Dos de las personas que fueron allanadas a fines de diciembre en el marco de la investigación judicial que lleva adelante la Fiscalía de Paraná por el caso del desvío de mercadería del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, enviaron a ANÁLISIS un descargo en el cual afirman que se pretende “criminalizar la labor social” así como “el aporte solidario de vecinos” que prestaron sus lugares particulares para almacenar los alimentos que luego se destinarían a los comedores.
Cabe recordar que la causa instruida por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull intenta esclarecer por qué la mercadería que se encontraba fuera de la órbita de la cartera a cargo de Verónica Berisso, entre otros domicilios el de la fundación dirigida por el secretario de Modernización de la provincia, Emanuel Gainza, “Hacemos Argentina”. También la Policía fue a realizar una constatación en los domicilios de otras personas que son quienes firmaron el mencionado comunicado: Isaías Larrea y Jeremías Duré, quienes sostuvieron en el mismo que se vieron “en la obligación de desmentir categóricamente las versiones malintencionadas” así como aclarar diferentes cuestiones que se transcriben a continuación:
“Toda la mercadería y los elementos de asistencia social objeto de las recientes diligencias judiciales cuentan con el debido respaldo documental, administrativo y legal. No existe "botín" ni "desvío"; existe una gestión de recursos destinada exclusivamente a paliar la grave crisis social que atraviesan nuestros sectores más vulnerables.
Es imperativo aclarar que los lugares mencionados en las crónicas como el inmueble de calle Facundo y otros puntos de acopio, no son depósitos irregulares, sino espacios cedidos por colaboradores y voluntarios que prestan sus instalaciones de manera absolutamente desinteresada. Esta red de colaboración es la que permite una logística de proximidad, garantizando que la ayuda llegue con celeridad a donde la burocracia centralizada muchas veces no alcanza. Criminalizar el aporte solidario de vecinos comprometidos es un acto de profunda injusticia.
Cada unidad de alimento acopiada se encuentra debidamente registrada en los expedientes de los organismos oficiales correspondientes. Entregamos a las autoridades planillas de recepción y actas de destino final que prueban que no ha habido ninguna irregularidad. La transparencia de nuestra labor se demuestra con hechos y con la documentación que ya hemos puesto a disposición de las autoridades.
Resulta evidente que nos encontramos ante una maniobra de desprestigio y una persecución política que no solo busca dañar la imagen de individuos, sino también de las organizaciones sociales que representamos, como C.R.C. y Nuestra América Federación Rural. El uso de términos sensacionalistas busca transformar procedimientos administrativos de rutina en supuestos "escándalos" con el único fin de obtener rédito electoral y debilitar una construcción política legítima.
Lamentamos profundamente la filtración de información sesgada y la condena mediática previa a cualquier resolución judicial. Confiamos plenamente en que, una vez que la Justicia analice la documentación respaldatoria que estamos presentando, quedará demostrada la falsedad de las acusaciones y la honorabilidad de cada uno de los actores mencionados.
A pesar de estos intentos de amedrentamiento, nuestra prioridad seguirá siendo la misma: dar respuesta al hambre y a las necesidades de los vecinos. No permitiremos que una operatoria política detenga la labor social que realizamos día a día con compromiso, transparencia y el apoyo fundamental de nuestros voluntarios.
