Pese a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el Jurado de Enjuiciamiento siguió adelante con el jury a la doctora Cecilia Goyeneche. Según supo ANÁLISIS, el vocal recusado Juan Ramón Smaldone presentó su voto este viernes alrededor de las 9.30 y habría pedido la destitución de la fiscal Anticorrupción suspendida en su cargo. 

Tal como se venía adelantando, Smaldone fue el primer jurado en votar. Le seguirá la presidenta, Verónica Mulone, abogada de Victoria. El tercero, en tanto, sería el vocal Daniel Carubia. El Jurado de Enjuiciamiento también está compuesto por Gisella Schumacher -pareja del presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, juró hace dos semanas como vocal del STJ-; el abogado y director del Área Jurídica del Senado, Gonzalo García Garro; y los legisladores del peronismo Armando Gay y Gustavo Zavallo. 

Varios de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento fueron recusados por Goyeneche por sus vinculaciones políticas o por ser familiares de personas investigadas e imputadas por la fiscal en causas de corrupción. Tal es el caso de Juan Ramón Smaldone, dado que su hijo Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo y expresidente del Tribunal de Cuentas durante el urribarrismo, fue imputado hace unas dos semanas atrás en la causa por dádivas del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros y el Ministerio Público Fiscal (MPF) le pidió 5 años de prisión. 

El inicio

Tres abogados denunciaron a Goyeneche ante el Jurado de Enjuiciamiento por supuesto “mal desempeño” en sus funciones. Carlos Reggiardo, defensor del exvicegobernador Domingo Daniel Rossi, condenado por enriquecimiento ilícito; Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto, consideraron que Goyeneche debió apartarse antes de la investigación por los “contratos truchos” de la Legislatura. La causa inició de modo fortuito en septiembre de 2018. Goyeneche coordinó a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. En el transcurso de la pesquisa, los investigadores detectaron que había un estudio contable implicado en las maniobras de desvío de dinero público. Tiraron del hilo y llegaron a Integral Asesoría, un estudio comandado por el contador Pedro Opromolla, entre otros.

Opromolla fue amigo del marido de Goyeneche, Sebastián Orlando Bertozzi. En el marco de ese vínculo, varios años antes de que comience la causa por los “contratos truchos”, Orlando Bertozzi convenció a su esposa de invertir en dos fideicomisos junto a Opromolla. Goyeneche accedió y compartió durante unos meses un departamento en calle La Paz y Baucis, luego la fiscal adquirió la parte de Opromolla y se quedó con el cien por ciento del departamento. Pero la escritura demoró en el Registro de la Propiedad Inmueble. En 2017 la fiscal puso capital para comprar el 50 por ciento de otro departamento, uno ubicado en calle 9 de Julio. Se desprendió de ese 50 por ciento en noviembre de 2018. Se lo donó a una sobrina.

Opromolla no estuvo entre las primeras personas imputadas en la investigación por los “contratos truchos”. Según contaron los fiscales Yedro y Aramberry en el jury que se desarrolló la semana pasada, se imputó a un primer grupo de personas y a medida que la investigación avanzó, se imputó a otros. No pidieron prisión preventiva para todos los imputados -en total 32-, sólo para quienes intentaron entorpecer la investigación.

Justamente, en una audiencia de pedido de prisión preventiva para dos imputados, en diciembre de 2018, los abogados defensores Leopoldo Cappa, Guillermo Vartorelli -actualmente relator de la Sala Penal del STJ- y Miguel Cullen, acusaron a la fiscal Goyeneche de compartir intereses comerciales con el contador Opromolla. Anunciaron en esa oportunidad que la denunciarían ante el Consejo de la Magistratura. Respaldaron su acusación en una publicación periodística donde se hablaba de los supuestos vínculos comerciales entre Goyeneche y Orpomolla y la relación de amistad de Orlando Bertozzi con el contador de Integral Asesoría. En esa instancia judicial desarrollada ante la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Carolina Castagno, Goyeneche negó las acusaciones de los abogados.

Posteriormente los defensores recusaron a la fiscal para que abandone la coordinación de la investigación. Lo hicieron ante la jueza de Garantías de la causa, Marina Barbagelata, aunque debieron hacerlo ante la Procuración General de la provincia. Justamente por eso, Barbagelata rechazó la recusación. Y apelaron ante la jueza Castagno que decidió en el mismo sentido que la jueza de Garantías.

