Kerz recordó que también está en estudio el proyecto de ley sobre minería, que tiene media sanción del Senado. “Son todas normas que de una u otra manera van a tener que adecuarse entre ellas”, subrayó, el candidato a vice gobernador por el FEF en declaraciones a Recintonet.

El Código Ambiental, que reglamenta la Constitución y está en revisión en la Cámara Alta, tiene como premisas la protección, preservación, recuperación y la mejora del ambiente en el ámbito provincial como patrimonio común.

En esa ocasión, el ex defensor del Pueblo de Paraná había señalado que de ser ley, “da certezas, permite resolver conflictos y brinda herramientas de gestión para regular determinadas áreas y así proteger para el desarrollo con la armonía con el medio ambiente”. Y había agregado que ante determinados delitos se garantizará “el acceso de la justicia de manera individual y colectivo, hay garantías y hay un régimen sancionatorio”.

El proyecto que fue aprobado por unanimidad en la Cámara Baja tiene su contraste con el apoyo dividido de tuvo en su momento la Ley de Hidrocarburos. Uno de los puntos que más cuestionó la bancada opositora sobre esta última fue la concesión de la exploración que en febrero el gobierno provincial cedió en favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPD), es decir el grupo Eskenazi, concretada antes de que se sancione definitivamente el proyecto.

El diputado José Artusi (UCR-Concepción del Uruguay) había señalado que “las cuestiones ambientales no están debidamente previstas”, y que “nunca puede decirse alegremente que no hay riesgo de impacto ambiental”.

A nivel nacional, y en el marco del Día Mundial del Ambiente, las diputadas nacionales Elisa Carrió y Fernanda Reyes (Coalición Cívica) presentaron un proyecto de ley para tipificar y penar como delitos las acciones y obras, de particulares y funcionarios públicos, que atenten contra el patrimonio cultural y arquitectónico, el ambiente y los recursos naturales.

El objetivo, en palabras de Reyes -que integra la Comisión de Minería-, es “saldar la protección indirecta que, hasta el momento, tiene el ambiente, otorgándole un capítulo exclusivo dentro del Código Penal, igual que a los delitos contra la vida o la libertad”.

“En nuestro país la cuestión ambiental se encuentra subordinada a los negocios del Ministerio de Planificación y de los gobernadores. A pesar de la legislación vigente, se incumple con el otorgamiento de recursos para la aplicación de las normas ambientales o se subejecutan las partidas presupuestarias”, sostuvo.