La audiencia pública sobre el proceso de licitación del río Paraná, conocido como "hidrovía", registró a lo largo de este lunes un masivo rechazo al intento de profundizar el dragado sin hacer antes estudios de impacto ambiental. Más del 90 por ciento de los 247 expositores se mostró en contra de esa mecánica.
Desde las 8 y hasta pasadas las 23, prevalecieron las objeciones técnicas sobre la audiencia y la licitación en general que hicieron abogados ambientalistas. Además, defensores del río y el humedal se opusieron a poner en riesgo la vida en esos ecosistemas para hacer del Paraná una “autopista líquida” por donde naveguen barcos con cada vez más calado.
En esas 14 horas de audiencia virtual, también hubo reclamos para abrir espacios de participación real y escuchar a los habitantes de las ciudades costeras, a los pescadores, isleños y representantes de los pueblos originarios. Es decir, para no reducir el debate a un trámite formal en un único y maratónico día.
La “Audiencia Pública sobre el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal” fue convocado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. El objeto formal fue “poner en consideración de la ciudadanía el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental”.
La autoridad portuaria, dentro del Ministerio de Economía, enumeró distintos estudios que se pueden consultar en la página bajo el título de "Documentación, antecedentes e informes de gestión y evaluación ambiental de la Vía Navegable Troncal".
Un “no” diverso y federal
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, señalaron que hubo un “masivo y contundente rechazo popular al intento de legitimar las obras sobre el Río Paraná para convertirlo en ‘hidrovía’”.
La organización impugnó la audiencia (hubo en paralelo una medida cautelar previa que fue realizada por otros actores y rechazada por la Justicia) y reiteró que se opone “al proyecto de dragado, profundización, ensanchamiento y cambio de trazas sobre el Río Paraná”.
“A pesar de los obstáculos deliberados para dificultar la participación -información técnica desordenada, formularios impresos, falta de difusión-, la respuesta es categórica: la participación de una enorme cantidad de expertos, referentes sociales, académicos, intelectuales y sindicales que rechazan este modelo de río”, manifestaron a través de un comunicado.
La agrupación dentro del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial reiteró que “esta audiencia era ilegítima” y expuso motivos: “No se presentó ningún Estudio de Impacto Ambiental válido. Las obras de dragado ya están en curso. No existe línea de base ni evaluación de impactos acumulativos. La información no fue clara, ni accesible, ni difundida en forma efectiva, violando el Acuerdo de Escazú. Lo que se intentó fue convalidar por vía administrativa una licitación ya decidida”.
“En la participación territorial y de la sociedad civil se destacan organizaciones socioambientales, comunidades isleñas, trabajadores del río, universidades, sindicatos, colectivos artísticos y ciudadanos autoconvocados. Lo que se expresó fue una oposición transversal, masiva y bien argumentada, que dejó en evidencia la profundidad del rechazo a este modelo extractivo”, siguieron.
Según su resumen de la jornada, hubo una fuerte defensa del río “como fuente de agua potable para millones, corredor de biodiversidad y soporte de humedales, territorio habitado por comunidades que resisten y bien común que no puede seguir siendo gestionado a espaldas de la sociedad”.
“La voz colectiva desmontó el simulacro”, afirmaron y concluyeron: “El modelo de río que intentan imponer no tiene licencia social. Exigimos la anulación del proceso y la suspensión inmediata de la licitación proyectada”.
Próximo informe y un interrogante abierto
Pasadas las 23, al cierre de la jornada, los voceros de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación señalaron que en los próximos días publicarán un “informe de cierre” de la audiencia, con resumen de las ponencias y “respuestas técnicas” a algunos de los planteos realizados.
Fabián Maggi, Abogados/as Ambientalistas, dijo a Rosario3 que es probable que la Agencia intente continuar con el proceso pese a las impugnaciones y avanzar con el pliego.
Eso no soluciona el planteo de fondo que hizo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en febrero pasado y que frenó el intento anterior.
Ese organismo del Ministerio Público Fiscal fue claro: previo a licitar deben hacer los estudios de impacto ambiental de la obra, algo que no han hecho. En este paso lo que buscaron fue presentar un análisis de las décadas pasadas. "¿Cómo vas a licitar una obra, en donde el Estado ya asume un compromiso, si todavía no está aprobada ambientalmente?", pregunta Maggi y alumbra la inconsistencia.
El informe de la PIA es, como resumió el periodista Mariano Galíndez en aquel momento, el talón de Aquiles del proceso. El texto dice: “Es fundamental analizar la ausencia de la pertinente evaluación de impacto ambiental en las actuaciones previas al llamado a licitación. Estos resultan un requisito fundamental para el debido resguardo del principio de sustentabilidad en la contratación administrativa. Debiendo considerarse, además, en expedientes como el ahora en estudio, como un procedimiento esencial de los exigidos por la ley para la legalidad de los actos administrativos”.
