El proyecto del diputado nacional Julio Solanas (FpV-Entre Ríos) pide declarar la emergencia crediticia originada en la situación de crisis por la que atraviesa el país, suspendiendo los procesos de ejecución y reprogramando las deudas, por el plazo de 180 días desde la sanción de la norma.

Según se indica en la iniciativa, “quedan alcanzadas por la presente ley las operaciones previstas en el artículo 9º de la Ley 22.315 referente a planes de capitalización, de ahorro y de préstamo, los cuales quedan comprendidos en el marco del derecho de consumo”.

Además, proyecta “la suspensión de los procesos de ejecución prendaria por el plazo de 180 días, atento al cambio significativo y abrupto de las circunstancias económicas generales” y “los procesos de ejecución derivados de obligaciones en mora por contratos de planes de ahorro para la adquisición de automóviles”. Asimismo “quedarán alcanzados por el proceso de restructuración y reprogramación de deudas, y se deberán retrotraer los montos de las cuotas al 1° de abril del año 2018”.

En los fundamentos de la norma, el legislador entrerriano sostiene que “sin lugar a dudas la crisis económica en que se halla inmerso nuestro país ha empezado a mostrar su rostro más perverso, y muchas familias que tomaron créditos se han visto perjudicadas en un marco de profunda recesión económica, que se extiende desde mayo de 2018 hasta la fecha”.

Destaca que “en razón de ello, muchos deudores se han visto en la necesidad de agruparse con la finalidad de evitar la pérdida de los bienes, atento la manifiesta reducción de los medios de subsistencia de las familias, que se hallan sobreendeudadas, circunstancia que repercute directamente en aquellos que contrajeron préstamos” y ante ello aclara que “la declaración de emergencia se enmarca en la aplicación de la teoría de la imprevisión”.

En ese marco, recuerda que “los suscriptores de planes de autoahorro se han convocado pidiendo que las cuotas de los planes se ajusten a valor de mercado y no por encima de la inflación” y alertó que “la situación se agrava día a día, ya que algunas concesionarias y financieras iniciaron el remate de los automóviles por falta de pago”.

“Cabe destacar que la declaración de emergencia justifica su razón de ser y halla fundamento legal para su dictado, tanto en lo que refiere al marco normativo como a las circunstancias fácticas objetivas que no pueden ser desconocidas, y que desde el Congreso se debe dar una respuesta a los grupos de familias que se han visto afectadas por la variación del pago de las cuotas de los bienes que han adquirido”, asevera Solanas al solicitar el acompañamiento de su proyecto de ley.