Por Sofía Arnaudín
El 28 de abril del año 1997 se promulgó la Ley Nacional del Teatro N° 24.800, una ley que nació de un movimiento coordinado de trabajadores del arte que daba cuenta de la necesidad de crear marcos legislativos que impulsaran al Estado a llevar adelante políticas públicas de promoción, apoyo y fomento de la actividad teatral independiente.De este modo lo expresa el Artículo 1 de dicha ley: “La actividad teatral, por su contribución al afianzamiento de la cultura, será objeto de la promoción y apoyo del Estado Nacional”.
La Ley Nacional de Teatro dio lugar a la creación del Instituto Nacional de Teatro (INT), un organismo colegiado que funciona como rector de la promoción y apoyo de la actividad teatral en todo el territorio del país, llevando adelante becas de formación y de financiamiento, subsidios, equipamiento y compra de salas. El Instituto Nacional de Teatro depende de la Secretaría de Cultura de la Nación y es conducido por un Consejo de Dirección que -según lo estable el Artículo 9 de la Ley Nacional de Teatro- está conformado por: a) El director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, designado por el Poder Ejecutivo; b) Un representante de la Secretaría de Cultura de la Nación; c) Un representante del quehacer teatral por cada una de las regiones culturales argentinas, uno de los cuales será elegido por sus pares del Consejo de Dirección como secretario general del mismo; d) Cuatro representantes del quehacer teatral, elegidos a nivel nacional sin especificación territorial; e) Los representantes provinciales que deben ser designados mediante concurso público de antecedentes.
De este modo, el Instituto Nacional de Teatro busca un funcionamiento lo más transversal, federal y democrático posible, para dar lugar a las propuestas teatrales de todo el país. Pero este modo de funcionamiento se vio avasallado a fines de septiembre de este año, cuando el director Ejecutivo, Marcelo Allasino, elevó al Ministerio de Economía el proyecto de presupuesto 2019 sin ser consultado ni revisado por el Consejo de Dirección.
Santiago Marcos es el representante provincial por Entre Ríos en el Instituto Nacional de Teatro. En diálogo con Revista ANÁLISIS cuenta que “el artículo 23 de la Ley Nacional de Teatro dice que este presupuesto tiene que ser elevado a Hacienda a través del Consejo de Dirección y el director Ejecutivo lo envió a espaldas del Consejo de Dirección. Nosotros los consideramos un hecho muy grave, que viola la ley. Además de ser un presupuesto que contempla un recorte del 50 por ciento para 2019, donde se van a ver afectadas becas de estudio, de perfeccionamiento, funcionamiento de salas, subsidios para producción de obras, para giras, para todos los planes de acción que tiene el Instituto Nacional de Teatro. No sólo para los hacedores teatrales, sino que es una ley que está hecha para la comunidad, porque los circuitos que nosotros hacemos, las giras, son para la gente”.
(Más información en la edición gráfica número 1087 de la revista ANALISIS del jueves 11 de octubre de 2018)
