El Tribunal de Cuentas realizó una presentación formal ante el Ministerio Público Fiscal para notificar la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por parte del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y de miembros de su gabinete. Es en relación a la compra de maquinaria con supuestos sobreprecios.
Las actuaciones del organismo de control se originan en la detección en 2013 de un presunto sobreprecio pagado en la compra directa de una cargadora frontal y de una retroexcavadora por parte de la Municipalidad de Santa Elena.
El organismo atribuyó la responsabilidad por este daño a la hacienda pública los entonces funcionarios Adolfo Zenón Ortiz, María Inés Martínez y Roberto Carlos Méndez y al entonces -y también actual- intendente Domingo Daniel Rossi (PJ).
En diciembre de 2022, casi 10 años después de la adquisición, el TdC remitió las actuaciones a la Municipalidad de Santa Elena para que iniciara las gestiones judiciales necesarias para recuperar el monto del perjuicio. Sin embargo, el Departamento Ejecutivo expresó formalmente que no iniciaría ninguna acción al respecto.
Según el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal, al que accedió ANÁLISIS, ante la falta de avances en el recupero del dinero, el 5 de febrero de 2025 se iniciaron nuevas actuaciones para investigar el destino de los trámites y se libraron nuevos oficios pidiendo precisiones sobre la gestión del resarcimiento. Se vencieron los plazos y el municipio nunca contestó.
Desde la asesoría jurídica del TdC se remarcó que existe un evidente conflicto de intereses, ya que Rossi -quien por ley debería impulsar la demanda de recupero- es una de las personas señaladas como responsables del perjuicio, motivo por el cual debería haberse excusado.
Ante la situación, el lunes de esta semana el TdC notificó formalmente al Ministerio Público Fiscal “la posible comisión de un ilícito penal en los términos de los artículos 248 y 249 del Código Penal y la posible configuración de un incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Fuentes judiciales informaron a ANÁLISIS que el próximo paso es analizar si se da curso a la presentación y se inicia una investigación penal preparatoria.
Otras cuentas pendientes
En al Ministerio Público Fiscal en las últimas semanas se avanzó en otro legajo que involucra al intendente de Santa Elena. Es en un expediente que se abrió tras una denuncia pública realizada el año pasado por Ariel Juárez, coordinador de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en la localidad, quien solicitó información sobre los 170 millones de pesos que recibió de Nación el municipio en octubre de 2023 para el Parque Industrial, dinero que no se habría destinado al proyecto. Rossi ya tuvo que designar abogado
Cabe recordar que está pendiente la realización del juicio oral y público por supuesto pago de sobreprecios en una obra pública de pavimentación en el que está imputado el intendente y otros exfuncionarios. Rossi está acusado por supuesto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras, proyecto ejecutado en 2014, y denunciado en 2016 por su concuñado y sucesor al frente de la Intendencia, Silvio Moreyra (PJ).
Por otro lado, en junio de 2006 quedó firme la condena contra Rossi, quien fue declarado como autor material y responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público y, en consecuencia, se lo condenó a la pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta por el término de ocho años y a abonar una multa de 90 mil pesos.
Esa causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 1° de diciembre de 2009 la dejó firme. Actualmente, en la Fiscalía de Paraná hay abierto un expediente en la que se investiga nuevamente el delito. En el legajo también se encuentra Patricia Díaz, esposa de Rossi y senadora provincial (PJ – La Paz).
