Abogados defensores durante una de las audiencias del proceso de remisión a juicio. (Foto: ANÁLISIS)
N.B. de ANÁLISIS
“Estos hechos son una insensatez porque imputan a un funcionario de muchos años de carrera y no aportan elemento doloso”. Así defendieron los abogados a Carlos Haidar, exdirector de Informática del Gobierno de Entre Ríos, en el marco de la “causa coimas”. Los letrados Juan Antonio Méndez y Candelario Pérez, continuaron el alegato este miércoles, en una de las pesquisas judiciales que investiga delitos de corrupción durante las gestiones urribarristas en Entre Ríos. La etapa de remisión a juicio se reanudó esta semana, después de varios meses de estar frenada por una recusación contra el juez de Garantías, Julián Vergara. La instancia había comenzado entre febrero y marzo, con la resolución de planteos preliminares. Se suspendió en abril y desde entonces estaba en un impasse.
Este miércoles, en los tribunales paranaenses, estuvieron los abogados Méndez y Candelario Pérez (defensores de Haidar); Franco Azziani Cánepa (defensor de Luis Erbes); Leopoldo Lambruschini (codefensor de Ulrich); Ignacio Díaz (codefensor de Cardona Herreros); Miguel Ángel Cullen (defensor de Sergio Urribarri) y Guillermo Smaldone (en representación de sí mismo), vía conexión virtual desde Concordia. Y por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF), Gonzalo Badano y Patricia Yedro.
El defensor de Haidar, exdirector de Informática de la provincia, cuestionó las hipótesis fiscales que llevaron la investigación a la instancia actual. Apuntó a los “PLM” asentados en planillas contables que constituyen una de las evidencias fundamentales de la pesquisa. Dijo que “Fiscalía hizo una lectura contraria” y que las supuestas referencias al exfuncionario político como acreedor de presuntas coimas “no se pueden entender”. “Se cae el castillo de naipes armado por Fiscalía, creemos que es muy caprichosa la manipulación que hacen”, consideró.
En el mismo sentido, el abogado apuntó que según la pesquisa de los fiscales “los empresarios y empleados de las firmas que conducía el empresario Cardona Herreros, se pagaban a sí mismos las coimas”. “Eso sí que es novedoso y no tiene sentido”, reafirmó.
Méndez contestó cada una de las licitaciones y procesos administrativos observados por los fiscales. “Esto de anticipar supuestamente los pliegos al empresario, por parte de mi representado, es totalmente falso. No es posible anticipar un pliego que ya se hizo público”, insistió. “Las licitaciones pasan sí o sí por el ministro del área, no puede un director inducir a una licitación, el director es una especie de asesor del ministro. En el caso de Haidar, un asesor del ministro de Economía”.
El defensor dijo que la empresa le hizo a Haidar depósitos de viáticos. “Por eso indicó su CBU, no va a ser tan tonto de decir que depositen en su cuenta un dinero de cohecho”, deslizó. “Muchas licitaciones llevadas a cabo en la provincia fueron iniciadas por la Dirección de Informática, por ejemplo el sistema de Historia Clínica Única para el hospital de Concepción del Uruguay, o el de Federal, o el Masvernat de Concordia. Además de un sistema para el 911 de la Policía, o un sistema para el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas). Nada fue escondido, a la sombra u oculto”, agregó.
“Todos los hechos de Carlos Marcelo Haidar fueron trasparentes. Los trámites empezaban por él porque así era, era lo relativo a Informática. No hay concurso real en los seis hechos que le achaca Fiscalía. Además, Urribarri no era ministro de Gobierno en enero de 2007. Estaba excluido porque estaba de licencia por campaña política. En 2021 hubo una audiencia en la que sus defensores plantearon el sobreseimiento. En ese momento no se nos hizo lugar. Por eso esta causa nació mal. Relcat (NdR: una de las empresas que contrató con el Gobierno de Entre Ríos) estaba desde hacía un año prestando servicios para la Dirección de Rentas, hoy ATER”, concluyó.
Continuó Candelario Pérez, codefensor del imputado. El abogado consideró que la acción penal se extinguió para su representado. “Esto lleva 17 años (desde la ocurrencia del primer hecho imputado). En 2016 Fiscalía separó enriquecimiento de negociaciones incompatibles. En los últimos días de diciembre de 2007 se decretó un llamado a licitación que se suspendió hasta diciembre de 2015. Desde entonces corre la prescripción hasta la actualidad. Si no hubiera abogados defensores, no hay límite de punibilidad”, sostuvo.
El abogado apuntó a los Fiscales. Achacó que no llamaron a algunas personas que hubiesen podido explicar, como integrantes de comisiones de compra. “Haidar estaba interesado en la modernización”, dijo. “Es el ministro de Economía quien ordenó la licitación y le asignaron presupuesto para comprar esta tecnología. De alguna manera se nota que no existió un itinerario que resuelva la cuestión. Haidar no tenía dominio de hechos, ni las riendas. No pudo ser partícipe de un hecho imposible”.
