La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Gualeguaychú, está siendo investigada por la fiscal Martina Cedrés, luego de que su director Oscar Navone, detectara un patrón de irregularidades con el otorgamiento de las Licencias Nacionales de Conducir e inició “información sumaria” para comunicar lo sucedido al área de Legales de la Comuna, para luego elevar el caso a la Justicia Penal.

El director de Legales de la Municipalidad, Mariano Fiorotto, dijo al diario El Argentino que resolver el caso llevará tiempo porque hay 500 cajas de archivo para analizar. No sabemos aún a cuánto asciende la pérdida de dinero, hasta ahora solo se detectaron cuatro sellados irregulares y para llegar a una conclusión hay que investigar hasta tres años para atrás”.

Al ser consultado por si la licencia de conducir que fuera otorgada a la persona que inició el trámite con un sellado irregular es válido para la ley, Fiorotto dijo que: “Si la persona pagó el sellado por tres años y se lo dieron por cinco años es un problema interno del área de Tránsito”.

“Tratamos de determinar si fue una o varias maniobras. Lo que vemos es que a algunos legajos de trámites realizados directamente les falta el sellado, hay que determinar ahora si eso sucedió porque se perdió o lo sacaron, antes el sellado no tenía número de trámite ahora si lo tiene y esto hace que sea más fácil el control”, dijo Fiorotto.

Tras detectarse las irregularidades, Navone terminó separando del cargo al agente que estaba a cargo de confeccionar los sellados.

“Como hay una denuncia penal, el Municipio lo que hizo fue solicitarle a la fiscal si podía intervenir la documentación, para que la justicia investigue, y se pueda resguardarla para que nadie pueda adulterarla”, sostuvo Fiorotto.

“Aquí aparecieron irregularidades cuando comenzaron a aparecer licencias de conducir con más plazo, del que figuraba de acuerdo al monto que se pagó en el sellado y ahora la Justicia tendrá que determinar cuántos años hacia atrás va a investigar”, manifestó. Aclaró que el Municipio “investiga las cuestiones de responsabilidades en el desempeño de las funciones de los empleados, luego la Justicia determinará la pérdida económica que hubo y si hay o no delito. Nosotros tenemos que considerar si hay desprolijidades administrativas por parte de un empleado, pero no podemos decir si es culpable y si lo que hizo fue un delito”.

En ese marco, resaltó que “necesitábamos que la Justica hiciera el pedido de resguardo para saber si podíamos revisar o no los expedientes que están en esas cajas, la fiscal finalmente autorizó el resguardo de la documentación y hace diez días se comenzó a abrirlas para poder investigar. La denuncia tiene dos meses y la Justicia demoró en realizar el pedido de resguardo que nosotros le pedimos hace tiempo”, remarcó.