La jueza Teresita Mastaglia presidió una audiencia para ejecutar una sentencia que tiene alrededor de un año y medio, y dispone el retiro de los residuos de la chatarrería Todoni, ubicada en Avenida Circunvalación José Hernández 2561, de Paraná. La empresa Las Tres E SRL, debe completar la clasificación y retiro de los residuos en un lapso de seis meses, bajo apercibimiento de llamar a licitación.
En la audiencia, que llevó poco más de una hora este martes y se transmitió por el Canal de YouTube del Poder Judicial, se oyó la palabra de todas las partes intervinientes en el proceso. Sobre el final, la vecina que lleva la voz de los habitantes de la zona advirtió: “Esto se está yendo de las manos. Cuando presentamos el amparo creímos que tendríamos una solución inmediata, pero hace años que estamos con esto encima de nuestra salud y nuestras propiedades”.
Pese a que la jueza ya había cerrado la intervención de las partes, le dio la palabra a la concejal Romina Todoni, de La Libertad Avanza (LLA): “No puedo seguir escuchando a los vecinos. Están dañando mi salud”.
Envases de fitosanitarios, conservadoras de vacunas, silobolsas, recipientes con restos de plástico y pintura, tachos de aceite mineral y tanques de combustible, entre otros, componen los residuos peligrosos acumulados en la chatarrería de las hermanas Todoni. En el lugar, ubicado en un zócalo urbano de la capital provincial, se amontonan desechos peligrosos y no peligrosos dentro de una planta delimitada, y en los sectores lindantes a esa planta.
El problema es viejísimo. Registra antecedentes en organismos municipales y judiciales que tienen más de 25 años. Los vecinos demandan que se retire la basura del lugar, que se dé tratamiento ambiental porque están afectados en la salud física y psicológica. Pero, pese al tiempo y las acciones, todavía no lo consiguen. Paradójicamente, todos los organismos oficiales, provinciales, municipales, judiciales, todos coinciden en la urgencia y necesariedad de sanear la contaminación e implementar acciones para reparar en alguna medida la salud del ambiente y sus habitantes. Sin embargo, nadie consigue que los responsables actúen en consecuencia.
La audiencia que se realizó este martes es en el marco del expediente iniciado tras un amparo ambiental. El proceso judicial lleva el título “Barsanti Liliana B. y otros c/Municipalidad Paraná y otros /Acción de Amparo Colectivo”. Concretamente, ese trámite tiene una sentencia judicial a favor de los vecinos y en contra de la chatarrería, es decir, están condenados hace más de un año y medio a sacar la basura del lugar. Pero como no se ejecuta, llevaron adelante una nueva instancia oral de la que participó la abogada ambientalista Aldana Sasia, representante de la parte actora; una vecina que lleva la voz de los habitantes de la zona; la fiscal Priscila Ramos Muzzio; el licenciado en Salud Ocupacional por parte de la empresa condenada, Mauro Cuello; la empresaria y concejal de Paraná, Romina Todoni; el abogado de la empresa Juan Pablo Marani; el secretario Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Paraná, Maximiliano Pérez Viecenz; el abogado apoderado de la Municipalidad, Pablo Minelli; el director de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno provincial, Maximiliano Gómez; el director legal de la Secretaría Ambiente Entre Ríos, Osvaldo Fernández; y la jefa del Área Residuos Costa del Paraná, Angelina Marizza, entre otros.
“Proceder para ver cómo resolvemos el problema”
La jueza que ordenó el retiro de la basura hace alrededor de un año y medio, Teresita Mastaglia, presidió la audiencia para ver cómo se resuelve el problema. Recordó que ordenó la remoción de los residuos que están en la planta y sectores aledaños el 29 de julio de 2024. Mencionó que en el proceso hay informes técnicos elaborados a partir de la constatación en el predio.
