Habiendo pasado más de una década desde la apertura de la causa, este lunes 25 de septiembre comenzará el debate oral y público ante el tribunal que examinará la conducta de Luis Mazurier durante su gestión como funcionario provincial, en ejercicio de la presidencia de la Codesal (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande). El Ministerio Público Fiscal le adjudica la autoría material de delitos tales como “peculado”, “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, “omisión de deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”.

El juicio oral que comienza este lunes es la culminación de un interminable recorrido, que comenzó el 18 de octubre de 2010 con la apertura de causa, oportunidad en que el entonces fiscal Aníbal Lafourcade dio los primeros pasos de la investigación. A posteriori, una vez que fuera designado juez, tomó la posta el Fiscal José Arias. El 1 de noviembre de 2019, fue elevado el pedido formal de remisión a juicio, en el que la fiscalía solicita para Mazurier la pena de “más de 10 años de prisión” y las inhabilitaciones que correspondan.

El tribunal, los acusados y testigos de renombre

El tribunal encargado de dictar sentencia está integrado por los jueces Eduardo Degano, Edwin Ives Bastián y Pablo Garrera Allende.

Además de Mazurier, que condujo la CODESAL entre 2005 y febrero de 2016 -durante las gobernaciones de Jorge Busti y de Sergio Urribarri-, también están imputados por diversos delitos Cintia del Rosario Mengeon, Alberto Jesús Villanueva, María Florencia Lauria y Teresita Jesús Itatí Bordón.

En cuanto a los testigos, son alrededor de 50 y varios de renombre en la política entrerriana. En la lista aparecen el actual gobernador, Gustavo Bordet y el ex Sergio Daniel Urribarri. También figuran el Ministro de Economía, Hugo Alberto Ballay; el Senador Nacional Edgardo Kueider, el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; el expresidente de la Delegación Argentina ante la CTM, Juan Carlos Chagas; los exdelegados en Salto Grande, Néstor Berterame y Enrique Stola; el sucesor de Mazurier al frente de la CODESAL, José Carlos Ostrosky; el abogado Enrique Oscar Bacigaluppe y la funcionaria de CTM, Sara Inés Chapado.

En la lista también figuraba como testigo convocado Jorge Pedro Busti, puesto que fue confeccionada antes de su deceso. Fue en su tercera gestión como gobernador, y con Sergio Urribarri como “súper ministro”, cuando fue creada por decreto la CODESAL y fue designado como presidente Luis Mazurier.

Hechos y delitos

El Ministerio Público Fiscal asegura haber reunido pruebas contundentes que demuestran que Luis Mazurier se apoderaba del dinero que se cobraba por canon de ingreso de vehículos, embarcaciones, instalación de carpas, alquiler de parrillas, alquiler de cabañas, alquiler de servicio de Directv y otros emolumentos en “La Tortuga Alegre”, en el Complejo Termal Perilago de Salto Grande y en el Camping Las Palmeras, Península Gregorio Soler y Balneario Punta Viracho.

También se lo acusa por haber incumplido con la obligación de inscribir en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la Corporación del Desarrollo de Salto Grande (CO.DE.SAL).

Por último, basándose en testimonios de empleados del HOTEL AYUI y del ex Gerente, Enrique Oscar Bacigaluppe, Fiscalía asegura que Mazurier es su verdadero dueño y su administrador, realidad ocultada mediante la utilización de prestanombres, como Alejandra Isabel Cáceres, ahijada de Mazurier, y Alberto Jesús Villanueva, a quien varios testigos identifican como hijo Mazurier.

En resumen, lo que fiscalía procurará demostrar durante el debate oral y público es que Luis Mazurier se apropió del dinero que ingresaba a las arcas de la CODESAL por la explotación de diversos complejos bajo su administración, a la par que pergeñó una maniobra fraudulenta que le permitió quedarse con el Hotel Ayuí, apelando a testaferros.

La defensa de Mazurier

Hasta agosto de 2022, la defensa de Luis Mazurier era ejercida por el abogado Osvaldo Sarli. Su renuncia fue un motivo más de los tantos que sirvieron para estirar el proceso y postergar la realización del juicio que, finalmente, de no mediar sorpresas, arrancará este lunes.

En una nota editorial del Diario El Sol, del cual es director, Luis Mazurier, de manera implícita, atribuyó a una maniobra política la denuncia en su contra. En el escrito, sin hacer mención expresa de la CODESAL ni tampoco de dirigente alguno, insistió con un argumento que ya se le escuchó en sucesivas audiencias de tribunales, para justificar los presuntos desmanejos de fondos que se le endilgan: que desde Paraná no le enviaba los recursos presupuestarios necesarios para gestionar la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande.

