Mucho tuit y pocas nueces: Milei ruega que alguien invierta en serio

Por Alejandro Bercovich (*)

La prolongada toma de ganancias que se desató en la Bolsa porteña al día siguiente de que Elon Musk recomendara por Twitter invertir en Argentina expuso las limitaciones de la diplomacia selfie de un presidente que acumula más millas por sus viajes al exterior que dentro de su propio país. Pese a su euforia por haberse convertido en vedette de la ultraderecha mundial y de la nueva élite trasnacional de magnates, Javier Milei sabe que el tiempo apremia: para frenar la depresión que desató su política antiinflacionaria hace falta que alguien invierta en serio. 

No alcanza con el sueño de que Tesla haga sus baterías acá. Sobre todo porque no es más que eso: un sueño. La fábrica de autos eléctricos del amigo Elon importa litio catamarqueño que extrae la norteamericana Livent. En 2022, un enviado suyo visitó Antofagasta de la Sierra y le contó al entonces ministro Matías Kulfas sobre su plan de nearshoring post-pandemia, que apuntaba a reemplazar insumos chinos por otros producidos más cerca. Habló de varios componentes que podrían fabricarse en el país pero descartó de plano las baterías. Nadie las produce tan lejos de la terminal por el riesgo de explosión que hay al transportarlas. 

Lo que quiere Tesla es más carbonato de litio. Al menos mientras no lo reemplace el sodio, que los competidores chinos de BYD (que acaban de superarlo en ventas) ya prueban con éxito como combustible alternativo. Es una commodity codiciada pero ya no tanto como un año atrás, cuando valía el triple, o en noviembre de 2022, cuando llegó a su pico y cotizaba casi seis veces lo que hoy. Para avanzar en el procesamiento local de la materia prima haría falta una integración planificada en conjunto con Chile y Brasil. Algo impensable. Se sabe que Milei no negocia con comunistas. 

Los colectivistas brasileños, curiosamente, sí reciben inversiones millonarias de compañías como Stellantis (anunció U$S6.000 millones hasta 2030), General Motors (US$1.400 millones este año), Toyota (US$2.500 millones este año) y Volkswagen (US$3.000 millones hasta 2028). Todo un contraste con la alicaída industria automotriz criolla, que en el primer cuatrimestre del año produjo 23% menos que en el mismo lapso del año pasado y que no tiene perspectivas de incorporar nuevos modelos a su portafolio productivo. En abril, según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), las terminales no encontraron consuelo en el mercado interno ni en el externo: las ventas a concesionarios cayeron 25,6% contra marzo y las exportaciones, un 12,2%. 

Taca taca

La apuesta del oficialismo para seducir a ese capital extranjero por ahora reticente es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el capítulo de la ley ómnibus que más resistencia enfrenta en el Senado. Quienes primero lo aprovecharían son los mineros detrás de proyectos avanzados como Taca Taca (Salta), Agua Rica (Catamarca) y Pachón (San Juan). Cerca de ‘Toto’ Caputo también se entusiasman con que empuje la planta de licuefacción de gas de la petrolera malaya Petronas que promocionó en su momento Sergio Massa y que ahora volvió a rankear alto en la wishlist oficial, con el objetivo de algún día exportar GNL de Vaca Muerta al mundo. 

Los privilegios impositivos y cambiarios para las compañías que entren al RIGI son excesivos para economistas de todo pelaje, incluso los que defienden los regímenes especiales para grandes proyectos. La Unión Industrial Argentina (UIA) salió esta semana a cuestionar otro aspecto, nodal: el RIGI habilita a las empresas a importar sin arancel cualquier bien de capital, repuestos y otros insumos nuevos o usados. También les permite revenderlos en Argentina una vez que no los necesiten más. Es decir, en vez de estimular que florezcan proveedores locales para esos grandes proyectos extractivos, puede abrir un gigantesco negocio importador a costa de la castigada industria local. 

La central fabril apuesta a modificarlo en el Senado. Hubo reproches contra Daniel Funes de Rioja por el fracaso del lobby indirecto que desplegó en Diputados. Los demás directivos lamentan haber perdido el tiempo con Maximiliano Pullaro, gobernador de una de las provincias donde las fábricas empiezan a despedir obreros de a cientos, que les prometió involucrarse y después ordenó a sus diputados aprobar el paquete sin más. Confían en que Martín Lousteau sea más consecuente que esos correligionarios. 

Javier Milei, junto a Daniel Funes de Rioja y Marcos Pereda, en un almuerzo en el Hotel Alvear. Foto de Archivo. NA
A Funes de Rioja también le reclaman que quien redactó el proyecto tras bambalinas fue un abogado del estudio que él fundó, Sergio Arbeleche, que sonó en diciembre como posible secretario de Minería de Milei. “¿No era tuyo, éste?”, le preguntó socarrón otro miembro del Comité Ejecutivo. Los popes fabriles también discutieron una polémica que se viene en torno al blanqueo: el artículo 47 del proyecto habilita a exteriorizar bienes y dinero sin declarar a los hermanos y hermanas de funcionarios, a quienes no excluye como a los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, descendientes y ascendientes. 

