Por Víctor Hutt (*)

El jueves 3 y viernes 4 de marzo escuchábamos las decisiones del gobierno entrerriano expresadas en la voz del presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, que fue el encargado de difundir lo resuelto por el gobernador Gustavo Bordet y no podemos dejar de marcar las contradicciones en su discurso, la falta total de coherencia en sus decisiones, a saber.

- En los días previos a la decisión de la docencia entrerriana, en la cual se decide rechazar la oferta salarial por insuficiente, fue el mismo Müller y también Bordet, los que salieron a instalar en la prensa provincial un acuerdo salarial con los trabajadores de la educación. Un acuerdo que no era verdadero, porque simplemente se pasaba una oferta a evaluar por todos los y las docentes, pero en ese momento hablaban maravillas del gremialismo; allí no denunciaban a sus dirigentes, no hablaban de internas, sólo maravillas.

- Una vez que se expresó la docencia toda, en miles de asambleas escolares, asambleas departamentales y congreso y se resolvió iniciar un plan de acción, iniciaron un discurso demonizador de las dirigencias gremiales. En pocos días, quedó a la luz que el acuerdo que habían difundido por los medios no era verdadero, y lo sabían, porque sabían que los dirigentes no resuelven en AGMER, son las bases, son todos y cada uno de los docentes que tienen el derecho a la participación en la toma de decisiones. También quedaron en marcada contradicción los sectores antisindicales que juegan partidariamente al interior y acusaban a la dirigencia de acordar, ratificando la mentira del gobierno.

- El jueves 3 de marzo, luego de dos extensas jornadas de participación docente en la toma de decisiones, se resolvió un plan de lucha que incluye paros y el gobierno provincial, con Müller como vocero, sale a los medios a decir que el resultado del rechazo y medidas de lucha no son el reflejo del sentimiento de los trabajadores y trabajadoras, activos y jubilados, sino la imposición de una dirigencia gremial, pero el castigo es para la docencia, activa y jubilada.

Luego analizaré en qué consiste el castigo, pero aquí aparece una grave contradicción: en su discurso intenta poner a los y las docentes y también a los jubilados docentes, como víctimas del sindicalismo. Si verdaderamente lo entendiera así, ¿por qué castiga a las víctimas? Me gustaría que lo respondiera, pero es imposible pedirle estas respuestas, porque sólo habla por los medios en base al poder que le da el manejo de la pauta y sabe que nadie le hará ese cuestionamiento.

Razonemos el párrafo anterior desde una lógica inversa. Comenzando por el castigo, ¿a quiénes castigó? A todos y cada uno de los docentes activos y jubilados. Entonces, ¿a quiénes considera responsables de la decisión del plan de lucha? A todos los docentes activos y jubilados que tuvieron abierta la participación en las asambleas. Si analizamos la situación desde el castigo, estamos comprobando que tiene muy claro que la decisión no fue de un grupo de dirigentes gremiales, sino de todo el colectivo docente. ¿Entonces miente o tiene un desequilibrio en el razonamiento que lo lleva a estas contradicciones?, ¿O ambos?

Estamos ante la presencia de uno de los peores castigos históricos, por la combinación de acciones represivas, el retiro de la oferta salarial, que no significaba un aumento sino una actualización salarial por inflación e implica que, de aquí en más, el efecto de la inflación nos arrancará a docentes, activos y jubilados alrededor de un 4% mensual. Ese 45% que se ofrecía para septiembre, al retirarse, implica una quita salarial equivalente a la oferta. Y además se le suma otro castigo, el descuento por cada día de paro que realicen los docentes.

Estas dos formas de castigo van al estómago de las familias de los docentes, son una piña al estómago, porque quita el sustento de la mesa familiar docente, es un castigo a unos 200.000 entrerrianos, es un castigo que deja con hambre a trabajadores con salarios que ya están por debajo de la línea de la pobreza. El látigo sería menos castigo, porque sólo lastimaría la espalda de los trabajadores activos, pero el castigo del empobrecimiento se dirige a los estómagos de toda su familia.

Hasta ahora conocíamos el castigo de los descuentos por días de paro, sólo a los docentes activos que le ponían el cuerpo a las luchas docentes, ahora se le suma un castigo más cruel y generalizado, a los que luchan y a los que no luchan y también a los jubilados.

