Este jueves se conocieron los fundamentos del pedido de prisión preventiva solicitado a la magistratura por el fiscal federal Walter Rodríguez relacionado con el hombre de 40 años aprehendido en un departamento del edificio Amarras II en el Puerto de Santa Fe, oriundo de Entre Ríos. En el lugar le fueron secuestrados más de 45 millones, 23 mil reales brasileños, 22.035 euros y 83.172 dólares.

Desde ese momento, la investigación llevada adelante por Rodríguez avanzó y determinó que el detenido Ángel Yamil Benavidez desarrolló maniobras con el fin de obtener mediante engaño, o por lo menos uso no autorizado, los datos personales de 39 personas.

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Además, de poner en circulación el dinero obtenido en forma lícita mediante operaciones de depósito en entidades financieras y transferencias entre cuentas bancarias con la finalidad de incorporarlos al patrimonio con apariencia de licitud.

En otro tramo de los considerandos de la solicitud de la medida de la prisión preventiva, se describe que el detenido Benavidez utilizó nombre y apellido falsos y realizó actividades de intermediación financiera sin contar con la necesaria intervención del Banco Central de la República Argentina.

El análisis de las comunicaciones de los teléfonos que fueron incautados permitió inferir que tales actividades eran corrientes y habituales.

Benavidez recibió dinero de otras personas por un tiempo acordado a cambio de un interés porcentual calculado en función del monto, beneficiándose con la diferencia del monto producido en intereses. Además, realizando operaciones como intermediario en el cambio de moneda extranjera, dólares, euros, pesos y reales, informó Uno Santa Fe.

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También expuso los riesgos en caso de que Benavidez recupere la libertad. En ese sentido, desarrolló el carácter clandestino y marginal de las actividades que desarrolló, con un marcado desapego por las normas legales y en ejercicio de actividades marginales y clandestinas ejercidas a espaldas de todo control estatal obligatorio. Además, recordó un violento hecho con disparos de arma de fuego en un estudio jurídico ubicado sobre calle 25 de Mayo, con sustracción de un fajo de dólares desde el interior de un inmueble.

Los 39 damnificados

Una tarea encomendada a los pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Región I, reveló "que las 39 personas entrevistadas son personas de muy bajos recursos, changarines, desocupados y de muy bajos recursos de barrios marginales y sectores vulnerables, y que se encuentran distribuidos en los siguientes barrios: sies del barrio Centenario, cuatro del barrio Chalet, tres del barrio San Lorenzo, cuatro de barrio Yapeyú, dos de barrio Adelina y nueve en barrio Las Vegas, los dos últimos en la ciudad de Santo Tomé".

Una particularidad que no pasó desapercibida ni para los pesquisas policiales, como tampoco para los investigadores judiciales, es que varios de ellos serían parientes de Brian Emanuel Ríos, apodado "Chucky", líder o ex líder, de la facción de la barra brava del Club Colón, autodenominada "La Negrada". Surge de esta situación una relación de cercanía de los barrabravas, conocidos por imponer sus condiciones por medio de la violencia extrema.