La cuestión, después, quedó en la nada porque en abril de 2019, Goyeneche pidió a su superior apartarse de la causa. No lo hizo por los motivos que la recusaron, sino que en el marco de la investigación por los “contratos truchos” se pidió un embargo de bienes al contador Opromolla. Como la escritura en el Registro de la Propiedad del primer fideicomiso estaba demorada, la mitad de ese departamento de calle La Paz todavía figuraba como propiedad del contador imputado cuando, en realidad, no lo era. Goyeneche debió solicitar, entonces, el levantamiento de ese embargo. Cuando se pidió el embargo sobre ese departamento, Opromolla, por su parte, nunca dijo que ya no le pertenecía.

Según los denunciantes, Goyeneche tuvo un trato diferencial con el contador, ocultó supuestos intereses comerciales y maltrató a un testigo que mencionó a su marido como parte de Integral Asesoría. Todo esto quedó en duda durante las audiencias que se desarrollaron la primera semana de mayo. No sólo no se pudo probar el supuesto trato diferencial, tampoco se pudo mostrar el presunto maltrato achacado a la fiscal.

La investigación por los “contratos truchos” es la investigación por corrupción más importante de la historia entrerriana. Los fiscales detectaron un desfalco de 58 millones de dólares de la Legislatura provincial durante una década. En mayo de 2021 se requirió la elevación a juicio de la causa. Para Ompromolla, los fiscales pidieron 6 años de prisión.  

Denuncia y apertura

El 13 de julio de 2021, el abogado Carlos Reggiardo, denunció a la Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche por supuesto mal desempeño. Fue poco después del requerimiento de elevación a juicio de la causa y a pocos meses de que iniciara el megajuicio por corrupción que terminó con la condena a 8 años de prisión de Urribarri y su apartamiento de las embajadas de Israel y Chipre.

No fue la primera vez que Reggiardo denunció a un magistrado. Lo había hecho en 2018 contra el procurador General, Jorge García, y en 2016 contra el vocal del STJ, Carlos Chiara Díaz. Ninguna de esas dos denuncias anteriores prosperó. La presentación contra García fue rechazada por el Jurado de Enjuiciamiento. La presentación contra Chiara Díaz llegó a Diputados pero antes del juicio político, el vocal renunció. 

El 30 de julio de 2021, los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet sumaron una presentación contra Goyeneche ante el Jurado de Enjuiciamiento, y también denunciaron al procurador General, Jorge García. Es preciso recordar que Mulet tiene su estudio lindero al departamento donde funcionaba la “cueva” -tal como lo llamaron los fiscales-, donde se orquestaba la contratación de supuestos empleados de la Legislatura. En 2018, cuando los fiscales fueron a allanar, el lugar había sido desmantelado. Y el propio Mulet facilitó una llave de acceso al departamento en cuestión.  

El 30 de noviembre de 2021, seis de siete jurados votaron por abrirle causa a la fiscal Anticorrupción. La suspendieron en el cargo con una reducción salarial. Ocurrió mientras se desarrollaba el megajuicio por corrupción que terminó con la condena a 8 años de prisión para el exgobernador Urribarri. Los integrantes del jurado no opinaron lo mismo sobre la denuncia contra el procurador. Hay que señalar que Goyeneche accedió a su cargo por concurso en el Consejo de la Magistratura. La designación de García es política, del año 2007, durante el último gobierno de Jorge Busti.

Cuando el Jurado de Enjuiciamiento decidió abrirle causa a Goyeneche, lo hizo con una composición distinta a la que llevó adelante el jury la semana pasada. Los integrantes del órgano votaron del siguiente modo:

• Martín Carbonell, vocal del STJ, votó por abrir causa.
• Daniel Carubia, vocal del STJ, votó por abrir causa.
• Claudia Mizawak, vocal del STJ, votó por abrir causa.
• Armando Gay, senador provincial, votó por abrir causa.
• Luis María Campos, miembro del Colegio de la abogacía, rechazó la denuncia in limine.
• Sonia Rondoni, miembro del Colegio de la Abogacía, votó por abrir causa.
• Gustavo Zavallo, diputado provincial, votó por abrir causa.

Además, los jurados invalidaron al Ministerio Público Fiscal en su función de acusación en el Jurado de Enjuiciamiento. Argumentaron que al ser una funcionaria superior en jerarquía, los fiscales no actuarían con imparcialidad en el jury. Lo concreto es que la situación no está prevista en la Constitución, y eso motivó un amparo de Goyeneche. Ordenaron, también, la suspensión de la fiscal en su cargo y una reducción del 30 por ciento de su salario.