Es más. Mazurier no sólo que se declara inocente de los delitos que se le atribuyen, sino que además asegura haber sido víctima al verse en la necesidad de recurrir a su propia “billetera” para costear los emprendimientos del organismo provincial que estuvo a su cargo.

“Me preocupaba –dijo Mazurier- siempre que no tuviera el dinero necesario para afrontar el pago de los trabajos (en alusión a los realizados por la CODESAL) y el patrón alejado de Concordia (el gobierno provincial, se supone) no tenía gran preocupación en cumplir con la gente. No por impedir nada, sino porque era hijo de la burrocracia y a ella se debía. En consecuencia, los fondos no llegaban y debí acudir a mi billetera para suplantar las obligaciones de otro”, se justificó.

En ese editorial en el que resumió sus argumentos defensivos, Mazurier también hizo una lectura política de la causa. Escribió: “El tema es que interpretaron que estaba haciendo esos pagos para posicionarme políticamente como para disputar el día de mañana alguna candidatura, así que decidieron que era mejor serrucharme el piso. La acción fue concertada, primero mediáticamente, luego usaron del poder para hacerme una acción judicial y, después me despidieron”. Así, trajo a colación cuando en 2010 fuera publicada una denuncia en su contra y, cinco años después, a principios de 2016, el gobernador Gustavo Bordet lo desvinculó de la presidencia de la CODESAL.

Finalmente, Mazurier se refirió en duros términos a la actual gestión de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande: “Lo que vino después fue (y es) un auténtico desastre. No solo no siguieron el camino de desarrollo que había comenzado, sino que trataron de destrozar todo lo que se había hecho. Hoy, a pocos parece importarle el daño que hicieron, hacen y seguramente harán. Cuando quise advertirlo ni siquiera me contestaron, todos están ocupados ‘en otra cosa’ y a nadie le importa, así que diez años de trabajo fueron casi destruidos en seis, lo peor es que mediáticamente quieren decir que hacen cuando en realidad destrozan. La sociedad adormilada, anestesiada cuando se den cuenta habrán comprobado, tarde, la realidad”.

Por qué 13 años

Difícil de explicar cómo es posible que una causa judicial recién llegue al juicio de primera instancia 13 años después de la apertura de la investigación penal. Es tanto el tiempo transcurrido que en aquel entonces recién comenzaba a regir en Entre Ríos el sistema acusatorio, que cambió sustancialmente el rol de los fiscales, al asignarle la instrucción de las causas, bajo el control de los jueces de garantía.

En su momento, el entonces fiscal Aníbal Lafourcade atribuyó las demoras en la investigación penal al tiempo que insumía a los organismos oficiales contestar oficios. Dio a entender que, desde distintos estratos de la burocracia, ponían palos en la rueda, al retrasar las respuestas.

Otro factor que ocasionó demoras fueron los diferentes pedidos de nulidad y planteos que, en ejercicio de su legítimo derecho a la defensa, formularon los distintos letrados que representaron en diferentes etapas al director del Diario El Sol.

Uno de esos recursos llegó casi al final de la investigación penal preparatoria, cuando el abogado Osvaldo Sarli intentó que la causa pasase al fuero federal, maniobra que finalmente no prosperó. Poco después, el letrado renunció, gesto que ayudó a retrasar aún más el juicio.

Presunción de inocencia

Mazurier está amparado, como cualquier ciudadano acusado de un delito sin sentencia condenatoria firme, por el principio constitucional de la presunción de inocencia.

En el hipotético caso de que el debate oral y público desembocara en la condena, naturalmente esa sentencia de primera instancia será apelada y quedará en suspenso hasta que se pronuncie Casación. Y si allí se la confirmase, seguramente la causa llegará a manos del Superior Tribunal de Justicia y, quizás, hasta la mismísima Corte Suprema, un pasa manos que, por lo general, insume varios años.

A todo esto, Luis Mazurier, nacido en 1950, superó los 70 años de edad, por lo que, aún en el peor de los escenarios –una condena que quedase firme-, no cumpliría la condena en la cárcel. Hay jurisprudencia reciente del Superior Tribunal de Justicia según la cual basta sobrepasar dicha edad para que el condenado sea derivado a la prisión domiciliaria.

No obstante, todas ellas son especulaciones respecto del futuro. Lo real hoy por hoy es que Mazurier es inocente mientras no quede firme sentencia que haga caer tal presunción.

(Fuente: El Entre Ríos)