El abogado Alfredo Vitale habló con R2820 de su inquietud por lo que considera una creciente tendencia de algunos fiscales a exponer públicamente opiniones sobre causas penales en trámite, especialmente en Gualeguaychú. Según sostuvo, estas prácticas podrían afectar garantías constitucionales básicas y condicionar la imparcialidad en juicios, particularmente en aquellos que son resueltos por jurados populares.
En el inicio de la charla Vitale aclaró que no se trata de una generalización: “No todos los fiscales ni todos los medios actúan de esta manera”, señaló. Sin embargo, advirtió que existe un sector que utiliza los medios como “vidriera”, con intervenciones públicas que, a su entender, exceden el deber de informar. “Algunos se exponen con una verborragia inusual, fuera de lugar”, afirmó.
El eje central de su preocupación radica en el respeto al debido proceso legal. El abogado remarcó que la función del Ministerio Público Fiscal no es opinar públicamente sobre la culpabilidad de un imputado, sino probar su acusación en juicio. “La certeza surge de lo que se prueba o no en el juicio, no antes”, explicó.
En ese sentido, cuestionó que ciertos discursos mediáticos anticipen una condena: “Están prejuzgando y diciéndole a la sociedad que esa persona va a ser condenada, lo cual está mal”. Para Vitale, esta conducta no solo vulnera el principio de inocencia, sino que también puede influir en quienes deberán decidir el caso.
Influencia sobre jurados populares
La preocupación se intensifica en los juicios por jurado. Vitale planteó una pregunta clave: “¿Estos dichos llegan a influir en el jurado y en el juez?”. Aunque evitó descalificar la capacidad de los ciudadanos convocados, reconoció que la exposición mediática previa puede “menoscabar el razonamiento” de quienes integran el tribunal.
“Una cosa es la información pública y la transparencia, y otra son los datos sensibles que generan una toma de posición en la sociedad”, advirtió. En ese contexto, subrayó que entre esa sociedad luego se seleccionan los 12 jurados titulares.
Otro de los puntos críticos señalados por el letrado es la utilización de antecedentes o aspectos de la vida privada del imputado para influir en la opinión pública. “A una persona se la juzga por un delito, no por su pasado”, enfatizó. Según indicó, estas prácticas apelan a elementos muchas veces imposibles de probar en juicio, pero eficaces para predisponer negativamente al jurado.
Redes sociales y “condena anticipada”
Vitale también se refirió al rol de las redes sociales, a las que definió como una amplificación del “chusmerío”. “Hoy cualquiera puede decir cualquier cosa, sin límites”, sostuvo. No obstante, marcó una diferencia fundamental: mientras los ciudadanos pueden opinar libremente, la fiscalía tiene una responsabilidad institucional.
En esa línea, cuestionó la falta de autocrítica cuando las hipótesis difundidas públicamente no se confirman en juicio. “No conozco a nadie de la Fiscalía que haya pedido disculpas tras anticipar condenas que luego no se dieron”, afirmó.
El abogado recordó su intervención en el segundo juicio por jurado de Mauricio Gómez, donde se registraron incidentes vinculados al uso de celulares por parte de jurados, lo que —según dijo— evidenció dificultades del sistema para evitar la contaminación externa.
Asimismo, hizo referencia a la causa reciente de Mariano Corvalán, en la que ejerce la defensa, y cuestionó declaraciones públicas de la fiscalía sobre cómo habrían ocurrido los hechos. “Ese trabajo lo tienen que exponer en el juicio, no en los medios”, remarcó.
Finalmente, recordó el caso de Nora Dalmasso, donde fiscales que intervinieron fueron posteriormente sometidos a jury de destitución. “Llegaron a acusar públicamente al esposo y al hijo de la víctima, lo que luego se demostró que no era así”, señaló.
Un llamado a la prudencia
Para Vitale, el problema de fondo es una “búsqueda de influencia” que considera “grande y preocupante”. Incluso sugirió que esta exposición podría responder a debilidades en las pruebas: “Si estuvieran seguros de su trabajo, no necesitarían recurrir a los medios”.
En conclusión, el abogado insistió en la necesidad de respetar las garantías constitucionales y evitar la “condena social anticipada”. “Cualquier ciudadano puede verse en esta situación”, advirtió, y expresó su deseo de que estas prácticas cesen para preservar la integridad del sistema judicial.
