El Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) volverá a recurrir a la Justicia para evitar la caza menor en la provincia.
Mediante la resolución Nº 888, la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos resolvió abrir la temporada de caza deportiva menor hasta el 27 de agosto.
La normativa permite que se puedan abatir patos, perdices y liebres, pero con la condición que sólo se lo puede hacer a través de una empresa de turismo aventura, según se especifica la normativa.
Desde el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) lamentaron que la medida se dé justo cuando se iniciaba una mesa de diálogo para abordar la problemática. Sobre los considerandos, el representante de la entidad socio ambiental, Gabriel Bonomi, criticó la “irresponsabilidad” de fundamentar la cacería de especies autóctonas en base a “estudios inconclusos”, así como resulta un escándalo que el sistema de caza se haya “privatizado”. Adelantaron que harán una presentación judicial.
El 19 de mayo, el director de Recursos Naturales provincial, Mariano Farall, firmó la resolución mediante la cual abre el período de caza deportiva menor desde la fecha en que está refrendada hasta el 27 de mayo del corriente año. Se podrá realizar esta práctica “exclusivamente en establecimiento de turismo aventura inscriptos en la Dirección General de Fiscalización”, señala el artículo 1º de la normativa. Estas empresas de servicios cinegético en la actualidad son 14, se indicó extraoficialmente al portal Era Verde.
Este es quizás una de las grandes novedades que ya comenzó a generar un corrillo de malestar entre los operadores que no se encuentran inscriptos.
En tanto el artículo 2º establece que las especies “susceptibles de caza” son la libre (lepus eruopaeus), el pato pampa (dencrocygna viduata), el pato bicolor (dendrocygna bicolor), el pato picazo (netta peposca) y el pato barcino (anas flavirostris).
La habilitación de la caza menor de este año viene precedida de encendidas polémicas. En primer lugar, porque la temporada 2022 fue anulada por un amparo ambiental otorgado por la Justicia y ratificado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos. En aquella presentación se fundó la falta de estudios que permitiesen conocer el estado de la población de las especies autóctonas que se permitía matar.
En este orden, organizaciones socio ambientales viene sosteniendo la necesidad frenar por al menos cinco años la caza para efectuar “estudios fehacientes y participativos” que permitan conocer “las poblaciones de aves susceptibles de la caza”, así como evaluar “contaminación producida por el plomo de las municiones” y para que se tenga tiempo de contar con “personal capacitado en tareas de control y fiscalización de fauna”. Por esto propusieron a las autoridades generar un espacio amplio para arribar a consensos entre distintos actores, ya que habían sido dejados fuera de reuniones convocadas sólo con organizaciones de caza y turismo cinegético.
Por otro lado, la cacería de patos y perdices se vio envuelta en 2023 en las restricciones producto de la crisis sanitaria por gripe aviar, donde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) emitió una serie de recomendaciones para evitar el contacto directo con aves silvestres.
La resolución 888 se refiere a las dos cuestiones: al proceso judicial que atravesó el intento de normativa en el período anterior, y por eso alude que para 2023 se realizaron avances en los estudios de las condiciones de la fauna por matar. También plantea que el Senasa revió algunas medidas sobre la prevención de la influenza aviar. Pero resulta que los análisis citados son discutidos por arbitrarios y el estado de situación de la peste que afecta a las aves tuvo un giro inesperado en las últimas horas al registrarse el primer caso en Entre Ríos.
Caza privada
Al conocerse la apertura de caza menor en Entre Ríos, desde Ceydas se lamentó “que el Gobierno ignore sistemáticamente los reclamos, no sólo de las entidades animalistas y ambientalistas de la provincia, si no que la mayor parte de la sociedad está pidiendo a gritos que no se habilite más la caza de autóctonas, por considerarla cruel, violenta, anacrónica, irresponsable y que atenta contra el patrimonio natural y cultural de los entrerrianos”, consignó al portal Era Verde Gabriel Bonomi, integrante de la ONG.
Es lamentable que hay decidido nuevamente habilitar en el marco que se habían generado instancias de diálogo y de debate entre los distintos sectores involucrados para avanzar en consensos sobre la caza de especies autóctonas. Nosotros esperábamos un gesto para que esto se habilite de la mejor manera. Evidentemente se tiene muy poco tacto, esta no es la mejor manera de comenzar el diálogo, y realmente lamentamos que este Gobierno ignore los reclamos del 95% de la sociedad que está reclamando un cambio”, planteó el docente.
En cuanto a otras consideraciones de la norma, Bonomi observó que “los estudios de los que dice basarse (el director de Recursos Naturales, Mariano) Farall para habilitar la caza fueron solicitados por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo que es la principal promotora de la caza en el país. Evidentemente esos estudios deben tener un sesgo muy grande, pero por otra parte los estudios mismos dicen que para llegar a conclusiones acerca de la situación poblacional de las especies se deben hacer muestreos por varios años. Estos estudios no tienen conclusiones. Es decir que la Provincia está habilitando irresponsablemente la caza de especies autóctonas basada en estudios que están inconclusos. Esto es un despropósito y una muestra más de incapacidad de los funcionarios a la hora de tomar este tipo de decisiones”, fustigó.
El referente de Ceydas apuntó que la normativa “reduce el espacio de caza ya no a lugres públicos, sino a los lugares privados que manejan las empresas de turismo cinegético. Es increíble, pero se está privatizando la caza. Se le está dando un poder enorme a los cotos de caza y las empresas que lo manejan”.
Así las cosas, Bonomi anticipó que el camino de reclamo que les queda por desandar es a través de la Justicia, donde evalúan recurrir, tal como lo realizaron en el 2022.
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