El director ejecutivo adjunto del CPJ, Robert Mahoney, en una rueda de prensa con la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
El prestigioso Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York pidió este jueves al juez federal Luis Rodríguez que retire el procesamiento que dictó contra el periodista Daniel Santoro, quien “ha sido objeto de repetidos hostigamientos legales durante al menos dos años”.
En una alerta difundida a todo el mundo y luego de llamar al juzgado de Rodríguez y analizar el fallo, la organización advirtió que la decisión del juez Rodríguez de considerar que una consulta a un investigado antes de publicar una nota es parte de un delito, como hizo Santoro con Traficante, "sienta un precedente peligroso para todos los periodistas en Argentina".
El 19 de abril, el juez Luis Rodríguez acusó a Santoro, periodista de investigación, de ser partícipe de un intento de extorsión, según un documento judicial que revisó el CPJ.
“La acusación se deriva de las conexiones de Santoro con Marcelo D’Alessio, un ciudadano argentino que ha sido acusado de presuntamente extorsionar a empresarios amenazándolos con una cobertura noticiosa desfavorable, según el documento judicial”, agregó en el comunicado. Santoro le dijo anteriormente al CPJ que D’Alessio era una fuente periodística.
El juez determinó que Santoro actuó como un "participante necesario" en el supuesto intento de D’Alessio de extorsionar al empresario Gabriel Traficante en 2016 cuando el periodista envió a Traficante un mensaje de WhatsApp solicitando comentarios para un artículo, según Clarín. Si es declarado culpable, Santoro podría enfrentar hasta cinco años de prisión, según el código penal de Argentina.
“La acusación penal de Daniel Santoro en base a una solicitud de comentarios que envió a un sujeto de un artículo de investigación muestra una falta deliberada de comprensión de cómo operan los periodistas y sienta un precedente peligroso para todos los periodistas en Argentina”, dijo el Programa de Centro y Sudamérica del CPJ. Coordinadora Natalie Southwick, publicó Clarín.
Además, Southwick dijo que "las autoridades argentinas deben retirar la acusación penal contra Santoro y garantizar que las investigaciones penales no amenacen la libertad de prensa".
Santoro negó cualquier conducta criminal en una llamada telefónica con el CPJ ayer: “El juez usa una práctica periodística virtuosa - para pedir comentarios a los mencionados en un reportaje - para acusarme. Una vez más me alimentan a la máquina que destruye a los periodistas”. Los abogados de Santoro apelarán a la cámara federal, dijo al CPJ.
El año pasado, el ex juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla acusó a Santoro de asociación ilícita y espionaje, también derivado de presuntos vínculos con las presuntas prácticas delictivas de D’Alessio, como documentó el CPJ. El cargo fue anulado por la Cámara Federal de Mar del Plata en diciembre de 2020.
En el curso de la investigación sobre D’Alessio en 2019, el juez convocó a Santoro y obtuvo sus registros telefónicos luego de citar a la compañía telefónica local, como documentó el CPJ.
Las llamadas del CPJ al juzgado de Rodríguez no recibieron respuesta. D’Alessio se encuentra en prisión preventiva, según informes de los medios, y el CPJ no pudo localizar el nombre ni la información de contacto del abogado de D’Alessio.
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