La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó a través de sus cuentas en las redes sociales dos documentos que prueban los procesos de lawfare iniciados en su contra “a partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno”. Según la vicepresidenta, en ese período “se armaron verdaderos grupos de tareas” desde distintas agencias del Estado para articular “una feroz e inédita persecución” en su contra.

Uno de los archivos publicados por CFK se trata de un escrito que fue presentado esta mañana ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, en el que solicita la “nulidad de la deuda” que se le adjudica en uno de los procesos en su contra referidos a deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El texto tiene 73 páginas y niega "enfáticamente la existencia de la deuda en ejecución", por lo que pide que se desestime "la ejecución en su totalidad".

El otro escrito es, precisamente, un informe enviado a la titular del organismo recaudador, Mercedes Marcó del Pont. En parte de sus 55 páginas y con la firma del abogado Carlos Beraldi, Cristina solicita la nulidad de "todo lo actuado por la AFIP" y de "los títulos ejecutivos que resultaron de dichos procedimientos".

Además, pidió que se “abra una investigación administrativa” contra los exfuncionarios del ente recaudador, de cuyos resultados pidió ser notificada “a los fines de efectuar las pertinentes denuncias penales y civiles”.

En ambos textos, definió la titular del Senado, “se demuestra la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que en coordinación con sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mi persona”.

“Una perlita: al ‘procedimiento’ clandestino lo iniciaron el 26 de octubre del 2017, cuatro días después de ser electa senadora nacional por la provincia de Buenos Aires”, añadió Cristina Kirchner y recomendó leer ambos escritos a los que se puede acceder a través del siguiente enlace: "Para los que todavía no creen y para los que aún no se enteraron".

Según la exmandataria, de ambas operaciones iniciadas desde que Cambiemos llegó al poder participaron funcionarios de la AFIP, agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de la Oficina Anticorrupción cuando estuvo a cargo de Laura Alonso, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otros.

La difusión de esos textos en las redes sociales, añadió, fue dirigido a “los que todavía no creen en la existencia del lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del Poder Judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos”.

Fuente: Página/12