Gilbert: el pedido de intervención “es un hecho inédito”, valoró abogado de las víctimas

Juan Ignacio Weimberg, abogado de las tres mujeres que denunciaron por abuso sexual al intendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, valoró el proyecto del gobierno provincial para intervenir el municipio.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Weimberg destacó que “esta última situación donde hay un proyecto de ley presentado por el gobernador para que en una sesión especial se dicte la intervención del municipio, es un hecho inédito, ya que hay pocos antecedentes de una intervención a un municipio y mucho menos por este tipo de cuestiones relacionadas con delitos contra la integridad sexual”.

Como ejemplo, mencionó que “cuando fue el desfalco a la Municipalidad de Gualeguaychú por una suma millonaria no se intervino el municipio, y en otros casos de denuncias por administración fraudulenta tampoco; es decir que lo que esta sucediendo adquiere un relieve muy particular y especial”.

El abogado recordó que “la historia comenzó por mediados de 2021 con la denuncia de una persona que trabajaba en la parte de prensa del municipio por abuso sexual simple, y al hacerse público surgieron otras personas que manifestaban lo mismo, y cuando Constantino realizó su defensa material hay todo un proceso de descubrimiento que espoleó a las denunciantes a contar más, porque es un proceso que fue muy duro para ellas poder contar una cuestión tan íntima y en un pueblo tan chico como es Gilbert. A partir de ahí se contaron tres hechos de abuso sexual agravado, es decir que dejaron de ser meros tocamientos para ser hechos con acceso carnal, lo que comúnmente decimos hechos de violación”.

Agregó que “todas las personas involucradas consideran un hecho alentador” el pedido de intervención. “Era lo que se estaba esperando del gobierno entrerriano; creemos que será saludable que Constantino no esté en el ejercicio del poder, porque esta Investigación Penal Preparatoria fue con la cancha inclinada. En un pueblo chico de Entre Ríos las dos máximas autoridades son el intendente y el jefe de policía, y en este caso el intendente está cuestionado y el jefe de policía por una investigación periodística se descubre que era concesionario del buffet de la terminal de Gilbert colocándolo en una situación de incompatibilidad entre los intereses privados y su función, porque cómo va a custodiar a las víctimas y controlar que Constantino cumpla las restricciones si hace negocios con el municipio”, explicitó.

Por otra parte, reveló que las presiones hacia las víctimas “fueron constantes; cuentan que personal municipal de tránsito las seguía; la pareja de una de ellas que es personal municipal le tiró el auto encima; se sentían observadas; les pegaron carteles en la puerta de las casas; pasaron un montón de situaciones que les hicieron imposible la vida y algunas tienen un estrés post traumático que es una secuela psicológica que están tratando de solucionar”.

En tal sentido, confirmó que Constantino está con prisión domiciliaria luego de incumplir medidas de restricción impuestas por la Justicia. “Las actitudes para infringir las órdenes del Juzgado fueron recurrentes. En un primer momento, cuando se presentó la denuncia inicial (el juez Ignacio) Telenta había dispuesto una medida de prohibición de acercamiento que Constantino incumplió lo que mereció que estuviera unas horas detenido en la Alcaidía de Jefatura de Gualeguaychú. Y luego, el 5 de mayo dos testigos lo ubican claramente pasando con su camioneta por enfrente de la casa de una de las víctimas y eso motivó que pidiéramos el agravamiento de las medidas de coerción”, describió Weimberg.    

Asimismo, lamentó que “el Concejo Deliberante de Gilbert demoró una enormidad en tomar medidas y ni siquiera pedir informes a la Fiscalía para ver si las denuncias eran ciertas o no”. “Recién cuando esto tomó público y la prensa se volcó a tratar la situación, se presentó un proyecto de la oposición y se vota 4 a 3 a favor de que se tome licencia con goce de haberes el intendente, pero para que esa ordenanza entre en vigencia necesariamente tiene que pasar por el Poder Ejecutivo y obviamente Constantino no la iba a promulgar, sino que por el contrario la iba a vetar”.

Agregó que “la otra alternativa era iniciarle un juicio político, donde los siete concejales debían dividirse en una sala acusadora y una sala juzgadora, y así determinar el apartamiento del intendente, lo que en los hechos es impracticable”.

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