Por Federico Delgado*

Casi todos los ciudadanos estamos de acuerdo en que la Justicia argentina tiene muchos problemas. Sus tiempos, su ferocidad con los más pobres y su tendencia a la simpatía con los más poderosos, su lenguaje expulsivo, los problemas para designar y remover magistrados, el atraso tecnológico y la falta de una política estatal de capacitación, constituyen algunos de los rasgos distintivos del aparato judicial en su conjunto. Me ocupé de muchos de esos aspectos en Injusticia (Ariel 2018) y de hecho, Perfil me permitió generosamente muchas veces profundizar mis ideas al respecto.  El documental sobre el caso “Nisman” condensa gran parte de esas categorías que globalmente explican la crisis y contiene poderosos incentivos para diseñar políticas públicas que permitan recuperar la credibilidad general del sistema.

No voy a hablar de la causa judicial porque no la conozco. Tampoco puedo abrir juicios sobre la correlación que existe entre el expediente y el documental de Netflix que, en términos estéticos, es muy atractivo. Sin embargo y aun con esas limitaciones, creo que aquel nos ofrece una oportunidad para analizar el funcionamiento de la administración de Justicia realmente existente y también para reflexionar en torno a la nueva función de la Justicia en el capitalismo posindustrial. Ambos vectores casi siempre se escapan de los debates que circulan en la sociedad y de los que llegan a la cima de la agenda pública. Casi siempre estudiamos la Justicia a través de comportamientos individuales de algunos jueces y fiscales en casos determinados. Creemos que la crisis judicial pasa solo por las personas que trabajan en la burocracia judicial. Aunque algo de ello hay, es obvio que existen algunos componentes más estructurales que explican la persistencia de un servicio de Justicia que parece condenado a convivir con la sospecha, porque la palabra de los jueces y fiscales permanece sospechada.

Ello en sí mismo es una tragedia para una sociedad organizada en base a derechos, en tanto y en cuanto las soluciones a los conflictos sociales que llegan al conocimiento de los jueces y fiscales perdieron la capacidad de ser aceptados por los ganadores y los perdedores y, al final de cuentas, el máximo capital de un juez o de un fiscal tiene que ver con la credibilidad de su palabra. Si sus palabras, aun cuando tengan el respaldo de la ley, carecen de credibilidad el sistema en su conjunto cruje. Esa es la situación actual. Hay buenos funcionarios judiciales, también hay de los otros, pero en su conjunto las sentencias conviven con la sospecha social. Esta situación no afecta solamente a los tribunales de Comodoro Py. Es una suerte de mancha que se expande por la Justicia en su conjunto. Pero decía que a menudo nos quedamos en la contingencia y obviamos otras dimensiones de los problemas.

Me voy a detener en el nuevo rol de la Justicia como un paso que permite comprender la crisis, ya que el documental de Netflix lo muestra con una claridad envidiable. Casi todos los que empezamos a estudiar abogacía en algún momento de la carrera nos topamos con el parágrafo 78 de El Federalista, porque quienes explicaron el diseño institucional de los Estados Unidos nos legaron el reparto del poder en la sedimentación democrática del ideal republicano. De acuerdo con el texto, el Poder Ejecutivo puede distribuir honores y administrar la fuerza militar; el legislativo hacer las leyes y el presupuesto. El judicial aunque puede resolver los conflictos, necesita del dinero que le debe proveer el Parlamento y del ejecutivo para hacer efectivas sus decisiones. Por eso la Justicia fue siempre considerada débil. Pero ello cambió. En efecto, el capitalismo posindustrial funciona en base a una pareja con intereses contradictorios: la democracia y el neoliberalismo. El régimen político no para de reconocer cada vez más derechos. Pero la distribución del ingreso no permite ejercerlos. Esa contradicción genera descontento en los sectores más vulnerables que reclaman el derecho a la existencia y en los estratos más altos que se organizan para impugnar ese formato del poder. La Justicia, de alguna manera se acercó al Poder Ejecutivo para aplicar la ley y frenar el descontento de los más débiles y para disciplinar a los no tan débiles que impugnan el régimen.

Esta nueva articulación de la función judicial funciona junto a actores no institucionales como las grandes empresas, los partidos políticos, los servicios de inteligencia y los grandes medios de comunicación masiva. Se trata de actores no reconocidos por la Constitución formalmente, pero que de hecho tienen un peso importante en el funcionamiento judicial. El documental muestra todo ello. Los servicios de inteligencia, el rol de los medios masivos, los intereses empresarios y políticos. Todos alojados en las entrañas del caso y pujando por establecer “su” verdad particular como medio para obtener otros fines. La víctima final es la verdad.

Si pensamos la crisis judicial en esta clave podemos empezar a discutir con franqueza por qué después de tantos años la Justicia no nos explicó que pasó con Alberto Nisman. También podemos ver en acción las consecuencias que sufre la calidad de nuestra vida social frente a una política pública de las cabezas políticas de la Justicia, que son la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación, de no tener programas de capacitación específicos para los trabajadores judiciales no solo frente a los casos penales, sino también frente a los desafíos institucionales derivados del contexto en que jueces y fiscales deben hacer Justicia. Es muy claro en Nisman que la Justicia ordinaria que originalmente trabajó el caso no calibró correctamente el contexto en que se produjo el hecho, tampoco las intervenciones de actores no previstos o reconocidos por la Constitución. También surge con mucha claridad un tema que sobrevuela desde hace tiempo a los tribunales y que tiene que ver con la intervención de los servicios de inteligencia. El documental también revela la porosidad de nuestras instituciones, porque se ve sin mayor esfuerzo el modo en que los intereses particulares de las facciones políticas se colaron e incidieron sobre el expediente.

Todas las muertes conmueven a las personas de bien. Esta, además, generó una genuina preocupación anclada en el trabajo de un fiscal que investigaba uno de los hechos más crueles que sufrió nuestra sociedad. No obstante, como lo exhibe el documental, su deceso se transformó en un concepto pasible de asir para fines diversos. Allí reside un rasgo muy significativo y que se vincula con las lealtades de algunos de los actores directos e indirectos del caso “Nisman”, porque en una democracia la vida pública debe estar atada a la Constitución y el solo hecho de que haya varias lealtades a intereses diversos habla mucho de las instituciones, pero también de los ciudadanos. Por ello, el film refleja la necesidad de recomponer la vida social en base a los criterios morales que impregnan a la Constitución, ya que mal que le pese al rancio positivismo, las leyes también tienen una dimensión moral. Sin una moral diferente a la hora de entender la ley, es difícil que los ciudadanos logremos aceptar una decisión de la Justicia que en algún momento explique la muerte de Alberto Nisman.

*Fiscal Federal