señaló. Y aportó otro dato: los cuatro spots publicitarios fueron filmados fuera de la Provincia, sin ninguna intervención local que controlara el contenidos, antes incluso de que fuera designada Paraná como sede de la Cumbre del Mercosur. La filmación de los videos estuvo a cargo de la firma El Buey Solo SRL.

Ese tema también correspondió al fiscal Badano.

El último de los hechos por el que se sentó a Urribarri en el banquillo se refiere a la instalación de un parador en las playas de Mar del Plata también para la promoción de la figura del exgobernador, en el verano de 2015, gasto que supuso la distracción del erario público de la suma de $14.561.870, que dolarizado suma 1.658.000 dólares.

Oficialmente, la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un parador en las playas de Mar del Plata fue para promocionar turísticamente a la Provincia, pero en los hechos, dijo Goyeneche, se trató de un ación más tendiente a instalar a nivel nacional la figura de Urribarri como candidato a Presidente de la Nación.

En ese marco, el 5 de diciembre de 2014 se inició expediente administrativo: el exministro de Turismo, Hugo Marsó, pidió la contratación del montaje del parador playero. Pocos días después, el 30 de diciembre, Marsó y Gerardo Caruso, responsable de la firma El Juego en que Andamos, firmaron el contrato para el parador. La firma no tenía experiencia, poseía un capital mínimo y no tenía domicilio en la Provincia: por eso, puso como domicilio la vivienda, en la ciudad de Larroque, del exsecretario de Justicia de Urribarri, Rubén Virué. Goyeneche dijo que antes y durante la contratación hubo “múltiples comunicaciones entre el propio exgobernador y el señor Gerardo Caruso, contactos que se iniciaron mucho antes que la gestión administrativa para la contratación. Se iniciaron el 20 de octubre de 2014 y siguieron hasta mayo de 2015. También Marsó se contactó con Caruso. El entorno, la familia Urribarri, también mantuvo contactos previos. A tal punto que su hijo Franco, Juan Pablo Aguilera y Caruso viajaron juntos a Mar del Plata en noviembre de 2014, un mes antes de publicarse la licitación para esta contratación. Este viaje fue abonado por Relevamientos Catastrales, la empresa del señor Diego Armando Cardona Herreros, que pertenece al círculo íntimo de Urribarri, imputado en dos causas”.

Concluida la alegación sobre la causa del parador del Mar del Plata, sobrevendrán los pedidos de condena en el megajuicio que planteará la Fiscalía. En tanto, para la próxima semana se aguardan los alegatos de la defensa de los 13 imputados.

Al juicio -que se desarrolla en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y que presiden los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón- llegaron 15 imputados, pero desde el vamos se bajó el empresario publicitario Hugo Montañana, que adujo problemas de salud y por eso será juzgado en forma separada; también en medio de los debates ocurrió el fallecimiento de Hugo Félix Céspedes, excoordinador de la Unidad Operativa Mercosur. De ese modo, serán 13 los imputados en el inicio de los alegatos de clausura.

Así, a la instancia de los alegatos llegarán el exgobernador Sergio Daniel Urribarri, sus exministros Pedro Báez, de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, de Turismo; el cuñado Juan Pablo Aguilera, su esposa, Luciana Almada, y el hermano de ésta, Alejandro Almada, la contadora Corina Cargnel, y los empresarios Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi, fundadores de Cinco Tipos y después de Tep SRL y Next SRL, el armador del pelotero en Mar del Plata, Gerardo Caruso, el empleado del Estado Gustavo Tamay, el empresario Germán Buffa y el excontador de la Unidad Operativa Mercosur, Gustavo Tórtul.