N.B. de ANÁLISIS Digital

La participación del presupuesto judicial en relación al presupuesto de la provincia cayó del 3.98 por ciento en 2021, al 3,13 por ciento en 2022. Así lo dijo Susana Medina, presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que abrió el año judicial este viernes por la mañana. En un extenso repaso de la gestión pasada y trazando los lineamientos para este año, Medina aseguró que la participación del presupuesto judicial en relación al presupuesto de la provincia bajó varios puntos.

“El presupuesto del Poder Judicial provincial para 2022, prevé un crecimiento de un 39.23 por ciento con relación al 2021. Mientras que los recursos provinciales crecen un 77,95 por ciento. La participación del presupuesto judicial en relación al presupuesto de la provincia cayó del 3,98 por ciento en 2021, al 3,13 por ciento en 2022. Específicamente en ingresos de rentas generales del 5,88 por ciento de 2021, al 4,52 por ciento en 2022. No obstante nos propusimos recuperar la participación en el transcurso del ejercicio para dar continuidad a la obra pública”, leyó.

El acto fue en el Centro Provincial de Convenciones, donde concurrieron funcionarios políticos y judiciales. Estuvo presente el arzobispo Juan Alberto Puiggari, la ministra de Gobierno Rosario Romero; la ministra de Desarrollo Social Marisa Paira; el intendente Adán Bahl; y el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; el comisario general Gustavo Maslein; el procurador General de la provincia, Jorge García, entre otros.

En el estrado estuvo sentada la vicegobernadora Laura Stratta; el presidente de la Corte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; y autoridades del Poder Judicial provincial: Gisela Schumacher (nueva vocal de la Sala Civil y Comercial); Bernardo Salduna (presidente de la Sala de Trabajo); Daniel Carubia (vicepresidente del STJ y vocal de la sala Penal); Germán Carlomagno (vocal de la Sala de Trabajo); Claudia Mizawak (presidenta de la Sala Penal); y Martín Carbonell (presidente de la sala Civil y Comercial).

El acto comenzó después de las 10.15. Tras algunas formalidades como la lectura de saludos, Medina abrió su discurso honrando a las autoridades de la gestión pasada y pidiendo aplausos para todas las delegaciones judiciales. Se escucharon golpes de palmas para las distintas zonas de la provincia: Concordia, Chajarí, Colón, Concepción del Uruguay, Diamante, Federación, Federal y así, hasta completar todos los departamentos.

El discurso se circunscribió a la lectura de un informe de gestión y el establecimiento de los lineamientos para este año. Habló de la implementación de la firma digital, el expediente digital, la mesa virtual, el teletrabajo y los servicios audiovisuales. “Entre enero de 2020 y diciembre de 2021 se realizaron 3 millones de actos procesales, se recibieron más de 1 millón de presentaciones digitales de abogados. Se dictaron más de 66 mil sentencias definitivas y más de 100 resoluciones interlocutorias”, enumeró, entre otros datos.

Se refirió al trabajo del Instituto Alberdi; a las campañas de sensibilización y concientización social; al trabajo de la Justicia va a los barrios; a datos que generan sobre violencia de género; al trabajo de la mesa permanente; a la implementación del Juicio por Jurados; al desempeño del Área de Prensa; y a la implementación de tecnología, entre otras pautas de gestión.

Anunció para 2022 y 2023 una inversión aproximada de 1 millón y medio de dólares para actualizar infraestructura; mejoramiento de servicios en la nube; nueva plataforma de seguridad; 300 nuevos puestos de trabajo; scanners; informatización de juzgados de paz; el desarrollo de software; y nuevos servicios para la mesa virtual. No hubo especificidades sobre la implementación de nuevos protocolos sanitarios en tribunales, que permitan el retorno del público general  a los juzgados.   

Medina habló de la implementación de las subastas electrónicas; y del servicio de genética forense. “En Entre Ríos hay 1630 personas cuyos perfiles genéticos deberán incorporarse al Registro Nacional de Datos Genéticos en los próximos meses, lo cual se articula con organismos jurisdiccionales que dictaron sentencia condenatorias respecto de estas personas, para que revisen la solicitud de incorporación respecto de esos perfiles genéticos a lo reglamentado por el Superior Tribunal de Justicia”, leyó.  

Dedicó un tramo al servicio de Medicina Forense y refirió a la construcción del Centro de Medicina Forense y Laboratorio de Osteología Forense e Identificación Humana. Añadió sobre los proyectos de inclusión de personas con discapacidad. Enumeró compras que hicieron en pandemia; y obras de construcción.

