Por Sebastián Waisgrais (*)

En 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 17 de octubre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, invitando a todos los Estados a poner en marcha acciones concretas para combatir la pobreza y la indigencia. La crisis generada por la pandemia del Covid-19 amenaza con llevar a la pobreza a millones de familias con niños y niñas. Hoy más que nunca es necesario invertir en programas de transferencia de ingresos y apoyos alimentario para proteger a la población en mayor riesgo.

El escenario económico adverso que atraviesa el país, profundizado por la pandemia del Covid-19, generó que la niñez y la adolescencia sea claramente el grupo poblacional más afectado. A fines de 2020, al menos 6 de cada 10 niñas y niños vivirán en la pobreza y 2 de cada 10 en la pobreza extrema.

La inversión pública destinada a las áreas sociales es el elemento central para determinar el perfil y las tendencias de la política social. En este marco, el presupuesto del gobierno nacional es el medio donde se perfilan las posibilidades de asignación y las prioridades para la distribución de recursos.

¿Qué nos dice el proyecto de presupuesto para el periodo 2021 presentado por el Poder Ejecutivo en clave de niñez y adolescencia?

En primer lugar, tenemos un hecho trascendente que es contar con mejor información para favorecer la toma de decisiones basada en evidencias. Por primera vez, el proyecto de ley de presupuesto contiene un capítulo transversal donde se distinguen los esfuerzos presupuestarios destinados a este grupo etario. Contar con más y mejor información es una condición necesaria, aunque no suficiente, para proteger la inversión destinada a la niñez.

La lectura y el análisis del presupuesto desde una perspectiva centrada en la niñez y adolescencia es un contraste de luces y sombras. Las buenas noticias de este presupuesto muestran una priorización de los sectores de educación, salud y obras públicas en políticas, programas y proyectos sensibles a la niñez. En un contexto post pandemia, garantizar la vuelta a las escuelas en un contexto seguro, la atención de la salud integral de la niñez y la adolescencia, así como la generación de infraestructura sensible y con alto impacto para esta franja etaria son hechos concretos y priorizados en la política pública que debemos celebrar.

Pero, lamentablemente el presupuesto incluye decisiones que implicarán que determinados grupos en situación de vulnerabilidad queden sin cobertura o estén cubiertos de forma insuficiente para poder reducir los niveles de pobreza y privaciones.

En este sentido, hay al menos cuatro alertas para destacar. En primer lugar, el presupuesto supone que los efectos de la pandemia se reducirán drásticamente en 2021. En este sentido, se eliminan todas las prestaciones dirigidas a proteger ingresos (equivalentes a $480 mil millones en 2020, incluidos en el IFE y ATP) que se ven parcialmente reemplazadas por un programa que dispone de $112 mil millones para potenciar la inserción laboral de grupos de mayor vulnerabilidad (PotenciAR Trabajo), que se encuentra en pleno desarrollo en el año actual y se prevé incrementar nominalmente en aproximadamente $ 35 milllones.

Segundo, los recursos asignados a las políticas alimentarias para 2021 no aumentan con la inflación proyectada (estimada por el mismo presupuesto en 29% para 2021) y de hecho caen nominalmente respecto del año vigente, en cerca de $22 mil millones (esta caída se observa fundamentalmente en la tarjeta Alimentar).

En tercer lugar, las asignaciones familiares, tanto aquellas de carácter contributivo como las asignaciones universales para la protección social AUH y AUE muestran incrementos nominales equivalentes al 23% interanual, situándolas por debajo de la inflación proyectada para 2021.

Por último, se observa una significativa reducción de recursos destinada a servicios de cuidado de la primera infancia, en particular, los dirigidos a la franja de 0 a 3 años de edad.

Frente a un escenario de profundización de la pobreza infantil y de proyecciones todavía alarmantes para fines de 2020, resulta impostergable reforzar las políticas de protección de ingresos y maximizar los esfuerzos fiscales para garantizar un piso de protección social para todas las niñas, niños y adolescentes del país. Reducir la pobreza y erradicar la pobreza extrema en la niñez implica, necesariamente, una mayor priorización en las asignaciones presupuestarias definidas en la ley de presupuesto.

(*) Sebastián Waisgrais es especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina. Esta columna de Opinión se publicó originalmente en el diario La Nación.