Cosecharás tu siembra
Las dos presentaciones de pedido de juicio político en Diputados contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, desencadenó numerosas situaciones en torno a la jueza. Se adelantó a renunciar a la presidencia de la Asociación de Mujeres Juezas (aunque luego se arrepintió); nadie de esa entidad salió a respaldarla públicamente y lo mismo sucedió en la jurisdicción de Entre Ríos. Ni siquiera hubo pronunciamiento de los propios vocales del STJ, que se negaron al propio pedido de Medina. Ahora deberá enfrentar una investigación legislativa y aparecen dudas en torno a si dará pelea o optará por acogerse a la jubilación.
Daniel Enz
--Les pido por favor que emitan un comunicado a mi favor, en solidaridad con mi situación -les dijo a sus pares del STJ, la semana pasada.
Sus compañeros de más de dos décadas (varios de ellos) ni siquiera le contestaron. “Susana, ponete los pantalones largos y da la pelea si estás convencida de refutar la denuncia, como hice yo. Nosotros ya te bancamos demasiadas cosas. Hasta aquí llegamos”, le dijo, palabras más, palabras menos, la vocal Claudia Mónica Mizawak, quien ya había estado en el mismo lugar de Medina hace un par de años y salió adelante. El presidente del cuerpo, Leonardo Portela, también ensayó una respuesta breve, en idéntico sentido y nadie más quiso hablar. Ni siquiera Daniel Carubia y Germán Carlomagno, que la semana pasada habían tenido algunas reuniones estrictamente reservadas en Casa de Gobierno, para analizar la situación de la vocal denunciada, pero no encontraron demasiado consenso en sectores del oficialismo para darle cierta cobertura política.
En escasas horas, Medina de Rizzo se dio cuenta que la telaraña que creía haber construido en diferentes esferas del poder nacional, provincial e internacional, comenzaron a fallarle. Y que los errores cometidos -transformados en las revelaciones de ANALISIS en agosto, septiembre y en la última edición de noviembre- fueron lo suficientemente contundentes para ser base de las denuncias y para que los diputados de la Comisión de Juicio Político entiendan que prima facie había graves irregularidades y tenían que ser investigadas.
Las 668 ausencias (la mayoría de ellas injustificadas), el uso de vehículos oficiales para asuntos privados, los viáticos millonarios cobrados por sus choferes y la morosidad crónica en la resolución de expedientes documentados por esta publicación, pusieron al descubierto una crisis institucional de dimensiones inéditas.
"Surgen con claridad patrones reiterados de comportamiento que comprometen gravemente los deberes institucionales de la magistrada denunciada", señalaba el texto de Eugenio Jacquemain, de AGMER rojinegro de Gualeguaychú, en su presentación. La denuncia detallaba con precisión quirúrgica las ausencias "reiteradas e injustificadas" de la magistrada, que suman más de 660 días hábiles sin prestar funciones, en incumplimiento del régimen de licencias. "Este patrón configura, por su extensión y persistencia, si no un grave abandono de funciones, una indolencia incompatible con la responsabilidad propia de cualquier juez, y particularmente de un integrante del máximo tribunal provincial", destacaba el documento. Apenas cinco días después de la primera presentación, la Asociación Civil Entre Ríos Sin Corrupción formalizó un segundo pedido de juicio político que agregó nuevas y más graves causales. La presidenta de la ONG, María Fabiana Cian, junto a María Valeria Harari, presentaron ante la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados un extenso documento de 47 páginas que incluía el presunto abuso del sistema de licencias que resultó en una mora crónica en la Sala 3 del Trabajo, con demoras superiores al 80% en la tramitación de causas; la supuesta alteración del orden de designaciones de vocales subrogantes durante su presidencia del STJ, afectando la garantía fundamental del juez natural; la presunta aceptación de contribuciones de un contratista y litigante judicial (una conocida entidad crediticia) a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), entidad que Medina presidía, configurando un grave conflicto de intereses. A ello se sumaba el supuesto abuso de autoridad al prohibir infundadamente el acceso al edificio de tribunales a miembros de la asociación denunciante durante una audiencia contra el exgobernador Sergio Urribarri en junio de 2022."Mientras la vocal goza de licencias y publicita sus participaciones en eventos en múltiples destinos, muchos justiciables esperan y siguen esperando la resolución de los asuntos que llevaron ante los estrados judiciales", remarcaba el texto de Entre Ríos Sin Corrupción, acompañado de tablas estadísticas y evidencias fotográficas que respaldaban cada acusación.
La presión pública y la gravedad de las denuncias tuvieron un efecto inmediato en la vocal del STJ. El domingo 8 de diciembre, apenas tres días después del primer pedido de juicio político, Susana Medina de Rizzo presentó su renuncia "indeclinable" a la presidencia de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), cargo que había ocupado desde marzo de 2009 durante cinco períodos consecutivos.
La carta de renuncia, breve y escueta, evitó cualquier referencia al escándalo que la tiene en la vidriera pública. "Susana Medina, en mi carácter de presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, renuncio al cargo de manera indeclinable por razones personales a partir del día de la fecha", expresó la magistrada, quien instó a sus colegas "a seguir trabajando por la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres".
La renuncia, sin embargo, no fue casual ni espontánea. Según reveló Revista Quorum en un exhaustivo análisis del caso, la dimisión de Medina era la consecuencia de un proceso más profundo: la pérdida de consenso interno y el avance de una nueva generación de juezas que reclamaban otras formas de liderazgo. De hecho, a los pocos días de la renuncia, AMJA eligió su nueva conducción. Diversas magistradas de provincias venían cuestionando desde 2022 el estilo de conducción "excesivamente centralizado y verticalista" de Medina, la falta de diversidad territorial en la toma de decisiones, y la percepción de que AMJA se había convertido en "una plataforma institucional vinculada al proyecto personal de Medina", especialmente cuando su nombre comenzó a circular como posible candidata a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Estas tensiones internas cristalizaron en la formación de la Red de Mujeres Juezas en 2023/2024, una agrupación federal que buscó diferenciarse de AMJA en tres ejes centrales: horizontalidad en la toma de decisiones, rotación de cargos directivos y transparencia en el manejo de recursos.
Las versiones periodísticas en los principales diarios porteños fueron más allá: a los referentes de las secciones judiciales les llegó la versión de que Medina había intentado retornar al cargo después de renunciar, que había exigido que renunciaran quienes habían asumido en la nueva conducción y que emitieran un comunicado en su defensa, ante las denuncias. Incluso se habló de renuncias masivas en AMJA si ello ocurría. Pero la sangre no llegó al río y todo siguió como entonces; con Medina fuera de la conducción y sin comunicado alguno en su defensa. La vocal solo tuvo que acudir a experimentados jueces o abogados de algunos lugares del país o América Latina, para que emitieran opiniones o comunicados en su defensa, sin trascendencia alguna, porque siempre quedó claro que eran claros manotazos de ahogado de Medina, con gente que desconocía la realidad entrerriana y sus picardías en el uso y abuso del ausentismo laboral, en pos de su trayectoria personal a través de AMJA. Tampoco se expresaron los jueces entrerrianos en comunicado alguno. Solo lo hizo la jueza de Garantías, Paola Firpo, como integrante de AMJA Paraná.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1167, del día 18 de diciembre de 2025)