Pérez cuestionó que el MPF haya acumulado tanta prueba. “Es un desacierto investigativo”, sintetizó. “Estos hechos farragosos tienen que ser una adecuación o consecuencia con los hechos. No se observa que los elementos apoyen la posición. Estos hechos son una insensatez porque imputan a un funcionario de muchos años de carrera y no aportan elemento doloso”.
Por último, pidió el sobreseimiento de Haidar.
Investigación
Esta causa que se discute en los tribunales locales desde febrero pasado, tiene como imputados al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo, Diego Cardona Herreros. En el banquillo están además los exfuncionarios de gobierno Luis Alfonso Erbes, como exsecretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia; Guillermo Smaldone, como exministro de Trabajo; Miguel Ulrich, como exdirector General de Ajustes y Liquidaciones; Carlos Haidar, como exdirector de Informática; José Humberto Flores como exsecretario de Hacienda.
Durante el proceso también estuvieron investigados exempleados ejecutivos de las empresas contratistas que dirigió Cardona Herreros: Alfonso Campitelli, Miriam Fessia, Jorge Zanabone y Guillermo Linares. Todos ellos acordaron suspensiones de juicio a prueba y consiguieron cerrar su situación procesal antes del juicio oral. De modo que en la investigación penal, una de las más importantes por los delitos acusados, las maniobras probadas, el rango de los funcionarios políticos involucrados y la cantidad de prueba colectada, continuó sólo para el empresario señalado como testaferro de Urribarri y los funcionarios públicos.
Según la hipótesis de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, durante las dos gestiones urribarristas en Entre Ríos se formó una especie de “mesa de negocios” compuesta por los funcionarios públicos, el empresario paraguayo y varios de sus empleados ejecutivos. Desde la provincia se interesó y direccionó la contratación de servicios a cargo de la empresa Relevamientos Catastrales, propiedad del empresario. Los fiscales sostienen que, además de interesar contrataciones millonarias, los funcionarios públicos adelantaron información sensible para ajustar los pliegos de licitación y conceder el beneficio al empresario. Esas contrataciones, siempre siguiendo la hipótesis acusatoria, supusieron sobreprecios y el retorno de dinero, bienes y servicios tanto para los funcionarios políticos como para los empresarios.
Cardona Herreros, además de ser el titular de las empresas adjudicatarias de varias licitaciones analizadas, resultó ser quien administraba el dinero de los funcionarios públicos, y ponía a disposición la estructura de sus empresas, a efectos de gestionar asuntos vinculados directamente a aspectos personales de cada uno de ellos.
Los fiscales se hicieron de evidencia que prueba la acusación. Sostienen que para la causa se analizaron miles de datos virtuales de computadoras y teléfonos celulares, además de secuestrar otros elementos en los allanamientos.
Hasta abril pasado, cuando la audiencia de remisión de la causa quedó suspendida por la recusación contra el juez de Garantías, se había logrado avanzar con los alegatos acusatorios de Fiscalía, y las defensas de Erbes, Smaldone, Cardona Herreros, Flores y Ulrich. En todos los casos, los abogados de los imputados, pidieron el sobreseimiento. Sólo quedaban pendientes los alegatos defensivos de Haidar (que concluyó este miércoles) y Urribarri que comenzará el lunes 9 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 13.
Posteriormente, la audiencia de remisión a juicio está agendada para el 18, 22 y 24 de octubre de 2024.
Penas
Los fiscales que estuvieron a cargo de la investigación y llevan adelante la acusación pública, pidieron las siguientes penas para los imputados:
Vegara, presidente del bloque de JxER, y Oliva, jefe de la bancada del PJ, en la sesión de anoche.
Sesionó en Villaguay. (Foto Agmer)
Stratta pidió que se deje sin efecto una solicitud de afectación del ex intendente para trabajar en el bloque que ella preside.
El acto fue en la localidad correntina Bella Vista.
El concordiense Eric Ramírez anotó la única diferencia en Avellaneda.
Diego Pozo tendrá que meter mano en la última línea por las bajas de Joel Ghirardello y Gonzalo Asís.
El lateral izquierdo se convirtió en la tercera incorporación del Gato para el TRFA.
El evento de rugby será el 28 de septiembre.
Claudio Tapia, junto a los defensores de Boca y River en el encuentro con los periodistas.
Nicolás Bonelli comenzó a palpitar la presentación del Turismo Carretera en el Club de Volantes Entrerrianos.
El concordiense Marcos Kremer estará desde el inicio en la formación de Los Pumas frente a Sudáfrica.
Inmenso incendio a 2.500 metros de altura, en Tafí del Valle. (Foto: David Correa)
Roberto Schunk propuso la creación de un fondo especial destinado a cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones financiado a partir de una modificación del Impuesto Inmobiliario Rural donde paguen 2.860 propietarios (de 52.164) que detentan casi el 50% de las tierras, algunos de ellos ni siquiera radicados en la provincia y otros extranjeros.
Milei en el Luna Park, en mayo de este año. (Foto: Ámbito/Mariano Fuchila)
