Entre las iniciativas sancionadas por la legislatura local, se sancionó una ordenanza que autoría de María Marta Zuiani (Cambiemos), Juan Enrique Ríos (FpV) y Pablo Hernández (Cambiemos), que establece en el ámbito de la Municipalidad de Paraná un régimen de Licencia Especial, con goce de haberes y sin pérdida del presentismo, para las empleadas que sean víctimas de hechos de violencia de género.
La misma contará con la debida justificación emitida por los servicios de atención y asistencia a las víctimas de tal flagelo encargados de evaluar las condiciones y tiempo de la referida licencia.
Sobre este tema, también salió con apoyo unánime un proyecto de comunicación, en el cual expresa su “máxima preocupación por la alarmante cifra de femicidios que sacuden a nuestro país”.
Geriátricos
Una de las normas aprobadas, impulsada por Claudia Acevedo (Cambiemos), regula el funcionamiento de las instituciones que brinden servicios de cuidado a los adultos mayores, sean Gerontológicos y/o Geriátricos, dentro del ejido de la Municipalidad de Paraná, reconocidos, autorizados y supervisados conforme lo establece la ley provincial N° 9823, la presente ordenanza y la normativa aplicable.
El texto normativo sancionado determina que el permiso de habilitación edilicia municipal de estas instituciones será otorgado por la Dirección de Habilitaciones, que se limitará a verificar los requisitos físicos de los inmuebles y no acreditará a la institución a prestar servicios a los adultos mayores.
Este será un requisito previo para la obtención de la habilitación expedida por la autoridad competente a nivel provincial.
Los establecimientos deberán dedicarse exclusivamente al objeto para el cual se encuentran habilitados a funcionar, quedando prohibido que realicen cualquier otra actividad o servicio.
La capacidad de las instituciones que brinden servicios Gerontológicos y/o Geriátricos no podrán superar la cantidad de cuarenta camas, a razón de una cama por paciente.
Cada dormitorio tendrá una capacidad máxima de hasta tres camas simples, cuando el servicio sea brindado por instituciones con fines de lucro, y hasta cuatro camas simples, cuando el mismo se preste por instituciones sin fines de lucro y estatales. Cada establecimiento deberá contar como mínimo con un sanitario como mínimo, cada seis camas y poseer espacios verdes para la realización de diferentes actividades, con una superficie mínima de un metro cuadrado por adulto mayor residente.
Las instituciones que brinden servicios geriátricos de estadía permanente, estarán obligadas a contar con un consultorio médico, espacio físico destinado al alojamiento del personal de guardia y todas las camas de los adultos mayores poseer un sistema de comunicación o llamador con cable espiralado por cama, debiendo estos operarse en forma individual.
Jardines maternales
La legislatura local sancionó también otra ordenanza, impulsada por Acevedo, que regula los jardines maternales y/o de infantes de gestión particular y/o asociada; confesional o no confesional, reconocidos, autorizados y supervisados conforme lo establece la presente norma.
Esta define como jardines maternales o de infantes, a todo establecimiento o institución gestionados por personas humanas o jurídicas privadas, cualquiera sea su denominación y/o ocupación principal, que desarrollen en forma sistemática actividades educativas y de carácter asistencial, destinadas a niños y niñas de cuarenta y cinco días a cinco años de edad.
El permiso de habilitación será otorgado de acuerdo a lo establecido funcionalmente por esta ordenanza, siendo en forma conjunta y/o alternada por la Dirección de Habilitaciones e Inspecciones y la Subsecretaría de Educación.
Respecto a los espacios físicos requeridos, estos deberán prever un lugar de recepción para el público y/o dirección, sala dormitorio para el descanso de los niños, salas para el desarrollo de las actividades de los distintos niveles, grupo sanitario, sector de cambiado con piletas contiguas provistas de servicio de agua fría y caliente, salón de usos múltiple, cocina, comedor y espacio exterior.
Los jardines deberán cumplimentar además medidas mínimas de protección y seguridad como botiquín de primeros auxilios, seguro escolar y servicio de emergencias médicas.
Guarderías caninas
Además, los concejales aprobaron una ordenanza, autoría de los ediles de Cambiemos Emanuel Gainza, Santiago Gaitán y Elsa Salazar, que establece pautas para el funcionamiento de las guarderías caninas con fines de lucro en Paraná, que presten con carácter primordial el servicio de recepción, alojamiento, manutención y cuidado de perros, por período de tiempo determinado y por cuenta y cargo de sus dueños o cuidadores.
La habilitación y control de cumplimiento de esta norma legal estará a cargo de la Dirección de Salud Animal y de la Dirección de Habilitación Municipal.
