Por Álvaro Sierra (*)

Desde la crisis de 1930 hasta la actualidad, la economía argentina ha estado marcada por un conflicto distributivo estructural. Este conflicto, según la teoría económica, surge de la brecha entre las aspiraciones salariales de los trabajadores y las posibilidades productivas del país.

Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia en diciembre de 2023, se implementó un cambio radical en la gestión económica, centrado en un ajuste fiscal severo, desregulación y liberalización del mercado cambiario.

El objetivo es reducir el déficit fiscal y lograr un equilibrio fiscal sostenible, pero estas medidas han tenido un impacto negativo en el poder adquisitivo de los trabajadores y en el consumo interno.

A pesar de los costos sociales de corto plazo, el gobierno de Milei insiste en que su modelo permitirá alcanzar una estabilidad de largo plazo. Según su visión, la corrección del tipo de cambio, la eliminación de controles de precios y la apertura de la economía traerán consigo un ciclo de crecimiento sostenido.

Si bien busca corregir los desajustes macroeconómicos, la rigidez de las expectativas salariales y la historia de lucha sindical en Argentina pueden generar un nuevo ciclo de tensiones sociales que obstaculicen sus reformas.

En términos de la teoría del conflicto distributivo estructural, la apuesta de Milei es riesgosa.

Entonces, ¿puede la estrategia de Milei resolver el conflicto distributivo?

Uno de los pilares del gobierno ha sido la implementación de un fuerte ajuste fiscal. Para equilibrar las cuentas públicas, el Ejecutivo ha reducido el gasto, congelado la obra pública, recortado transferencias a las provincias y disminuidos subsidios energéticos y al transporte.

Aunque el gobierno de Milei ha logrado un superávit fiscal y ha mejorado la credibilidad financiera del país, el costo social ha sido alto. La economía argentina sigue enfrentando desafíos significativos, como la caída del consumo, la baja del empleo y una pobreza creciente.

En la teoría de Gerchunoff y Rapetti, se identifica que una de las principales tensiones económicas en Argentina ha sido el desajuste entre el tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico y el tipo de cambio real de equilibrio social.

El tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico es aquel que permite a la economía mantener simultáneamente el pleno empleo y un balance de pagos sostenible, es decir, una situación donde el país no depende de endeudamiento externo para financiar su actividad económica.

Por otro lado, el tipo de cambio real de equilibrio social es el nivel de tipo de cambio que permite a los trabajadores, en una situación de pleno empleo, alcanzar el salario real que consideran justo para su bienestar y el mantenimiento de su nivel de vida.

Cuando el tipo de cambio de equilibrio macroeconómico es más alto que el de equilibrio social, se genera un conflicto distributivo. En términos simples, una devaluación del peso, como la promovida por Milei al inicio de su gestión bajo la lógica del "sinceramiento" de la economía, puede mejorar la competitividad de los sectores exportadores y reducir el déficit externo, pero al mismo tiempo disminuye el poder adquisitivo de los trabajadores, dado que los precios de los bienes y servicios suben más rápido que los salarios.

Este desajuste impacta en el consumo y genera un descontento social que, históricamente, ha derivado en presiones para aumentos salariales y, en muchos casos, en crisis políticas y económicas.

La lógica del gobierno se basa en la idea de que la economía argentina ha sido perjudicada por regulaciones excesivas que han restringido la inversión y la generación de empleo.

Sin embargo, en el corto plazo, la desregulación del mercado laboral y la inflación generada por la devaluación han derivado en una caída abrupta del poder adquisitivo.

Esto alimenta el conflicto distributivo, ya que los trabajadores ven erosionado su salario real, lo que incrementa la presión para recomposiciones salariales que, a su vez, pueden alimentar la inflación.

Desde 1930, ningún ajuste puro (sin pactos sociales o políticas industriales) logró reconciliar los equilibrios macroeconómico y social. Milei repite un modelo que, en el mejor escenario, posterga el conflicto distributivo, pero no lo resuelve.

La historia económica argentina sugiere que cada intento de ajuste estructural ha generado respuestas sociales que han derivado en crisis políticas y económicas. Desde el "Rodrigazo" de 1975 hasta la crisis de 2001, las políticas de shock han resultado en tensiones distributivas que han llevado a gobiernos a moderar sus posturas o incluso a fracasar en su implementación.

La historia sugiere que las políticas de ajuste puro pueden aliviar problemas macroeconómicos a corto plazo, pero no resuelven el conflicto distributivo a largo plazo.

Entonces, la pregunta clave es: ¿Cómo alinear el tipo de cambio macroeconómico con el social?

Para reducir el conflicto distributivo sin generar una crisis social y económica, Milei debería implementar mecanismos que amortigüen el impacto de la devaluación sobre los salarios reales. Esto podría incluir transferencias focalizadas a los sectores más vulnerables, acuerdos de productividad que vinculen salarios con mejoras en la competitividad y una política fiscal más equilibrada que no dependa exclusivamente del ajuste.

Asimismo, una estrategia de estabilización creíble requiere una política monetaria que controle la inflación sin profundizar la recesión, facilitando una transición ordenada hacia un nuevo equilibrio.

Sin estas medidas, considero que al no alinear el tipo de cambio de equilibrio macroeconómico con el de equilibrio social, el riesgo es que la presión social fuerce una corrección abrupta de las políticas, como ha sucedido en el pasado, reabriendo el ciclo de inestabilidad.

En síntesis, si Milei quiere evitar que el conflicto distributivo escale a una crisis, debe equilibrar el ajuste con políticas que protejan el empleo y los ingresos, sin comprometer su plan de estabilización.

Por ahora, la economía argentina sigue en aguas turbulentas, y su desenlace aún está por escribirse

(*) Especial para ANALISIS - Ex secretario de Gobierno y Hacienda de Concordia