Una mujer toma fotografías mientras el fuego consume el parque nacional Los Alerces, en Chubut. NA
Más de 20.000 hectáreas quemadas en Chubut y una investigación penal en curso marcan el escenario en el parque reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. La emergencia ígnea expuso fallas operativas, reclamos de pobladores y tensiones entre gestión ambiental y respuesta estatal.
En medio de los incendios que azotan a la provincia de Chubut, la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo descentralizado que depende de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, resolvió este viernes intervenir el Parque Nacional Los Alerces y apartó de sus cargos a las autoridades locales, en un contexto marcado por las tareas para contener el avance del fuego que ya consumió más de 20.000 hectáreas de bosques nativos, plantaciones y decenas de viviendas.
A partir de la medida, la gestión del área protegida —reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde julio de 2017— será asumida de manera provisoria por un "Comité de Intervención", órgano que concentrará de forma transitoria la totalidad de las competencias de la Intendencia hasta tanto se restablezca el normal desenvolvimiento institucional y administrativo.
La decisión fue comunicada oficialmente por la APN a través de un comunicado. Según precisó el organismo, “la medida se enmarca en el contexto de la emergencia ígnea declarada en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales” y responde a “la necesidad de fortalecer la gestión institucional y el desarrollo de las acciones operativas desplegadas frente a dicha situación excepcional en el Parque Nacional Los Alerces”.
En ese sentido, el texto oficial detalló que la resolución fue adoptada luego de una revisión exhaustiva del escenario en el terreno. “En ese marco, se realizó una evaluación integral de la situación por parte de la delegación institucional incorporada al Comando Operativo desde el 6 de enero”, proceso que estuvo encabezado por el titular de la APN, Sergio Álvarez, junto al director nacional de Operaciones, José Albrizio; el director regional Sur de la Dirección Nacional de Operaciones, Damián Mujica; y el director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), Ariel Amthauer.
La Administración de Parque Nacionales decidió "adoptar medidas inmediatas”De acuerdo con el comunicado, “como resultado de dicha evaluación, se consideró necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional”, con el objetivo de “asegurar la regularización del funcionamiento institucional, operativo y administrativo del Parque Nacional Los Alerces”, al que se define como un área integrante del Sistema Federal de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
El texto también hace referencia al contexto judicial que rodea la situación. En ese punto, la APN señaló que, “ante la existencia de actuaciones judiciales de público conocimiento radicadas ante la Fiscalía Federal de Esquel, Provincia del Chubut, y sin perjuicio de las competencias propias del Poder Judicial”, el organismo resolvió “extremar los recaudos institucionales y adoptar las medidas que resulten conducentes dentro del ámbito de sus competencias”, con el propósito de “preservar el adecuado funcionamiento del área protegida”.
Finalmente, el comunicado fundamenta la intervención como una herramienta para reforzar la conducción del parque en un escenario excepcional. “En ese contexto, y con el objeto de garantizar una gestión eficaz, coordinada y orientada al cumplimiento de los fines de conservación, protección, manejo sustentable y uso público previstos por la Ley N° 22.351”, la medida apunta a “fortalecer la conducción integral del área, asegurar la debida ejecución de las políticas institucionales y atender adecuadamente la situación excepcional en curso”.
Denuncias por irregularidades en el control del fuego en el Parque Nacional Los Alerces
En paralelo al avance del incendio forestal, la Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva Los Alerces presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Esquel por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negligencia en la conducción del operativo frente al fuego iniciado en diciembre de 2025 dentro del parque nacional Los Alerces, que al momento de la presentación judicial permanecía fuera de control.
La acusación alcanza al intendente del área protegida, Danilo Hernández Otaño; a la jefa del cuerpo de Guardaparques, María Laura Fenoglio; al jefe del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), Mario Cárdenas; y a otros responsables de la cadena jerárquica vinculada a las decisiones operativas.
De acuerdo con el escrito, la propagación del incendio habría estado asociada a la ausencia de respuestas tempranas y a deficiencias en la planificación, lo que permitió que las llamas avanzaran sobre sectores intangibles de máxima protección ambiental, que afectaron tanto patrimonio estatal como bienes de pobladores de la zona.
Uno de los puntos centrales de la denuncia se refiere a la limitada dotación de personal desplegada en el ataque inicial del incendio. Según testimonios de vecinos y registros públicos citados en la presentación, en las primeras horas sólo habrían sido enviados alrededor de 30 brigadistas, mientras se descartó la participación de guardaparques con formación específica que se encontraban disponibles para intervenir.
Incluso, cerca de un mes después del inicio del siniestro, se reconoció públicamente que el operativo contaba con aproximadamente 40 combatientes, una cifra que los denunciantes consideran claramente insuficiente frente a la magnitud del fuego.
En ese contexto, sostienen que, pese a la existencia de personal capacitado en otras provincias, se optó por no convocarlo por “razones operativas” que califican como ilógicas e injustificadas.
La denuncia también pone el foco en la falta de tareas preventivas estructurales. Entre los señalamientos figuran la ausencia de medios acuáticos propios, la inexistencia de bases operativas permanentes, helipuertos y protocolos adecuados para una región que arrastra antecedentes reiterados de incendios forestales.
Otro de los aspectos cuestionados refiere a las dificultades logísticas durante las primeras etapas del combate. Según el escrito, los brigadistas debieron recurrir al apoyo de una empresa turística privada para poder acceder al foco inicial del incendio.
Asimismo, se mencionan demoras atribuibles a decisiones administrativas, como la suspensión transitoria de la navegación en la zona y el retraso en la intervención aérea por supuestas disposiciones sanitarias.
La presentación judicial también cuestiona la prohibición del uso de retardantes químicos en el combate del fuego. De acuerdo con la denuncia, esa restricción se habría justificado en criterios de preservación ambiental que, lejos de proteger el área, habrían contribuido a la propagación del incendio y a la destrucción de amplias superficies de bosque nativo.
Finalmente, los denunciantes solicitaron que la Fiscalía Federal lleve adelante una investigación detallada día por día sobre el accionar de las autoridades involucradas, la cantidad de brigadistas desplegados, la existencia y aplicación de protocolos, el estado del equipamiento disponible, las decisiones operativas adoptadas y la eventual configuración de conductas negligentes o de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Fuente: Perfil.