“Sería imposible en este informe hacer referencia al trabajo que hacemos día a día”, remarcó promediando su discurso. No hubo referencias al vínculo entre los tres poderes del Estado o la relación de la justicia con la política; así como no hubo reflexión sobre la crisis de credibilidad sin precedentes que atraviesa la Justicia como institución; tampoco al establecimiento de políticas claras y concretas sobre determinadas problemáticas sociales como la violencia de género o la corrupción.

Lineamientos de la política penal

Al concluir los discursos formales y ante la imposibilidad de establecer contacto con los dos integrantes de la Sala Penal, ANÁLISIS se acercó a la presidenta del Poder Judicial y la consultó puntualmente sobre el lineamiento de la política penal en la provincia de Entre Ríos. La pregunta estuvo orientada a dos aspectos específicos: la prescripción en casos de abuso en instituciones religiosas o encargadas de la formación de menores; y los plazos en las investigaciones por delitos de corrupción. Considerando los últimos fallos de la Sala Penal en este sentido: aquel que declaró la prescripción del cura Marcelino Moya por abusos a menores y la posterior obstrucción del camino a los denunciantes para que la Corte Suprema revea la decisión; y el sobreseimiento de Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, acusado ser parte de la maquinaria de los contratos truchos -desde la oficina del exdiputado Ricardo Troncoso-, porque la Investigación Penal Preparatoria estaba excediendo plazos del Código Procesal que venían entendiéndose como ordenatorios.   

“El tema de la prescripción es profundo, difícil, que tiene muchas y variadas aristas, es problemático y necesita de un profundo análisis”, contestó en primer lugar la presidenta del Poder Judicial, al tiempo que reclamó orientar la consulta a la Sala Penal.

“En la investigación de los delitos contra la corrupción se ha avanzado mucho, son delitos complejos, necesitan pericias contables y técnicas y eso lleva su tiempo. Los tiempos de la Justicia no son los del periodismo ni los que la gente quisiera, nosotros también quisiéramos terminar antes un proceso, pero lo hacemos con responsabilidad y a conciencia funcional”, respondió después y añadió: “No le puedo contestar generalidades. Una cosa son los análisis periodísticos que son análisis rápidos y otros es trabajar en un proceso de corrupción”.

Liberar al lenguaje judicial de tecnicismos y autoridad

Esa fue la postulación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Lo expuso ayer en la Jornada de fortalecimiento del Poder Judicial, convocada bajo el lema “Hacia La Justicia que queremos”, organizada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU). Lo retomó este viernes en el CPC.

El magistrado solicitó la construcción de sentencias liberadas de tecnicismos jurídicos y argumentos de autoridad. Pidió la construcción de sentencias accesibles para que las entiendan quienes están involucradas en las mismas, y la población en general. Refirió a los argumentos de autoridad, es decir las citas propias en las sentencias que muestran un lineamiento jurisprudencial, pero que no pueden constituir el primer o principal argumento. Reclamó que las sentencias sean “racionales”. “La autoridad debe ser en última instancia”, acotó.

“Cuando hablamos de derecho con latinismos, clausuramos el debate, no pueden ser una coartada, un atajo para evitar el debate cuando todavía tiene posibilidades de ser desarrollado. Creo que los argumentos de autoridad y auto-referencias son importantes en la medida que asumamos que no implica un desarrollo de una línea argumental racional, sino muchas veces todo lo contrario. Termino el argumento racional y lo clausuro a partir de esto -el argumento de autoridad- que me lo puede estar reforzando”, expuso.

“Sobre algunas palabras muy rimbombantes ya hay que adjetivarlas porque por ejemplo, pensemos en democracia y nos podemos referir a democracia participativa, socialdemócrata u otras. Todos tenemos en nuestros tribunales, muchas de las palabras que entendíamos de modo unívoco, se entienden de modo multívoco y diría equívoco. Hay que aclarar para que las personas puedan comprender ampliamente y no sólo nosotros”.

Discurrió sobre el “componente técnico del lenguaje jurídico que hace que los no letrados o no entrenados no lo entiendan de primera mano. Tenemos que poner mucho el acento en evitar que el bilingüismo se transforme en algo diferente, en una relación jerárquica, desigual entre los que entienden y los que no. Que los que saben más tienen que ocupar un rol y los que no saben de la especialidad ocupen otros, pero lo importante es que todos terminemos entendiendo. En la sociedad actual tenemos que hacer un esfuerzo para que todos entiendan, lo que no quiere decir que estemos todos de acuerdo. El más grande traductor de este lenguaje complejo, técnico y mixto es el juez”.