Quitas y liquidaciones

Son temas cruciales del reseteo económico que propone La Libertad Avanza. Igual que la reforma laboral, eje del paro general con el que la CGT volvió a exhibir su músculo el jueves, pese a haber transado antes la remoción de los artículos que ponían en riesgo la existencia misma de los sindicatos. Es el dilema que cruza a un peronismo todavía catatónico tras la derrota en el balotaje: golpear o negociar. Algunos gobernadores ya optaron por lo segundo, como Raúl Jalil, que se autopercibe lo suficiente diestro como para convencer a las megamineras de que no reediten lo que hacían los dueños de Bajo La Alumbrera en los 90: traer de Australia el papel higiénico que usaban sus mineros y de Canadá parte del catering con que los alimentaba. 

¿Cruza el mismo dilema a las grandes firmas que se relamen con el RIGI y la flexibilización de las leyes laborales pero que no quieren cargar con la parte del ajuste fiscal que pretende endosarles Caputo? Hubo dos episodios esta semana que parecen indicar que sí. Uno fue durante la presentación de resultados de Pampa Energía ante sus inversores. Alguien consultó al CEO, Gustavo Mariani, si estudiaba la vía judicial para rechazar que Economía salde con bonos a 14 años (y quita implícita del 50%) la deuda que acumuló en el primer cuatrimestre CAMMESA por la electricidad que no le pagó. Mariani dijo que confiaba en llegar a un acuerdo pero respondió que sí. Esa vía judicial podría llegar hasta el CIADI del Banco Mundial y convertirse en un fuerte dolor de cabeza a futuro. 

Otra que mostró los dientes fue la estadounidense AES, cuya filial en Argentina controla diez plantas de energía hidroeléctrica, térmica y eólica que representan cerca del 10% de la potencia instalada en generación. Su CEO, Martín Genesio, sorprendió a todos por su crudeza en un foro sectorial el mismo jueves del paro. “Ayer yo recibí llamados del Fondo Monetario, del Departamento de Estados, del Departamento de Energía de los Estados Unidos y de la Embajada. Y la pregunta era sólo una: ¿Qué pasó? ¿Por qué el Gobierno hizo esto? Pongo el ejemplo este concreto para que nos demos cuenta que cuando un contrato no se respeta, el impacto es gigantesco”, advirtió. Es un monto que amerita la amenaza implícita en el mensaje: a todas las generadoras, Caputo les dejó debiendo unos U$S1.200 millones.

Disciplinar a los medios de comunicación es mucho más sencillo. Con la pauta publicitaria provincial restringida al mínimo y un mercado privado famélico, a Karina Milei le alcanza con administrar el pago de las deudas que dejó el gobierno anterior para garantizarle a su hermano la continuidad de un blindaje que volvió a brillar esta semana en la cobertura del paro general. El sesgo antisindical de las crónicas de un par de presentadores televisivos coincidió temporalmente con el saldo de deudas que acumulaba la agencia Télam (todavía en la nebulosa) con las productoras de sus programas.   

Dr. Jekyll y Mr. Galperin

El capital siempre le exige más a la Argentina. Incluso aunque sea capital local, que es la mayor parte del que se blanqueará y se invertirá en los proyectos bajo el paraguas del RIGI, en caso de que la ley Bases prospere. El miércoles, en el Alvear Palace, Milei volverá a rogarles en persona a los más poderosos potentados del país lo mismo que ya les pidió en el Llao Llao y desde el foro Milken de Los Angeles: que inviertan de una vez, no solo en los rentables bonos de la deuda sino en la economía real. Falta ver a qué parte del cuerpo aludirá, siempre creativo para las metáforas. 

El más rico de todos esos magnates (y entusiasta libertario como Musk), Marcos Galperin, quedó del lado de los rebeldes. Sigue sin acatar la orden del Banco Central de abrir sus códigos a la competencia y habilitar la interoperabilidad de los QR que generan sus terminales de MercadoPago. Les dijo a sus interlocutores en los bancos que quiere cobrar el 0,18% de cada transacción que pase por esos dispositivos, lo cual rechazaron de plano. Por eso MODO lo denunció ante la Comisión de Defensa de la Competencia. 

Lo llamativo es que hace un año y medio, MercadoLibre denunció a Apple ante los organismos antimonopolios de México y Brasil por lo mismo que le cuestionan acá a Galperin los dueños de las demás billeteras electrónicas: obligar a los desarrolladores que ofrecen bienes o servicios digitales dentro de apps a usar el propio sistema de pago de Apple e impedirles redirigir a los compradores a sus páginas web. También reprochó que el pulpo californiano hubiera impuesto varias restricciones a la distribución de productos digitales y compras dentro de las aplicaciones, incluida la prohibición de que las aplicaciones distribuyan productos y servicios digitales de terceros, como películas, música, videojuegos, libros y contenidos escritos. “Esto perjudica claramente a sus competidores, a menos que ellos mismos sean gigantes digitales integrados, que pueden incluso beneficiarse de esta inclinación artificial hacia los ecosistemas integrados”, dijo en esa ocasión el vicepresidente de MeLi para asuntos legales y públicos, Jacobo Cohen Imach.

Decir “gigantes digitales integrados” en Argentina es hablar exclusivamente de MeLi, que concentra el 80% del e-commerce y más del 70% del mercado de pagos digitales, agregación, adquirencia, crédito, delivery, envíos y streaming. En pocas semanas también va a empezar a vender dólar MEP. Todo un prócer monopolista como los que reivindica Murray Rothbard. Lástima que siga invirtiendo más en Brasil y en México que en la cuna de las fuerzas del cielo.  

(*) Periodista y economista, publicado en elDiarioAR

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