“Tenemos que proceder a ver cómo resolvemos los problemas concretos planteados a partir de últimos informes técnicos. Es necesario remover lo antes posible”, advirtió y marcó “dos problemas”: “Primero que los residuos los peligrosos están mezclados con los no peligrosos. Y el segundo problema es la cantidad, el volumen”. Precisó que “el retiro de los peligrosos requiere de máxima seguridad, y será un operativo complejo y costoso”.
Por eso, la jueza propuso “retirar los residuos dentro y fuera del predio”. “En el lote 1 hay menos presencia de residuos peligrosos. Coincido con la Provincia y la Municipalidad en que la prioridad está afuera del predio porque implica mayor riesgo y peligro para las personas. Luego lo que está adentro, que tiene un volumen importante. Descarto que se pueda hacer de una vez. Habrá que trazar un plan por sectores. Hay que empezar por los residuos peligrosos”.
Mastaglia pidió “que se trace un plan realista”. “Los organismos no pueden dar precisiones de la cantidad exacta”. Y habló de un “plan conjunto, elaborado con autoridades de la provincia, no aisladamente. No quiero más planes que no se puedan implementar. La clasificación es indispensable. La Municipalidad no puede llevar los residuos al volcadero. Mi propuesta es un plan conjunto, de la empresa con autoridades de la provincia. Y un plan realista. El objetivo es concretar el retiro de residuos. El trabajo debe ser en conjunto con empresa y técnicos de la Provincia. La Municipalidad participará fiscalizando, porque adhiere a lo que indica la Provincia”. Después mencionó “el tiempo”. “No quiero que esto se prolongue”, pidió.
Maximiliano Gómez, abogado de la Provincia, habló de “medidas de bioseguridad” y resaltó que la clasificación y traslado de residuos debe ser realizado por operadores habilitados en un Registro Público colgado en el Portal de Entre Ríos. Contó que hay operadores habilitados que son de la provincia y otros que tienen residencia fuera de Entre Ríos.
Para referirse al volumen de las chatarras, cedió la palabra a la jefa de Residuos Costa Paraná, Celina Marizza. “Tenemos normativas, un listado de residuos que deben seleccionarse de acuerdo a la peligrosidad. En cada recorrida encontramos residuos mezclados. Si la planta tiene un sector específico para residuos peligrosos, debe ampliarse teniendo en cuenta un volumen tres o cuatro veces superior”, advirtió Marizza. “Los residuos que están de manera visible son fáciles de clasificar. Los mezclados, debe ser considerados como peligros en su conjunto. Eso va a llevar a decisiones en el momento porque hay materiales que podrían ser reciclados o reutilizados pero como está todos mezclados, son peligrosos”, agregó.
El licenciado de la empresa, Mauro Cuello, dijo que siempre trataron de “trabajar en conjunto y armar un plan realista”. “Va a llevar un mes o mes y medio retirar todo. Hay una clasificación de residuos hecha por un empleado de la empresa. Pero como hay una manda judicial y un policía presente, empezamos por afuera. Las Tres E alquila ese terreno. Hay montón de residuos que son reciclables. La empresa hace la logística, recibe residuos de otras empresas y hay clasificaciones imposibles”, dijo.
—No acepto la palabra imposible. Será costosa, difícil, ardua pero la clasificación se hace. No se puede exponer más, no sólo al medio ambiente, o ambiente como se dice ahora, sino a salud de la población— frenó Mastaglia y le dio la palabra a la abogada ambientalista.
“Hoy hay tratamientos y leucemias”
“Me llama la atención que vuelva a disponer algo que ya dispuso, que es un plan y propuesta de acción. Hace más de un año que está dispuesto por sentencia judicial. Más peligroso que todos los residuos, es el peligro en la salud y psiquis de vecinos que pensaron que esta acción iba a solucionar el problema. Es paradójico que hoy tengan la palabra partes que hace 25 años vienen cerrando los ojos”, reclamó la abogada ambientalista Aldana Sasia.
