El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que a mediados de año habrá un aumento de tarifas “para los sectores que los pueden soportar”. Según describió en declaraciones radiales, se mantendrá la tarifa social “y la lógica de prioridades que los argentinos y las argentinas votaron en octubre”.

La ley de Emergencia Económica votada por el Congreso en el inicio del gobierno del Frente de Todos impuso un congelamiento de los precios del gas y la electricidad hasta el 30 de junio. Hasta hoy era una incógnita el camino que adoptaría el Poder Ejecutivo, pero Cafiero confirmó que están trabajando en un nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir en julio.

Los servicios públicos estuvieron en la mesa de discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la misión que culminó ayer. En esos encuentros, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, planteó que no habría un congelamiento permanente.

FMI

Por otra parte, el jefe de Gabinete sostuvo que el gobierno nacional “está conforme” con el documento emitido ayer por la misión técnica del FMI y destacó que “es muy importante para Argentina tener una visión compartida con el Fondo”, ya que “genera un espacio más holgado para negociar” con los acreedores privados.

“Estamos conformes con el documento del FMI, pero no estamos contentos porque todavía falta mucho camino por transitar. Hay que seguir siendo muy serios como viene siéndolo nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán”, afirmó.

Testigos protegidos

El jefe de Gabinete defendió la derogación del decreto de Mauricio Macri que creó la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados y restituyó el programa anterior, bajo la órbita del gobierno al considerar que era “ridículo” y que se había hecho “entre gallos y medianoche” el anterior traspaso de este programa al ámbito de la Justicia dispuesto a fines de noviembre por la gestión de Cambiemos.

“Lo que se hizo fue suspender un decreto ridículo, que establecía la creación de una agencia que nunca se había creado”, afirmó Cafiero en relación a la norma dictada por Mauricio Macri a poco de la finalización de su mandato.

La derogación de aquel decreto de la gestión de Cambiemos se dispuso este jueves a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 168, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández y todo su gabinete de ministros. “Era una discusión más administrativa de poner en funcionamiento ya el programa, que había quedado acéfalo. El programa sigue como estaba antes, con la gente capacitada del Ministerio de Justicia”, indicó el jefe de Gabinete.

Además, afirmó que lo que hace el programa es “cumplir órdenes judiciales, son determinaciones del Poder Judicial que el Poder Ejecutivo ejecuta” y agregó que “no tiene autonomía propia para decidir qué hacer”.

Fuente: Página/12