La trata de personas es calificada por los especialistas como la esclavitud del siglo XXI, y es un flagelo que constituye una clara violación a los derechos humanos. Su principal vehículo es la existencia de una red comercial de explotación de personas, tanto sexual como laboral. El Concejo Deliberante de la capital provincial sancionó una ordenanza que busca combatir este ilícito y que se pone a tono con la legislación nacional, ya que Argentina es un país abolicionista con respecto a este hecho. Esta norma prohíbe la habilitación de “cabarets, whiskerías y en general todas las casas o locales que bajo cualquier forma o denominación de características similares, que con acceso abierto o restringido, permita que sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros, hayan aquéllos prestado o no su consentimiento para ello”. Las habilitaciones de los locales que actualmente “funcionen en el marco mencionado” caducarán a los 12 meses de publicada la ordenanza y ya no se recibirán presentaciones de similares características.

Desde la Dirección de Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad de Paraná afirman que nunca se autorizó en la ciudad un local bajo el rubro cabaret o whiskería, los cuales fueron derogados con la sanción de la ordenanza. ANALISIS solicitó a dicho departamento un informe que detallara cuál es la figura legal bajo la cual operan una serie de lugares donde las ONGs vinculadas con la problemática y el edil Gabriel Molina -autor de la iniciativa- señalan que existe explotación sexual. El resultado arrojó que sólo tres de esos sitios poseen en este momento habilitación comercial, bajo el rubro “bar sin elaboración de comidas (sin eventos musicales, ni espectáculos en vivo)”, mientras que otros tres la solicitaron bajo el mismo rótulo, pero les fue denegada. Del resto no se brindó información: sus licencias no existen, o bien fueron dadas de baja con anterioridad. Sin embargo, funcionan. Esto indica que la situación es compleja ya que, como es de suponer, excede ampliamente el aspecto reglamentario.

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