Un informe nacional apunta el nuevo fenómeno delictivo de las bandas organizadas que buscan conseguir armamento y municiones: mediante prestanombres compran en el mercado legalmente registrados. En Paraná ocurrieron casos similares en el marco de disputas entre bandas y hechos delictivos, mientras que este año en Entre Ríos aumentó un 25% el secuestro de armas, respecto del año pasado.
La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), elaboró un documento técnico titulado “Indicadores de riesgos relacionados con testaferros de armas de fuego”, que sistematiza información relevada en diversas investigaciones preliminares y procura aportar herramientas para la detección temprana de maniobras de desvío de armas hacia el mercado ilegal.
El estudio analiza un fenómeno de creciente relevancia: la de los testaferros de armas de fuego, también conocidos como “compradores ficticios”, que refiere a personas que, siendo legítimos usuarios, adquieren armas de fuego en el mercado legal, pero para ser ilícitamente transferidas a terceros no habilitados, los que, no puede descartarse, pueden estar vinculados a organizaciones criminales, informó el sitio Fiscales.
En Paraná se han registrado casos de esta modalidad delictiva. El más conocido es el de dos hombres que compraron numerosas armas de grueso calibre, principalmente 9 milímetros, en una armería de avenida Ramírez, que inscribían a su nombre, pero en seguida se las daban a integrantes de distintas bandas que se encontraban a los tiros sobre todo en la zona oeste de Paraná, por los barrios Mosconi y La Floresta.
Esto fue advertido en el marco de investigaciones por hechos criminales graves, pero también surgen sospechas en la constatación de la información registral de armas incautadas en algún operativo, tal como lo ha advertido en una oportunidad en Registro Provincial de Armas (REPAR) que depende de la Dirección de Policía Científica.
Según la información aportada por este organismo, en Entre Ríos crece levemente la cantidad de armas que se registran año a año. En 2022 se registraron 511 armas, en 2023 fueron 527, en 2024 se inscribieron 556 y en el primer semestre de este año ya se van registrando 395. Se remarcó que gran parte de estas armas secuestradas tiene que ver con la amplia actividad de caza deportiva que hay en la provincia.
Por otra parte, este 2025 se registró un incremento importante de armas secuestradas en diversos operativos policiales: en 2024 fueron 962, en 2024 se incautaron 1002 armas y en lo que va de este año, hasta el martes 4 de noviembre, ya se van secuestrando 1238, es decir un incremento casi de un 25% respecto del año anterior, faltando aún casi dos meses para la finalización de este período.
Consultado sobre el informe de la UFIARM y la realidad actual del registro de armas en la provincia, Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) dialogó con el jefe del REPAR, Osvaldo Bregandt, quien sostuvo: “Tenemos que tener en cuenta que la UFIARM es la unidad especializada para la investigación de delitos con armas. Lo que ha destacado es puntualmente lo que se denomina testaferro. Esto consiste en buscar una persona que reúna las condiciones para poder hacerse legítimo usuario. La condición de legítimo usuario es necesaria para adquirir o manejar cualquier tipo de arma de fuego o materiales controlados. Esta persona, al reunir todas las condiciones, adquiere armas. Luego existen diferentes métodos para vender, alquilar o ceder estas armas, que ingresaron lícitamente, a la delincuencia. La delincuencia busca a estas personas para encubrir esa provisión de armas. Se está trabajando desde hace unos años, cuando se detectó esta metodología delictual, en cómo prevenirla. Es complejo, ya que el delincuente siempre está atento a cómo sortear los límites y los requisitos, pero es un trabajo incansable.
—¿De qué manera lo han detectado? ¿Qué situaciones han encontrado?
—Todo lo que es referente a armas de fuego lo entiende el ente nacional, que es el Registro Nacional de Armas. Desde esta policía de Entre Ríos y otras policías, hemos detectado que, ante la solicitud, respondemos los informes al juzgado o a diferentes entidades que nos piden por situaciones de armas. Detectábamos y veíamos ciertas características de personas que adquirían un gran número de armas, mismos calibres o muchas armas de puño. Estas eran situaciones no habituales y las poníamos en conocimiento del ente nacional. Ante nuestra requisitoria, el ente nacional sondea todo el país y fue así como empezó a ver esta figura de testaferro. Tengo presentes dos casos de hechos con arma de fuego donde se detectó. En un caso, se detecta una persona que tenía mucho registro de armas de dos calibres y del mismo tipo (todo de puño), y solamente compraba esos dos calibres. Al comprar el arma, uno está habilitado a comprar cartuchería. Se detectó que esta persona compraba gran cantidad de cartuchería. La habilitación para tener un arma y ser legítimo usuario implica usarla en lugares habilitados. Se hizo la investigación y se descubrió que esta persona no iba a esos lugares habilitados. Si bien esto no es presunción de un delito, se continuaron las investigaciones y se llegó a detectar, por medio de la justicia y la investigación policial, que esta persona facilitaba ese armamento y esas municiones para el ambiente delictual. Después, tengo presente otro hecho donde nos preguntan por un arma y encontramos las mismas características, y era de otra provincia. Informamos a esa provincia, ellos se pusieron a investigar, dieron conocimiento a la justicia y esas dos causas también están en trámite.
—¿Y respecto a los gestores y armerías?
—El ente nacional entiende el registro. Ellos tienen los Repares (Registros Provinciales de Armas) que son de cada provincia, que somos la autoridad local en la medida que ellos nos soliciten y recibimos trámites. Después está la otra figura de gestores o mandatarios de armas que trabajan con ellos, pero trabajan descentralizados de nosotros. Nosotros no tenemos cómo entrecruzar un trámite con ellos; tienen un trato directo con el ente nacional. También están las armerías que hacen de gestoría y se manejan con el ente nacional o pueden tener gestores particulares. Hay varios canales, pero todos confluyen en el ente nacional.
—En los últimos años se habla de una flexibilización en general para el uso de armas. ¿Esto es así, o qué se observa en el día a día con las nuevas legislaciones y decretos? ¿Es más fácil, más complicado, o igual que antes?
—Las modificaciones establecen más uso digital y más contacto directo con el ente nacional, lo que implica más accesibilidad para hacer trámites con menos burocracia, pero no con menos rigor. No hay menos exigencia. Cuando se usa la palabra "flexibilizar", se entiende que es más fácil acceder al arma y, por el contrario, los requisitos son bastante exigentes. Esto no tiene nada que ver con la flexibilización digital. Hoy por hoy sacamos lo que es papel y se puede adquirir con un trato más directo. Sin embargo, se siguen manteniendo los requisitos: tener un medio lícito de vida, ser mayor de edad, tener idoneidad en el manejo de armas, pasar los exámenes psicofísicos, y no tener antecedentes penales. Como decía, el delincuente siempre está tratando de investigar, estudiar y ver cómo sortear los límites. Es una carrera que se va desde atrás, porque ellos estudian la parte legal para ver cómo zafar o escapar a estos requisitos y adquirir ese material.
