Este 12 de mayo, las universidades públicas de todo el país se movilizarán para exigir al Gobierno nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. En Paraná se convoca a las 17 en la Plaza 1° de Mayo para marchar a Casa de Gobierno.
Este 12 de mayo, se desarrollará una nueva marcha federal universitaria. Será la cuarta, desde el inicio del gobierno de Javier Milei en diciembre del 2023. Aunque el efecto de la protesta está por verse, la magnitud del conflicto universitario es claro: atraviesa, más allá del ambiente educativo, a los tres poderes del Estado, e incluye un fuerte ajuste al salario docente que duplica el promedio del ajuste sobre el sector público; un presupuesto para el financiamiento del sistema en su piso histórico; paros reiterados y decenas días de clase “perdidos” en lo que va del cuatrimestre; dos leyes para recuperar financiamiento vetadas, un veto presidencial rechazado, y una disputa legal que el Gobierno nacional decidió llevar hasta la Corte Suprema, en una jugada que, fuera de lograr dilaciones, tiene pocos antecedentes similares de éxito.
Por otra parte, aunque también la magnitud de la movilización del martes está por verse, las marchas universitarias demostraron tener algunas características que las han diferenciado de otros tipos de manifestaciones públicas u otros ejercicios de protesta. Pueden canalizar enojos o insatisfacciones que van más allá de un conflicto educativo propiamente dicho; suelen movilizar, además de docentes, personal universitario no docente o estudiantes, afectos y grupos de personas que probablemente otros reclamos, impulsados por sectores (gremiales o políticos) de peor “imagen” pública, no logran movilizar, destacó un informe de la señal TN.
El conflicto universitario es, aunque no sólo, principalmente salarial. Aproximadamente el 90% del total del gasto universitario corresponde a salarios de docentes y personal no docente (administración y mantenimiento de las distintas instituciones). A diferencia de lo que ocurre con la educación básica (inicial, secundaria), cuyo financiamiento recae principalmente en las provincias -con complemento de Nación-, el sistema universitario público nacional es financiado por el Estado nacional.
Un docente universitario de la categoría más alta (titular de cátedra) y de mayor dedicación (exclusiva), tiene un salario básico de $1.582.283 (sin tomar antiguedad o especializaciones, ni los descuentos o aportes); esto es, sólo $150.000 por encima de la Canasta Básica Total del Indec para una familia tipo de cuatro integrantes, que en marzo necesitó $1.434.464 para no ser pobre. Los salarios para otros cargos de dedicación exclusiva (asociado, adjunto, jefe de trabajos prácticos, ayudantes de primera) oscilan entre $885.590 y $1.582.283. Un investigador que recién inicia su carrera cobra el equivalente a un cargo exclusivo adjunto: un básico de $1.234.000.
Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumulada fue del 293,4%. En ese mismo período, los salarios de las universidades nacionales perdieron el 33,7% de su poder adquisitivo: esto es, casi el doble que la caída registrada para el conjunto del sector público (-18,4% hasta febrero, último dato disponible), y casi 10 veces más que el rezago de los salarios del sector privado registrado, que se mantuvieron más cerca de la evolución de la inflación, con una pérdida de alrededor del 3,5%.
Según el análisis del Área de Estudios Fiscales y de Políticas Públicas (AFISPOP) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-CONICET, en base a datos del Ministerio de Economía, INDEC y BCRA: el gasto de la administración pública nacional en el programa de Desarrollo de la Educación Superior (que explica más del 99% de las transferencias nacionales para el financiamiento universitario) cayó, entre 2023 y 2025, un 28,9% en términos reales y, para este año, de acuerdo a lo proyectado en el Presupuesto 2026, habrá caído un 41,2%.
Esto supone una caída en casi todos los ítems de la actividad presupuestaria, desde pago de salarios, hasta desarrollo de proyectos especiales, promoción de carreras o el funcionamiento propio de las instituciones. En ese periodo, entre 2023 y 2025, la única excepción fue la asistencia a hospitales universitarios, aunque el aumento del gasto se explicaría menos por una mejora real en su financiamiento que por un aumento en el costo real de los insumos de la salud. Por otra parte, la semana pasada, los directivos de los hospitales universitarios de la UBA -que brindan atención miles de personas por año y se encargan de la formación de los profesionales de la salud- denunciaron que no recibieron fondos en lo que va del 2026, y que no podrán seguir funcionando por mucho más tiempo en estas condiciones, sostiene un informe de la señal TN.
