La legalización permitió además que prácticamente desaparezca el estigma que había en torno al tema, agrega Soledad González, politóloga feminista, del área de Derechos Sexuales y Reproductivos de Cotidiano Mujer, una ONG que formó parte de la coalición de organizaciones que militaron históricamente por convertir en derecho la interrupción voluntaria de embarazo en Uruguay.

En diálogo con Página/12, las dos expertas analizaron el impacto de la implementación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en estos cinco años y advirtieron sobre los aspectos que deberían mejorarse –y tenerse en cuenta en la discusión en el Congreso en Argentina, para no repetirlos– con el objetivo de garantizar efectivamente a las mujeres la interrupción legal de embarazo y, evitar que recurran a la clandestinidad, con todos los riesgos que eso significa.

Aunque no es la mejor ley, porque obliga a las mujeres a cumplir con un proceso burocrático de varias consultas y un período de reflexión de cinco días, “es muy importante que se haya aprobado porque permite que hoy unas 10.000 mujeres al año aborten en la legalidad”, señaló González. La norma despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, siempre que la mujer siga con un proceso de tres consultas, y hasta las 14 semanas si se trata de un embarazo producto de una violación. Cuando está en grave riesgo la vida de la mujer o el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, no hay límites de tiempo para una IVE. Pueden acceder al aborto las mujeres uruguayas mayores de 18 años, las extranjeras con un año de residencia y las adolescentes, con aval médico, o acompañada por uno de sus padres o con orden judicial. En el caso de las mujeres con discapacidad intelectual, el aborto lo tiene que solicitar su curador.

Del total de mujeres que consultan en los servicios de salud para interrumpir legalmente un embarazo, el 94 por ciento persiste en su decisión, y solo un seis por ciento, finalmente decide continuar con la gestación, de acuerdo con las estadísticas oficiales difundidas por el Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Esta proporción se mantiene constante, año a año.

–¿Qué cambió en el imaginario social en relación al aborto con la aprobación de la ley? –le preguntó Página/12 a Rostagnol
–El mayor impacto ha sido la despenalización social. Socialmente la gente sabe que es algo legal, que no se tiene que hacer clandestinamente, que se puede hablar. En realidad, el aborto salió del closet unos años antes, cuando se implementó desde el gobierno la política de consejería pre y post aborto. Pero con la ley instaurada esa idea se amplió. La ley bajó el estigma sobre el aborto. Hoy el aborto tiene una legitimación que no tenía antes de la ley. Quienes están en contra, son aquellos asociados a las iglesias evangélicas o al Opus Dei, un enclave bien delimitado. Lo que sí sucede todavía es que hay mucha desinformación sobre cómo se aplica la ley. Muchas mujeres piensan que el aborto se hace en la policlínica y no que les dan medicación, misoprostol y mifepristona, para hacérselo en su casa. La ley es perfectible. No es la ley que queríamos. Hay objetores de conciencia que la obstaculizan. Pero a pesar de las dificultades para la accesibilidad, las mujeres abortan hoy sin temor y eso es fundamental. Dejó de ser algo donde se puede perder la vida, no está la vida en juego cuando una mujer aborta. Y eso es muy importante.

Un dato que muestra la importancia de la legalización y despenalización, apunta González, es que, desde que entró en vigencia la ley, no se produjeron muertes por abortos dentro del sistema de salud. En cambio, se registraron tres fallecimientos por esa causa como consecuencia de prácticas clandestinas, que todavía persisten, por varias razones. Por un lado, el mismo burocrático proceso que exige la ley, para poder acceder a un procedimiento legal: a veces hay mujeres que no llegan a cumplimentarlo dentro del plazo de las 12 semanas, porque hay demoras en los mismos servicios en darles turno. Otro motivo es que en algunas provincias –o departamentos, como se llaman en Uruguay– la casi totalidad de médicos ginecólogos se declararon objetores de conciencia, como una virtual medida de desobediencia civil a la normativa.

–Antes de la aprobación de la ley, se estimaba que había cerca de 33 mil abortos anuales en el país. Hoy tenemos alrededor de 10 mil. No creemos que hayan disminuido en esa medida, sino que todavía una proporción elevada de mujeres termina en la clandestinidad. A veces tienen que hacer 300 o 400 kilómetros para llegar a un hospital donde haya un servicio médico que les brinde atención, y eso se convierte en obstáculo –indicó González, de Cotidiano Mujer.

–¿Qué significó la ley para las mujeres?
–La legalidad hace que todas podamos hablar del aborto en todos lados, que hagamos denuncias sobre las malas prácticas, las demoras en la atención, y que además podamos dar talleres en colegios secundarios porque las adolescentes también tienen derecho al aborto. Se rompió un tabú. Toda la discusión pública cambia a partir de que es legal el aborto. Además, es más económico el aborto. Se pasó de 500 dólares que costaba en la clandestinidad, antes de la aprobación de la ley, a que las mujeres tengan que desembolsar solo el equivalente a entre 3 y 5 dólares, por el bono que se paga por cualquier atención médica y el acceso a medicamentos.

–¿Y cómo funciona en la práctica el procedimiento que debe cumplir la mujer que quiere abortar?
–Tienen unos cuantos problemas, pero como en tantas otras cosas, las mujeres logramos sortear las barreras y dificultades, para terminar abortando en el marco de la legalidad. Es una ley compleja de implementar, por el porcentaje de médicos que se declararon objetores de conciencia. Además, durante el debate en el Parlamento nunca se calculó la cantidad de personal de salud que iba a ser necesario para conformar los equipos interdisciplinarios que obligatoriamente las mujeres tienen que consultar. La ley dice que a las 24 horas de la primera consulta la mujer tiene que tener esa entrevista con el equipo interdisciplinario. Pero no existe en el sistema de salud esa cantidad de personal disponible para que el sistema funcione como dice la ley. Mujeres que llegan cerca de las 12 semanas, muchas veces no pueden abortar en la legalidad. Y nadie se hace cargo de esa situación desde el Estado. Las mujeres quedan sin ningún amparo. En el hospital Pereira Rossell, el más grande del país, ubicado en Montevideo, si la mujer llega de 11 semanas, se le garantiza que ese día tenga la primera consulta y la entrevista con el equipo interdisciplinario, y a los cinco días puede acceder a una IVE. Pero esto no sucede en todos los centros de salud. En algunos el proceso demora no menos de 15 días y más, también. Estamos denunciando desde Cotidiano Mujer que en algunos lugares están dando turno para la segunda consulta, recién un mes después. De todas formas le ley ha sido muy importante. Fue la ley posible cuando se votó. Seguramente en un futuro cercano se puede reformar para mejorarla y sacar las exigencias innecesarias, entre otras barreras.