Emilio Castrillón.
Por Luis María Serroels (*)
Pocas veces se han sacudido tanto los ámbitos tribunalicios entrerrianos, como frente a un episodio que, debiendo ser tomado con las riendas de la ética y las reglas establecidas dentro de las normas legales, se desvió de su andarivel. El hecho que derivó en un daño difícil de amortiguar en el seno del Superior Tribunal de Justicia, nunca debió ser permitido, peor aún, si los tramos que se desviaron de las normas correctas y de lo que debe hacerse a la luz de la legalidad son contrarios a lo que establecen las disposiciones constitucionales.
Una historia de hechos pasibles de ser sometidos al juicio político (paso que hace temblar a cualquiera), no fueron problema para el ex vocal Emilio Aroldo Castrillón. Doble procedimiento instrumentado desde el propio cuerpo tribunalicio entrerriano, significó un antecedente nefasto como auxilio salvador ante situaciones engorrosas y tropezones desagradables.
Lo que se significaría para un ciudadano común ser sometido a una eventual condena, parecería que un alto miembro del Superior Tribunal hallaría una salida airosa: por un lado por zafar de un juicio político, y encima favorecerse con un alto y jugoso beneficio jubilatorio, el más voluminoso que admite el Estado entrerriano. Un eventual camino hacia la felicidad que hoy no será sólo para Castrillón, sino servirá para otros casos eventuales y en los planos jerárquicos más elevados.
Seguramente no fueron estos los caminos de grandes gobernantes que hicieron de la austeridad una religión.
Doble motivación significaron los hechos por ambos lados. Si fuertemente reprobable resultó soslayar procedimientos esenciales impuestos por el mecanismo del juicio político, no menos censurable resultó la asepsia en que incurrieron ciertos legisladores al momento de analizar los aspectos acusatorios.
Pareció un remedo de ahorro de tiempo al momento de templar las preocupaciones de ciertos niveles. El ciudadano no entiende cómo un funcionario que ha equivocado el camino y queda sometido a un juicio político (Capítulo VIII -donde constan 17 artículos de la Constitución entrerriana) consigue una salida que a otros nunca se le permitiría. La Cámara de Diputados formula la acusación y el Senado se constituye en Corte de Justicia bajo la presidencia del Superior Tribunal de Justicia (en esta instancia se sabe que no fue así).
En el número 1120 de la Revista Análisis, el columnista Antonio Tardelli desmenuzó cada detalle y consecuencias del “caso Castrillón” a través de cinco páginas. No hay ningún resquicio sin examinar, sobre las consecuencias políticas e institucionales.
La declaración de inusual dureza publicada por el Colegio de la Abogacía, no se ahorra “dudas y suspicacias” frente a la decisión de ofrendarle al ahora ex vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Aroldo Castrillón, el “descanso merecido”.
Rareza si las hay ha sido la trasmutación de convertir un juicio político en un paso hacia un futuro mejor (ergo, una jubilación). Mágica alquimia capaz de cambiar una injusticia en privilegio. ¿Por qué no, hoy por ti y mañana por mí? “La jubilación más rápida de la historia entrerriana”, se escuchó decir, en tanto su trámite le insumió sólo seis días hábiles. En otro orden se podría dar una broma tipo Tinelli borrando toda causa que cargosee de tanto en tanto a ciertos personajes de la política, donde algunos magistrados y fiscales no descansan, mientras otros se rascan el ombligo sin terminar de desentumecerse (a quien le quepa el sayo, que se lo ponga). Paralelamente algunos políticos corruptos son premiados con funciones y cargos importantes. Muy distante de “la Entre Ríos que Urquiza soñó”.
Hagamos mención a la frase del documento del Colegio de la Abogacía: “Desde el lugar que nos toca ocupar institucionalmente debemos referirnos como operadores de justicia, frente a los reclamos de la sociedad en su conjunto que reclama una justicia verosímil, ordenada, con equilibrio e independencia de los otros poderes del Estado” (Sic).
¿No sería una buena y sana política cubrir el cargo vacante en el Superior Tribunal con un o una jurista de carrera judicial, suficiente experiencia y calidad demostrada? ¿Qué impedimento habría? Desde luego que la decisión caería siempre en manos del gobernador de la provincia.
Promediando la semana y en el programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9), conducido por Daniel Enz, el fiscal a cargo de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, doctor Leandro Dato, destapó graves hechos que se vincularon con el ex vocal del Superior Truibunal, Emilio Castrillón, relacionados con “violencia laboral, de género, psicológica y física”.
Un elemento que adquiere una inusitada problemática –según reveló Dato en su entrevista- es que todos los integrantes del alto Tribunal estaban al tanto de la conducta del ex vocal. Más grave aún resulta el hecho de que en vez de investigar estos casos, se los ignoró. Lo que debió ser indagado como a cualquier ciudadano bajo los códigos, se dejó pasar culminando en la nada. Y remató en una jugosa jubilación. Si hubo quienes callaron conociendo los graves casos, se está frente a una situación de mayor gravedad aún. Quien se decidió a revelar y denunciar como correspondía los atropellos, fue la vocal Susana Medina.
¿En qué figura quedarían incursas esas personas? Autores y encubridores tendrían el tufillo propio de favores recíprocos. Limpiar la conciencia es lo que la sociedad desea y demanda.
“La ley más importante, tu moral; el mayor abogado, tus principios y el mayor juez, tu conciencia”.
(*) Especial para ANALISIS