Pero a estos dos castigos se le suma otro: el escarnio social, las falaces acusaciones ante la sociedad, acusando a los docentes de mezquinos. Justamente a esa docencia que se hizo cargo de sostener la escuela desde sus casas cuando la pandemia requirió el cierre de escuelas para cuidar la vida de la sociedad; esa docencia que cubre el deterioro al que han sometido los gobiernos a la escuela pública, que le pone el cuerpo a las necesidades. Justamente ese gobierno que empobrece el sistema educativo, que no crea los cargos necesarios, que no destina recursos para las escuelas, castiga públicamente acusando de mezquino al colectivo docente.

Las declaraciones resaltan la importancia de la vuelta a clases después de la pandemia y pone esa responsabilidad únicamente en los docentes, los que siempre estuvimos en la escuela, incluso cuando el gobierno nos abandonó y debimos resolver solos cómo seguir en pandemia, cómo llegar a nuestros estudiantes con y sin recursos, en medio de un año sin actualización salarial. Nos piden compromiso para volver con todo después de la pandemia, ése es verdaderamente nuestro sueño y estamos preparados para eso; a quien le falta entenderlo es al gobierno, que es quien tiene que producir la recuperación del salario perdido por sus políticas. Si no se vuelve a pleno después de la pandemia es por responsabilidad del gobierno entrerriano, no de las víctimas a quienes decidieron castigar.

¿Hablamos de mezquindad? El gobierno entrerriano está haciendo caja precisamente con su política salarial, la reactivación económica posterior a la peor etapa de la pandemia hizo que la recaudación en Entre Ríos superara en 2021 por 23 puntos a la inflación, eso indica que tiene recursos de sobra y pretenden seguir haciendo caja manteniendo los salarios con las pérdidas que generaron en años anteriores. Es muy simple, hay que sumar y restar para entender que la clave de la “gran administración” de Entre Ríos se apoya en quitar salarios a los trabajadores y no cubrir los cargos necesarios; son unos “fenómenos” como contadores, pero tienen que pensar que somos muy “brutos” para no darnos cuenta.

Para ir terminando con la exposición de contradicciones y mentiras del discurso del gobierno entrerriano, tenemos que ver claramente que la oferta salarial presentada, que resultaba interesante si caíamos en la trampa de mirar sólo el 2022 y olvidáramos la historia reciente, en realidad no fue una oferta del gobierno de Entre Ríos –que nos tuvo durante todo enero y febrero sin hablar de actualización salarial-, fue la réplica obligatoria por efecto de la paritaria docente nacional y aquí aparece una amenaza discursiva que se transforma en el anuncio de la comisión de un delito, porque el retiro de la oferta no es posible legalmente. El gobierno entrerriano debe cumplir estrictamente con la paritaria nacional, porque es vinculante para las provincias. Su bronca antisindical lo llevó a actuar desaforadamente y anunciar públicamente la comisión de un delito.

Siguiendo las lógicas de las declaraciones, tendríamos que hacer el esfuerzo de comprender que están anunciando que van a castigar a las víctimas, que quienes le ponen el cuerpo a la escuela pública por la falta de recursos del gobierno son los mezquinos de la sociedad, que se quieren asignar la presentación de una oferta que en realidad es una bajada legal de la paritaria nacional y nos anuncian públicamente, a viva voz, que cometerán el delito de incumplir una paritaria que desde que se firma tiene peso de ley nacional.

Unas apostillas más. El resto de los sindicatos docentes están adhiriendo a una plan de lucha similar al de AGMER, el paro del día viernes 4 de marzo tuvo un acatamiento superior al 90% de la docencia, a pesar de las amenazas, a pesar de las agresiones, a pesar del discurso antisindical con difusión por cadena provincial.

Los docentes queremos solucionar el conflicto, sin látigo, sin agresiones, sin castigos de la época medieval, simplemente pedimos recuperar el salario que nos quitaron y sabemos con seguridad que la provincia tiene los recursos.

No sigamos dañando a nuestra escuela pública, dialoguemos, entendamos los reclamos que son genuinos y acerquemos las soluciones que están al alcance de la economía entrerriana.

(*) Docente de Concepción del Uruguay. Afiliado a AGMER