“Hoy hay tratamientos, leucemias. Los vecinos no pueden esperar más informes, ya no sé cómo retener y contener, no confían en nadie más. Los informes que hay en el expediente resultan contundentes, y los programas y plazos son contundentes. Las mínimas medidas que impone la Provincia dan cuenta que pueden empezar desde mañana con el traslado. Es redundante seguir pidiendo plazos e informes. No acuerdo en nada de lo que se dijo hasta acá. La excusa de que la Provincia que no tiene dinero, si no necesita dinero, tiene que accionar. Hablamos de residuos peligros que conviven hace 20 años con los vecinos. Si no veamos otros mecanismos, son más de 200 familias”, manifestó. “Peticionamos que la condenada dé un plazo para retirar los residuos peligrosos de las afueras. Ya sabemos cuáles son. Paralelamente se tiene que actuar dentro del predio”, resumió.
“De un momento a otro esto puede ser un desastre”
La fiscal Ramos Muzio acordó ir sacando materiales peligrosos, y paralelamente ir clasificando materiales adentro del predio. Preguntó por el lugar de disposición final de los materiales peligrosos pero no se especificó a lo largo de la audiencia. “Si tenemos todo clasificado en camiones pero no hay dónde llevarlo, estamos en la misma”, marcó y advirtió la ausencia de un plan de incendios.
“No somos conscientes, de un momento a otro esto puede ser un desastre, un desastre natural, para los vecinos y población general, de un momento a otro. Con lo cual, cuando hablamos de plazos, no es un capricho. Hay enojo que siente la parte actora, hay que entender y poner paños fríos porque la sentencia tiene más de un año. A esta altura, después de un año y medio, seguir poniendo en tela de juicio los costos, cuando es algo que se debió prever, hay que encontrar una solución y los responsables tiene que hacerse cargo y el Gobierno también, porque esto trasciende a los particulares. Entiendo que adentro del predio hay que armar lotes para ir accionando sobre cada uno. Es bueno lo que propuso el licenciado de la empresa para ir retirando también los materiales apilados que no están contaminados, en simultáneo”, planteó y requirió “no olvidarnos de presentar un pan de incendios de manera urgente”. “En cuanto a los plazos, tres o cuatro semanas ¿contempla la desocupación del lugar o hay que sumar otro plazo?”, preguntó.
“Me parece una tomada de pelo”
La vecina que integró la audiencia de este martes sostuvo que el problema “se está yendo de las manos”. “Iniciamos el amparo porque necesitábamos una solución inmediata. Me preocupa y enoja que estén dándole importancia y poniendo trabas al momento de retirar la chatarra, de retirar todo lo que nos afecta hace más de 20 años. Esto no se resolvió ahora que había peligro. En 2013 hubo una primera clausura y no hubo tiempo para organizar un desalojo. Me parece una tomada de pelo. Esto no es nuevo, es viejo. Venimos esperando una respuesta favorable. Hace 25 años que estamos con esto encima de nuestra salud, y de nuestras propiedades”.
“Seguir extendiéndose en el tiempo es una falta de respeto y empatía. Como vecina y vocera de mis vecinos entiendo que si bien están armando un negocio, saben lo que reciben y provocan. Lo que generan. Me duele que no haya un Estado presente defendiéndonos, que se siga alargando en el tiempo. Siempre pensé que se iba a resolver pronto y bien, y veo que no advierten el problema, lo toman a la ligera. Pero al problema lo tenemos los vecinos”, lamentó.
“No puedo seguir escuchando a los vecinos. Desde 2013 estamos insistiendo en el municipio con un ejido y urbanización ‘como la gente’ para trasladarnos. La vecina claramente habla de 2013. Por favor no quiero escucharlos más porque están dañando mi salud. Hace años que vengo pidiendo. Además que el bolsillo que no me da para aguantar”, contestó la concejal Todoni, que pidió la palabra.
Por último, Mastaglia decidió 6 meses a partir de la fecha. “Los detalles, cómo lo hacen, todo queda bajo supervisión de ellos. A mí, a lo sumo, me tiene que presentar avances. La empresa se hace cargo del retiro y clasificación, bajo lo que disponga Ambiente de la Provincia y bajo el control de la Municipalidad. Si en seis meses no se termina, se procede a la licitación”.
