En una audiencia clave para el avance de la causa por presuntas coacciones, la jueza de Garantías N° 3, Paola Firpo, rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por el abogado, asesor del Senado y a la vez funcionario municipal, Carlos Guillermo Reggiardo. Asimismo, la magistrada desestimó el planteo de recusación que el propio letrado había interpuesto en su contra, ratificando su competencia en el proceso, supo ANÁLISIS.
La decisión de la jueza Firpo se dio este martes en el marco de la audiencia de elevación a juicio por el supuesto delito de coacciones contra la jueza Carolina Castagno. Durante la jornada, la magistrada dispuso continuar con la remisión de la causa a juicio, en sintonía con la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal. Ante este escenario, Reggiardo manifestó su reserva de apelar la resolución, mientras que el fiscal Martín Abraham mantuvo su oposición al sobreseimiento.
La fiscalía le imputa al abogado coacciones contra la jueza Castagno.
El conflicto procesal escaló cuando el abogado, conocido por defender judicialmente al intendente de Santa Elena Domingo Daniel Rossi, intentó apartar a Firpo del caso a través de una recusación. Sin embargo, la jueza no hizo lugar al planteo y decidió suspender la audiencia con el fin de que sea la vocalía interviniente -un juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones- quien resuelva definitivamente el planteo efectuado sobre su continuidad en el expediente.
Esta causa se originó tras la denuncia de que Reggiardo habría intentado amedrentar a la jueza María Carolina Castagno para forzar su apartamiento de un tribunal que debe juzgar presuntos sobreprecios en la obra de pavimentación de 14 cuadras en Santa Elena en 2014. Con la resolución de Firpo, el letrado queda un paso más cerca del juicio oral, a pesar de sus intentos por frenar el proceso y recusar a la magistrada de Garantías.
Además de su rol legal, Reggiardo se presenta como comunicador y mantiene una activa presencia en TikTok, plataforma que utiliza para divulgar teorías conspirativas y realizar denuncias que carecen de sustento probatorio. Es asesor legal de la Municipalidad de Santa Elena y contratado de la senadora provincial Patricia Díaz, por lo cual percibe un doble sueldo del Estado municipal y el Senado entrerriano.
Qué dice la imputación
Según la imputación, el letrado habría exigido mediante un escrito que Castagno se abstuviera de intervenir en el juicio oral, bajo amenaza de denunciarla por prevaricato ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, “con plena conciencia de la falsedad de tales acusaciones”.
La acusación sostiene además que, en un presunto intento de frustrar el inicio del debate oral y obstaculizar la acción de la justicia, Reggiardo promovió recusaciones contra la magistrada y los vocales Alejandro Grippo y Juan Francisco Malvasio, planteos que fueron rechazados el 25 de junio de 2025 por considerarse carentes de sustento legal.
Otras dos causas
Cabe recordar que el asesor legal de la Municipalidad de Santa Elena tiene otras dos causas acumuladas en Gualeguay por las que también será juzgado en aquella localidad, con un pedido de pena de prisión efectiva por parte de la acusación pública. Los fiscales Mariángeles Schell y Rodrigo Molina lo imputaron por los delitos de desobediencia judicial en un caso, y coacciones agravadas contra una funcionaria pública, perturbación de audiencia y desobediencia judicial en el otro, ambos en un contexto de violencia de género.
En el primer hecho endilgado al abogado oriundo de Victoria se lo acusa de haber desobedecido una orden judicial emitida el 16 de octubre de 2024 y reiterada el 31 de marzo de 2025, dictada por la jueza Rosa Fernández Campasso, quien le exigía iniciar y acreditar un curso de capacitación sobre violencia de género en la Asociación Pablo Besson. Según la Fiscalía, el imputado no cumplió con esta disposición entre el 5 de noviembre de 2024 y el 3 de abril de 2025, a pesar de estar debidamente notificado. La medida se originó a raíz de un episodio de violencia de género que Reggiardo habría protagonizado el 26 de agosto de 2024 en la mesa de entradas de la Fiscalía de Gualeguay, donde habría tenido una "actitud corporal agresiva y beligerante" con insultos, gritos y golpes en el mostrador. Este hecho habría causado malestar y temor en las empleadas. La calificación legal para este hecho es desobediencia judicial.
El segundo hecho ocurrió el 9 de mayo de 2025 durante una audiencia de remisión a juicio en el Juzgado de Garantías de Gualeguay. Se acusa a Reggiardo de perturbar el acto procesal a cargo de la jueza Alejandra Gómez mediante "conductas coactivas" para impedir que la magistrada desarrollara la audiencia. Según los fiscales, Reggiardo buscaba suprimir la decisión de la jueza y reemplazarla por la suya, menoscabando su libertad. Durante la audiencia, el imputado le dijo a la jueza frases como: "considero que usted no está a la altura de llevar adelante este juicio", "usted desprestigia el derecho", "usted es una delincuente", y "los jueces como usted tienen que salir de la justicia". Además, la amenazó con denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, comenzó a filmar a la jueza con su celular, desobedeciendo la orden de detenerse, lo que forzó a la magistrada a suspender la audiencia. Posteriormente, el mismo día, realizó una publicación en el sitio web "La Caldera" con el titular "La jueza de la vergüenza", que finalizaba con la frase: "no habrá paz donde reine la impunidad con toga", lo que la Fiscalía consideró otra amenaza. Los delitos imputados son coacciones agravadas contra una funcionaria pública, en concurso ideal con perturbación en audiencia y en concurso real con desobediencia judicial, todo en un contexto de violencia de género.
En la oportunidad de discutir la elevación a juicio de estos expedientes, Reggiardo también había argumentado la teoría de una conspiración en su contra: dijo que existe una "operatoria destinada a meterlo preso" por sus enfrentamientos políticos con la diputada María Laura Stratta y sus denuncias de corrupción. Atribuyó la causa a una persecución orquestada por figuras del poder judicial y político de Gualeguay.
