Por Pedro Galimberti (*)

En noviembre de 2021 pocos hablaban, desde la política, del caso Goyeneche. Parecía que el silencio era saludable, sobre todo ante las inciertas derivaciones que podía tener el caso. Hoy, con el exgobernador Sergio Urribarri condenado y Goyeneche destituida, muchos alzan esa voz que en su momento estaba callada.

En ese momento firmé una nota de opinión respecto del tema, donde señalé que la apertura de una causa de enjuiciamiento a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que debe investigar los delitos de corrupción, se inscribe dentro de una trama donde mandaderos del juego sucio hacen fuerza para tapar la luz con sombras.

Sin embargo, no se trata de defender su proceder sino, en todo caso, de visibilizar la connivencia que existe en nuestra provincia entre algunos miembros de los poderes del Estado. Es aquí donde, desde hace mucho tiempo, entiendo que radica la cuestión principal.

El asunto hoy tiene nombre y apellido, Cecilia Goyeneche, pero dicha connivencia ha sido algo frecuente, sobre todo en los gobiernos peronistas de los últimos veinte años donde hemos visto un sin número de atropellos y cambalaches.

Por lo tanto, la Justicia debe dejar de ser el lugar de «adscripción permanente» para quienes son amigos o parte del gobierno de turno y sin estoy convencido que estas actitudes políticas deben ser dejadas de lado, de lo contrario será muy difícil forjar una provincia con verdadera calidad institucional.

Con la mesura que corresponde por ser un integrante de un poder del Estado, no puedo dejar de afirmar que Goyeneche fue acusada por una fiscalía ad-hoc, creada luego del hecho, lo cual constituye una violación a los más elementales principios del derecho de defensa en juicio. Irregularidad que no tengo dudas será subsanada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los hombres públicos debemos actuar con cautela y prudencia, evitando la judicialización de la política y la politización de la justicia, algo que parece fácil de decir pero, a juzgar por los hechos, difícil de implementar y si bien no soy juez para juzgar, tampoco soy ingenuo para señalar que “aquí no pasó nada”, y estoy seguro que, con o sin destitución, el caso Goyeneche será recordado como el hecho que desnudó esa compleja trama de convivencias que, como dijimos, no es nueva y debe ser desterrada para lograr una provincia con un Poder Judicial verdaderamente independiente.

Cuando sostengo que tenemos que construir “una provincia diferente” apunto básicamente a trabajar para modificar tal estado de cosas, eliminando fundamentalmente la cepa de la corrupción de la función pública, para lo cual necesitamos de mujeres y hombres probos que logren revertir la degradación institucional que nos aqueja y garanticen que el Estado de Derecho permanezca siempre vigente.

(*) Diputado Nacional por Entre Ríos.