Sergio Dellepiane (*)

Una vez más la república enfrenta complicaciones de todo orden. Arme la lista según su paladar. Lo que se puede constatar es el agotamiento de otro ¿modelo? más. Hemos probado tantos que podríamos ser considerados los especialistas de los modelos políticos de gobierno y de la gestión pública, decididamente inaceptables y de resultados desastrosos dentro del concierto de naciones con regímenes democráticos.

Lo que el mundo desarrollado ha adoptado en este sentido incluye, apertura y desregulación económica, estabilidad monetaria y la privatización de la función empresaria del estado. Hay que agregar la optimización, cuando no reducción, de estructuras sobredimensionadas, ineficientes y reiteradamente corruptas, en muchos casos desde su propio origen.

Lo que aún falta es que los hacedores de la política, los “conocidos de siempre”, adecuen sus conductas para que lo que la ciudadanía advierte como un accionar de la hermandad del silencio, se discuta desde la tribuna de la ética y la moral, y puedan ser analizados “sin fueros” a la luz de la Justicia, que debiera previamente, cuestionarse seriamente su modo “político” de cumplir y hacer cumplir las leyes en vigencia.

El comportamiento corporativo, que se muestra desvergonzado y se traslada, en mayor o en menor grado a todos los niveles de la función pública, mantiene un elevadísimo costo de operación para las actuales condiciones económicas del país, se ha vuelto infinanciable.

Retumban como actuales las palabras de un presidente de la nación caído en desgracia cuando afirmaba “el desempleo, la fragmentación social, la crisis política interna…; sumados a una situación externa desfavorable en lo comercial y financiero…; es una combinación que puede llevar a nuestra economía a una verdadera catástrofe…; si no actuamos bien y rápido” (De la Rúa – 10/11/00).

En una economía en crecimiento, los costos de la corporación política se disimulan dentro de una torta que se agranda. De algún modo, aunque unos más que otros, todos están un poco mejor. Por el contrario, en una economía estancada o peor aún, en retroceso, los que mejoran su situación relativa, lo hacen siempre a expensas de aquellos que ven empeorar la suya.

Ante cualquier diagnóstico incorrecto el mejor remedio resultará equivocado, cuando no contraproducente, acentuando el agravamiento de las condiciones imperantes.

Cualquier nivel de déficit fiscal es malo para cualquier economía, incrementa el riesgo de insolvencia. Aumentar las tasas de interés siempre será recesivo. Emitir dinero sin respaldo sólo generará mayor pérdida de poder adquisitivo. Elevar las retribuciones (salarios, jubilaciones y prestaciones de asistencia social) por decreto, acelerará la debacle inflacionaria.

En ningún momento de su dilatada historia la ciencia económica ha sostenido que un déficit puede ser bueno, menos aún que el mismo, aunque sea temporario, contribuya al crecimiento. Que el argumento resulte políticamente adecuado y conveniente, siempre será económicamente erróneo.

En algún momento tendremos que analizar a conciencia uno de los factores que contribuyen significativamente al descalabro que hace tiempo padecemos. El costo de mantener a la corporación o casta política.

Tres son, en mi opinión, las cuestiones a considerar principalmente.

Una se relaciona con los Costos por lo que hacen. La provisión de bienes públicos (funciones indelegables del estado) requiere de una estructura administrativa. La función burocrática de gobierno. El problema se manifiesta cuando, en cada cambio de autoridades, impelidos por promesas, amiguismo, nepotismo y varios etcs, se agrega una capa geológica de empleados públicos, tanto más numerosa cuanto mayor hayan sido los compromisos asumidos para llegar.

Otra se asocia a los Costos por lo que dicen. Mensajes manifiestamente desordenados, cuando no contradictorios, confunden a los agentes económicos y sólo logran incrementar la incertidumbre, y/o espantar a propios y foráneos. La aberración se alcanza cuando los extremos se tocan, al pasar de sostener que “el déficit público es la causa de todos nuestros males” a pretender convencer a incautos que “el déficit público es el principal instrumento para el blindaje social y el crecimiento”.

La última tiene su fundamento en el Costo por lo que no hacen. Retribución elevada, justo a tiempo, por trabajos con menor carga horaria. Producción perdida por horas no trabajadas a pesar de estar muy bien remuneradas. Adicionar la incomprobable productividad de asesores, secretarios, asistentes ¿familiares? que orbitan alrededor de cada numerario político. Hay que sumar la magnitud de los bienes y servicios no producidos en esta potencial ocupación alternativa. Otro costo de oportunidad imputable a la corporación, difícil de cuantificar, pero no menos importante.

Desde lo estrictamente económico, debemos reconocer que los costos de la casta han pasado a ser uno de los factores obstaculizadores del libre tránsito que debiéramos poder recorrer fluidamente por la ya complicada ruta del crecimiento económico.

Hasta que no logremos consensuar un estado eficiente, dinámico y, por sobre todas las cosas, inteligente y exclusivamente al servicio de nosotros, sus representados, resultará harto complicado reducir el gasto público y salir del estancamiento.

(*) Docente