Por José Carlos Elinson
(especial para ANÁLISIS)

¿Puede separarse lo público de lo privado? Digo, una persona con vida pública puede ignorar los avatares de su vida privada y viceversa? Los integrantes del aparato judicial entrerriano parecen haberlo logrado.

Padres y madres que dividen su tiempo entre la tarea no siempre feliz de administrar justicia y los quehaceres propios de la organización diaria de una familia, criar los hijos, proyectar futuro y demás responsabilidades de paternidad y maternidad, aparecen ante la opinión pública como priorizando preferencias que indudablemente tienen que ver con lo afectivo que les atañe y generando una grieta (otra más o la misma, no sé), con lo que son sus responsabilidades como funcionarios por las que perciben elevados emolumentos que serían justificables si la tarea así lo ameritara.

No voy a caer en la torpeza de la generalización, sería a todas luces injusto, pero para el ciudadano de a pie esa injusticia reverdece entidad si la ponemos en paralelo con el destino de nuestras Fátimas, Giselas, Fernandas, Micaelas, ahora Ramoncito entre tantas otras muchachas y muchachos que encontraron la muerte inesperada e irresoluta en un mar de dudas que le resta credibilidad a la gestión judicial de esta provincia.

Pero si resulta ímprobo  separar lo público de lo privado, cuando llega el momento de lo privado, cuando nuestros magistrados se despojan de su indumentaria de funcionarios y adquieren el aspecto de padres y madres del común pero no pueden despojarse de una nueva muerte inexplicable, ¿de dónde sacan presencia de ánimo para mirar a sus hijos a los ojos, hacer como que comparten sus entretenimientos y poco a poco ir asimilándose a  como dé lugar a  una vida en paz?

No creo que haga falta explayarse sobre los detalles de las aberraciones a las que nos hemos visto expuestos en este perverso “yo no fui” que caracterizó como respuesta maldita los resultados de las últimas investigaciones sobre muertes en condiciones deplorables. Bueno, no solamente debemos hablar de homicidios, los –por decirlo de alguna manera-, ilícitos económicos de encumbrados funcionarios, aportan lo suyo para seguir apilando expedientes, aunque en otros juzgados y con otros magistrados.

Así las cosas, las réplicas a los delitos son ampliamente inconsistentes y la  ciudadanía sigue esperando respuestas que no llegan,  y se distorsionan con marcada tendencia a la desaparición.

De lo que estamos hablando, o pretendiendo hablar es de la falta de presencia de un poder judicial sólido, aguerrido en lo que le es propio y con capacidad de ponerse al frente de investigaciones necesarias. Resulta imposible negar que por proximidad en el tiempo y por la barbarie manifiesta, el comentario tiende a los dos últimos hechos de sangre que conmueven a la comunidad que nos contiene.

A lo que queremos arribar es a que las internas, competencias y broncas de antigua data están mezclando mandarinas con rabanitos y provocando una maraña que a lo único que aporta es a la confusión.

Aprovechar la oportunidad para denostar no es nuevo pero resulta patético más allá de la costumbre.

Hay una buena parte del poder judicial del que se espera enfrente la situación y salga a explicar a sus conciudadanos cómo es que se le viene escapando  sistemáticamente la tortuga, pero se ha optado a través de manejos que deberían ser incomprensibles pero no lo son, por cargarle toda la responsabilidad a la ministra política de Gustavo Bordet. La política, sus mezquindades y sus ambiciones malsanas tienden a desdibujar personalidades que han subido las escaleras del poder sin necesidad de esconder vergüenzas. No podemos decir lo mismo de quienes fogonean estas jugadas destructivas que encuentran, precisamente en la destrucción del otro lo que creen que son sus espacios de crecimiento.

No deberían llegar a los logros esperados porque sus historias de vida no los respaldarían, pero ya sabés, “hacete amigo del juez…”