Rodríguez Signes comentó que “si bien la cédula ordenada por la jueza (de Instrucción de Rosario del Tala, Noelia Virginia Ríos) dice que se desaloje, eso se hace con un escrito firmado por el juez, se manda al Juzgado de Tala y se le ordena que cumpla la medida, es un trámite si se quiere burocrático, pero necesario”. Asimismo, remarcó también que esto “se concretará entre este martes y miércoles”.

Señaló luego que seguramente él mismo se hará presente en el campo para efectivizar la medida. Y agregó que “si es necesario también estaría presente la jueza y la fuerza policial”.

Más adelante, explicó que la toma de posesión implica “un acto formal de que se produce concretamente la transferencia”, pero recordó que Yedro “contará con un plazo de 60 días, otorgado por la jueza, para retirar el ganado y los bienes muebles”. A su vez, en declaraciones a APF, aseguró que para controlar que se cumpla el desalojo “quedará la Policía” en el campo.

Cabe señalar que Yedro, que fue concejal justicialista de Concordia al inicio de la democracia, y luego senador provincial durante dos períodos, entre 1987 y 1991, y entre 1996 y 1999, debió desocupar su campo ubicado en Raíces Norte, departamento Tala, próximo a Maciá, a principios de mes, a partir de una denuncia que motorizó el jefe de los fiscales, el procurador Jorge Amílcar García, acusándolo de usurpación y estafa procesal.

Según publicó El Diario, antes de que se cumpliera el plazo para el efectivo desalojo, el ex legislador introdujo una apelación ante la Cámara del Crimen de Gualeguay para frenar la orden judicial. En medio, la jueza Ríos siguió delante con la causa aunque de modo titubeante: el 2 del actual firmó una resolución a través de la cual le otorgó a Yedro diez días de plazos corridos para irse de un campo que ya no le pertenece. En la práctica, ese plazo se estiró a quince días.

Esos diez días, o quince, se cumplieron este viernes. Pero en vez de ordenar el desalojo por la fuerza pública del ex legislador, la magistrada volvió a posponer todos los plazos, esta vez por 60 días. En la resolución, la jueza Ríos ordenó “el inmediato desalojo”, aunque a la vez otorgó un plazo de 60 días “a fin de que se proceda a la paulatina desocupación”.