Como el Jurado de Enjuiciamiento apartó al MPF de la acusación en jury, decidieron que al rol lo podía desempeñar un fiscal ad hoc que saliera de una lista de conjueces, abogados sorteados sólo para sustituir, en caso de ser necesario, a un vocal del STJ. De ese modo, comenzó una búsqueda que no resultó sencilla. Unos once abogados conjueces, de una nómina de dieciocho, rechazaron desempeñar ese rol por inconstitucional. En efecto, se negaron los abogados Amado Siede, Roberto Beherán, Ladislao Fermín Uzín Olleros,  Julio Federik, Alejandro Daniel Briozzo, Raúl Barrandeguy, Miguel Ángel Federik, Carlos Alberto Schiavo, Blanca Raquel Acosta, Enrique Marciano Martínez y Susana Benítez.

Finalmente, el 30 de diciembre de 2021, el abogado y exconcejal del PJ en Gualeguay, Gastón Justet, aceptó ser el acusador de Goyeneche en el jury. Justet fue, además, promotor de la denuncia contra el exintendente Luis Erro, por prestar un enchufe del municipio para un acto político. Una causa que mantuvo al gualeyo procesado varios años hasta que el STJ decidió absolver al exintendente.

La decisión estaba tomada. Había un plazo de 6 meses desde que se presentaron las denuncias para llevar adelante la investigación y el jury. De ese modo, el lunes 2, martes 3, miércoles 4 y viernes 6 de mayo se desarrollaron las audiencias. Pasaron unos 12 testigos: Pedro Orpomolla, Guido Krapp, Mario Deiloff, Maricel Goyeneche, los fiscales Yedro y Aramberry, la vocal Castagno, el procurador Jorge García, los policías Ángel Ricle y Horacio Blasón, entre otros. Al cabo de los testimonios y se produjeron los alegatos de cierre. El fiscal ad hoc mantuvo la acusación contra Goyeneche y pidió su destitución. La defensa, en cambio, reclamó la absolución.

En principio se pensó en una especie de adelanto de sentencia el mismo viernes 6. Pero se demoró. El primer voto se incorporó este viernes, a cargo de Smaldone.

Por fuera

Por otra vía fueron los reclamos de Goyeneche por lo que considera ella, sus abogados Leopoldo Lambruschini y Enrique Pita y buena parte de la sociedad, graves irregularidades en todo este proceso.

Goyeneche presentó un amparo contra la resolución del Jurado de Enjuiciamiento en su primera integración por apartar al MPF del rol de acusador en el jury, y por suspenderla en el cargo con reducción salarial.   

Recayó en la jueza de feria Elena Albornoz que lo admitió parcialmente. “De la lectura y análisis de las normas mencionadas advertimos que el HJE no tendría facultades ni competencia para  apartarse de su objetivo dispuesto por la propia Constitución de la Provincia y crear un órgano ad- hoc acusador por vía pretoriana, cuando el mismo se encuentra establecidos específicamente en la norma .Tal como se señalará previamente, la actuación durante este proceso se encuentra reglada legal y constitucionalmente, sin que se puedan producir apartamiento ajenos al diseño normativo del trámite”, entendió Albornoz. “Así el punto V de la Resolución del 30 de noviembre del 2021 formulada por el HJE al desplazar al órgano acusador establecido legalmente, estaría modificando aspecto estructural del trámite que se encuentra reglado y para los cuales no tienen competencia para ejercerlo”, agregó.

El anclaje normativo está en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que señala que nadie será “juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”. Y en el artículo 8.1 de la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a ser oída, en cualquier proceso, por un “tribunal competente, independiente e imparcial”.

El fallo de la jueza albornoz es de 25 de enero pasado. El 9 de febrero los vocales Germán Carlomagno, Juan Ramón Smaldone y Miguel Giorgio, tras una apelación de la Fiscalía de Estado de la provincia, rechazaron la decisión de Albornoz. Fundamentó Carlomagno en primer lugar, y el motivo del rechazo fue que el procurador había presentado un recurso contra el apartamiento del MPF en el jury, entonces consideró a Goyeneche incluida en ese reclamo corporativo.

La discusión siguió al camino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). En esa instancia, el lunes de esta semana se reconoció la recomendación del procurador General Eduardo Casal, que rebatió la decisión del STJ en Entre Ríos y así se lo hizo saber a la Corte. El miércoles pasado, el máximo órgano judicial del país acogió el consejo de Casal y ordenó al STJ dar marcha atrás con el rechazo del amparo de Goyeneche. De modo que quedó en vigencia la decisión de Albornoz.

En ese sentido, los abogados de Goyeneche se presentaron ante el jury y pusieron en conocimiento de la decisión de la corte. Algo que, aparentemente, tampoco fue atendido.