Javier Curcio es el director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, investigador del IIEP, docente y consultor de organismos internacionales especializado en evaluación de políticas públicas. “Si no se cumple la ley de financiamiento universitario, y el crecimiento de la economía se mantiene en el orden de lo que está previsto, este año terminaríamos con una inversión en educación universitaria por debajo del 0,5% del PBI. Es el piso más bajo de la pos-convertibilidad en adelante. Hemos llegado a tener un pico de 0,8%. Con la ley, se reestablecería un 0,7% del PBI.”, señala.
De acuerdo al análisis del AFISPOP-IIE, hace veinte años, en el año 2005, la inversión en educación superior representó el 0,49% del PBI. Entre el 2009 y el 2023 superó, casi siempre, el 0,7%. Este año, rondaría el 0,42%. “Hay que tener en cuenta algo: desde la salida de la convertibilidad se ha duplicado el número de universidades y ha aumentado la matricula más de dos veces, aproximadamente tres veces. Es decir, este año tendríamos los mismos recursos que en el año 2002, para el doble de instituciones y el triple de estudiantes”, agrega Curcio.
Desde las universidades, autoridades y docentes denuncian que el ajuste salarial está provocando fuga progresiva de profesores que migran hacia universidades privadas o hacia otros empleos en el sector privado. El Gobierno lo niega, y según el reciente informe presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso, los registros estadísticos de la Subsecretaría de Políticas Universitarias indican que la cantidad de cargos docentes fue mayor en 2025 que en 2023.
El derrotero de un conflicto: dos leyes, dos vetos, uno rechazado y una pelea legal
Existieron dos leyes de financiamiento universitario en estos dos años y medio. La primera fue sancionada en septiembre del 2024. Rápidamente, en octubre, Javier Milei vetó la norma, que apuntaba a recuperar parte del financiamiento perdido hasta entonces. Sin embargo, ese mismo mes, la oposición no logró conseguir los dos tercios necesarios en la Cámara de Diputados para rechazar el veto presidencial y, de esa manera, el veto quedó firme y la ley, sin efecto.
Menos de un año después, en agosto del 2025, el Congreso sancionó una nueva ley de financiamiento universitario, más dura, para revertir todo el ajuste desde fines del 2023, recomponer salarios y becas, y aplicar incrementos de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A mediados de septiembre, el Presidente volvió a vetar. Pero, días después, la oposición logró los dos tercios en Diputados para rechazar el veto. Y, el 2 de octubre (cuando se cumplía un año del veto de Milei a la primera ley), el Senado también consiguió los dos tercios, y quedó definitivamente rechazado el nuevo veto presidencial. Así las cosas, la nueva ley debía ser aplicada.
Sin embargo, esto no sucedió. Milei promulgó la ley de financiamiento universitario, pero, al mismo tiempo, suspendió su ejecución, bajo argumento de que la norma genera “un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica”. Pero, en diciembre, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 a cargo del juez Martín Cormick, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las universidades nacionales: suspendió el decreto del Gobierno que suspendía la ley y ordenó aplicarla.
La pelea en tribunales no terminó allí: en febrero de este 2026, el Poder Ejecutivo presentó un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y apeló el fallo de Cormick. En abril llegó un nuevo revés para el Gobierno: la Cámara también ordenó cumplir la ley universitaria. Sin embargo, días más tarde, el Ejecutivo decidió llevar a la Corte Suprema su planteo para no implementar la norma. También exigió que los miembros del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen intervenir y designen conjueces, por tener ellos mismos cargos docentes universitarios vigentes o en licencia. Por otro lado, de manera sorpresiva, el juez de primera instancia, Cormick, definió, a la espera de que se pronuncie la Corte, suspender la ejecución de la medida cautelar a la que había hecho lugar meses antes, y que también había sido respaldada por la Cámara. Esta última decisión, fue apelada por el CIN, resaltó la señal TN.
El Ejecutivo justifica el no cumplimiento de la ley en el hecho de que el Congreso no indicó cuál sería la fuente de los fondos para aplicarla. ¿Cuánto costaría aplicar la ley? El costo fiscal de la norma rondaría los 0,23 puntos del PBI. Esto equivaldría, explica Javier Curcio, aproximadamente a lo que dejó de recaudarse con la reducción del impuesto a los Bienes Personales que dispuso el Gobierno en el 2024.
En paralelo a su batalla judicial para no aplicar la ley, el Gobierno envió al Congreso en febrero de este año su propio proyecto de ley de financiamiento universitario. La iniciativa, que modifica la norma aprobada por el Congreso en 2025, propone una recomposición salarial escalonada, que representaría una recuperación del 12,3% correspondiente al año 2025 (sin tener en cuenta la pérdida de poder adquisitivo previa) y eliminaría la obligación de actualizaciones salariales por variación del IPC, aunque sí limitaría el ajuste sobre el gasto de funcionamiento de las universidades si la inflación superara la proyectada por el Presupuesto de este año. Este proyecto, sin embargo, no avanzó en el Congreso, y según señalan fuentes parlamentarias, no tendría por ahora muchas chances de avanzar.