Aquellos establecimientos que ya estén funcionando, tendrán un plazo de ciento veinte días hábiles a partir de su promulgación, para regularizar su situación.
Al fundamentar la iniciativa los impulsores de este proyecto, señalaron que el mismo tiene “como punto de partida el resguardo de la integridad física del animal y la convivencia ciudadana, respetando los recaudos mínimos de seguridad, higiene y salubridad, que generen un hábitat adecuado para los animales y el debido control por la autoridad municipal”.
Régimen marco de asociación público-privada
El órgano legislativo dio sanción a otra iniciativa propiciada por Acevedo, que tiene por objeto establecer los principios, procesos y atribuciones del sector público para la evaluación, implementación y operación de infraestructura pública, la prestación de servicios públicos y otras modalidades de Asociación Público-Privada, con el objeto de promover, formular, canalizar y ejecutar proyectos de incidencia pública provenientes del sector privado en Paraná.
Estas podrán organizarse como asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, sociedades anónimas, fideicomisos o bajo cualquier otra forma societaria o modalidad, que resulte apta para financiarse por medio del régimen de oferta pública previsto por la Ley 17.811 y sus normas complementarias.
La ordenanza prevé la creación de un Comité de Evaluación de Asociaciones Público-Privadas, que funcionará en el ámbito del departamento ejecutivo y estará constituido con representantes “ad honorem”, debiendo haber representación obligatoria en todas las evaluaciones de las Secretarías de Hacienda, de Función Pública y/o Gobierno, Legal y Técnica, Dirección de Responsabilidad Social-Empresaria y/o Articulación Público-Privada.
En los casos de índole meramente social, será parte necesaria la Secretaría de Desarrollo Social y en las iniciativas de Obras y Servicios Públicos, la Subsecretaría de Ambiente Sustentable.
La referida comisión tendrá a su cargo la recepción y evaluación de los proyectos de iniciativa privada que sean presentados por los interesados.
Si el Departamento Ejecutivo Municipal aprueba la propuesta, elevará los antecedentes al Concejo Deliberante, para que este la declare de interés público y la incluya en el Régimen de Asociación Público-Privada.
Pedido de informes
Además, fue aprobado un pedido de informes presentado por Luis Díaz (UNA/FR), a través del cual se pretende conocer la situación actual de las paradas inteligentes del transporte urbano de colectivos y de los refugios para los usuarios del mismo.
Veto
Fue derivado para su análisis por parte de las comisiones de Legislación y de Obras Públicas, el veto total interpuesto por el departamento Ejecutivo a la ordenanza presentada por Sergio David Cáceres (FpV), que promovía la inclusión de los barrios Capibá, El radar y Juan Pablo Segundo en la planificación de las obras en el marco del plan PROMEBA – IV
Espacio voz y opinión ciudadana
En el espacio voz y opinión ciudadana, usaron de la palabra Mariano Osuna (Foro Popular Siempre), Julián Jarupkin (Asociación Civil Casa Solidaria) y Desiree Scaglione (Suma de Voluntades), quienes expusieron sobre la problemática referida a las personas en situación de calle en nuestra capital, señalando la situación de urgencia y emergencia social por la que estos atraviesan.
Presentaron la propuesta de ampliación de la ordenanza vigente sobre el tema, indicando que la cuestión amerita su abordaje integral a través de un equipo multidisciplinario de asistencia, que “posibilite un verdadero proyecto de vida de estas personas y les permita alcanzar un digno proyecto de vida”.
También hizo uso del mencionado espacio, la Comisión Vecinal de Villa Yatay, a través de su presidente Noelia Zampa y de la vecina Cinthia Bourbotte, quienes expusieron ante los concejales los inconvenientes que ha traído aparejada la construcción de la concesionaria “Toyota-Haimovich”, en jurisdicción de la aludida vecinal.
Expresaron que las obras de dicha concesionaria han ocasionado desmoronamientos de barrancas que afectan la estabilidad y estructura de las casas de numerosos vecinos, la usurpación de espacios públicos por parte de la empresa aludida, la contaminación del arroyo Culantrillo y la canalización de aguas pluviales, que incluso ponen en riesgo la circulación de la avenida Gobernador Uranga, vía de acceso al Túnel Subfluvial.
“Nuestras están todas dañadas en calle Candiotti al final, la referida firma comercial solo busca el lucro en su propio beneficio, por lo que requerimos de este honorable cuerpo una urgente respuesta ante el manoseo a que hemos sido expuestos y la falta de respuesta a nuestros reclamos ante los organismos municipales competentes”, señalaron los vecinalistas.