Así se llega a la antesala de una nueva marcha federal universitaria.
Crece la tensión entre el gobierno y autoridades universitarias
Tanto en la comunidad universitaria, como en el Gobierno, aseguran que el diálogo no está completamente roto y sigue existiendo un canal institucional de conversación entre rectores de las universidades nacionales y la Secretaría de Políticas Universitarias, que conduce Alejandro Álvarez, y depende del Ministerio de Capital Humano.
Sin embargo, el momento para encontrar una salida intermedia a la ley parece haber quedado atrás: es decir, el momento para negociar algún acuerdo debería haber sido antes de que la norma fuera aprobada dos veces por el Congreso, o antes de que el segundo veto presidencial fuera rechazado con dos tercios de votos en ambas Cámaras, y, probablemente, antes de que la Justicia le diera la razón a las universidades en dos instancias. Hoy, con la definición en manos de la Corte Suprema y, a priori, con mal pronóstico para el Gobierno, la pregunta podría ser: qué incentivos tienen la comunidad universitaria o la oposición en el Congreso para negociar algo menor a lo que ya se consiguió dos veces en el parlamento, que la Justicia respaldó en dos instancias, y que podría terminar de asegurar el máximo tribunal.
En diálogo con TN, Alejandro Álvarez afirma que, hasta la semana pasada, en la UBA, sobre 37 días de clases del cuatrimestre, hubo 16 días de paro. Acusa a las autoridades de la UBA de haber llevado a cabo un “lockout” al presuntamente haber cerrado facultades e impedido que docentes que quisieran dar clase pudieran hacerlo: “De las marchas que hubo, la que viene va a ser la más política. Están rompiendo todos los puentes con paros que duran semanas enteras. Hemos sido claros: no vamos a cerrar universidades, no van a dejar de ser gratuitas, pero vamos a hacer cumplir la ley y la Constitución, que establece que el sujeto verdadero del sistema universitario es el alumno, no los miembros del aparato político en las estructuras burocráticas de las universidades”, afirma el secretario de Políticas Universitarias.
El Ministerio de Capital Humano intimó recientemente a los rectores de las universidades nacionales a informar qué medidas tomarán para “garantizar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios”. TN consultó a Álvarez sobre los alcances de esta intimación: “Hemos tenido paciencia, no hemos declarado ilegal la huelga, no se pidió que se descuenten los días sin clases, veníamos dialogando. Parece que todo fue tomado como muestra de ‘debilidad’. Ahora, que nos digan cómo van a recuperar los días; cómo van a recuperar las fechas de examen, y cómo van a hacer para mantener las universidades abiertas. Si no responden estas tres cosas, la ley de Presupuesto nos habilita a revisar la transferencia de fondos. Porque los recursos son para la educación, y no se está dando”, advirtió.
La señal de TN conversó también con Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, ex diputado y dirigente radical, quien acusa al Gobierno, no solo, como es evidente, de incumplir con la ley de financiamiento universitario, sino de incumplir además con la propia ley de Presupuesto 2026 impulsada por el Ejecutivo y aprobada en diciembre pasado, al no girar en los últimos meses fondos para hospitales universitarios.
“No hay alternativa a una marcha: reclamás, dialogás, vas al Congreso, conseguís que se vote una ley, el Gobierno la veta; conseguís una mayoría muy difícil para rechazar el veto; conseguís dos fallos judiciales y el Gobierno sigue sin cumplir la ley. La única alternativa que queda es que la gente se movilice en todo el país, porque todas las instancias están agotadas y el Gobierno sigue sin cumplir”, sostiene Yacobitti.
Respecto a la intimación del Gobierno y la advertencia oficial sobre una posible revisión de las transferencias de fondos en caso de que no se garanticen las clases, el vicerrector de la UBA contesta: “Las universidades públicas están funcionando. Obviamente, en algunos casos hay medidas gremiales, porque le bajaron el sueldo a la mitad a los profesores y a los trabajadores de la universidad. Me parece que el Ministerio de Capital Humano no entiende que hoy las universidades funcionan gracias al sacrificio de los profesores, de los investigadores, de los trabajadores y de los estudiantes, porque también pulverizaron los sistemas de becas. Es justamente al revés: tendrían que estar agradecidos por la cantidad de clases que se están dando”.
