De ANÁLISIS

El fiscal de Estado julio Rodríguez Signes declaró en la última jornada testimonial del megajuicio. Fue este martes, durante el día 33 de debate. “La Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas son los organismos que quedaron sin reglamentar después de la Constitución de 2008 e intervienen en el supuesto que un gobernador o ministro lo requiera”, declaró.

Primero fue consultado en el marco de la “causa Global Means”, a partir de la cual la Fiscalía acusa el direccionamiento de publicidad a una empresa que no estaba registrada en Personería Jurídica ni en el Registro de Medios de la provincia. Rodríguez Signes emitió un documento a pedido del juez de Instrucción -la causa tramitó por el viejo código de procedimientos-, el 13 de noviembre de 2012. Sostuvo en esa instancia que no encontró “irregularidad, habiendo intervenido todos los organismos de control y organismos competentes que tiene atribuida su participación en la contratación y referencia a 18 expedientes”, leyó el funcionario y reconoció su firma.

“Esto no implica una intervención previa de Fiscalía -de Estado- sino una opinión respecto a estos expedientes que el juez solicitó”, acotó. “Nuestro dictamen refirió respecto de la regularidad de expedientes, intervención de organismos de control como Contaduría, y áreas de legalidad como el servici9o jurídico del Ministerio de Cultura y la Secretaría Legal y Técnica”.

Después testimonió en el marco del legajo por el cual se acusa la difusión de cuatro supuestos spots de campaña en el marco de la Cumbre del Mercosur, en diciembre de 2014. “No hubo intervención de la Fiscalía de Estado en el contrato entre Nelly Entretaiment y el Estado, porque no pasó previamente por Fiscalía, lo que no quiere decir que no haya pasado por otros organismos de control”, señaló y agregó que las contrataciones de publicidad podían ser incorporadas al contexto de la Cumbre del Mercosur, según la ley.  

Subrayó que las contrataciones de publicidad son susceptibles de la vía directa. “La Fiscalía de Estado se inscribe en el control de legalidad. Eso implica controlar, verificar que los procedimientos administrativos se cumplan de acuerdo al bloque de legalidad, en función del derecho aplicable. Ese control de legalidad funciona de manera descentralizada. La Fiscalía de Estado no es un órgano como Contaduría General que tiene un auditor en cada oficina y ante cada expediente que implica una modificación de la hacienda pública, tiene intervención. La Fiscalía interviene ante determinados supuestos. El control de legalidad lo deberían hacer los servicios jurídicos de cada ministerio”, manifestó y añadió que “cada Ministerio tiene un servicio jurídico que se ocupa del control de legalidad. Lo que dije en el dictamen es que la Fiscalía interviene cuando la habilita la ley. Si bien en 2008 se modificó Constitución de Entre Ríos, y se incluyó una nueva redacción de las competencias de la Fiscalía, en realidad la reglamentación todavía es la anterior y la estructura orgánica también. La Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas no fueron reglamentados todavía, entonces la Fiscalía hace control de legalidad en el supuesto que un ministro o gobernador lo requiera, o cuando hay alguna impugnación o un procedimiento especial. En este caso, la intervención fue previa al contrato, fue una opinión previa en ese marco”, declaró.  

El fiscal de Estado fue consultado en primer lugar por el defensor Raúl Barrandeguy -abogado del exgobernador Sergio Urribarri- que lo convocó; y posteriormente por los defensor José Velázquez -abogado de Germán Buffa-; Ignacio Díaz -abogado del exministro Pedro Báez-;  Emilio Fouces -representante legal de Gerardo Caruso y del exministro Hugo Marsó-; y Marcos Rodríguez Allende -abogado de Juan Pablo Aguilera-. “El 99 por ciento de los proyectos de decreto pasan por la Secretaría Legal y Técnica”, dijo más tarde.  

Por último fue el turno del Ministerio Público Fiscal. Gonzalo Badano lo consultó sobre las contrataciones directas por vía de excepción. “Hay dos formas de contratación directa: una por precio testigo, y la contratación directa por libre negociación. La vía de excepción siempre debe ser justificada. No quiero arriesgar opiniones pero imagínese que hay una urgencia, por ejemplo la Cumbre de Mercosur, hay urgencia o necesidad por razones de tiempo, siempre hay que escribirlo”, manifestó y después asentó que “el área de prensa históricamente fue de las más sensibles en este aspecto, para fundamentar las contrataciones directas”. “Siempre fue un tema conflictivo”, acotó.

Perito de la defensa

Maximiliano Macedo, analista en informática aplicada, elaboró un informe de parte sobre la documentación digital secuestrada en el allanamiento de calle Racedo 415 de Paraná, el 1 de agosto de 2016, en el marco de la “causa de las imprentas”.

Macedo fue convocado por el defensor Miguel Cullen. Elaboró y envió ese análisis en septiembre de 2021, aunque la realización del mismo fue ordenada por el juez de Garantías Ricardo Bonazzola en 2019. La documentación fue admitida como prueba en el debate, por lo tanto Macedo debió prestar testimonio. No pudo responder, sin embargo, sobre tramos del informe incorporado al megajuicio que están firmados por su socio, el abogado Marcelo Temperini, que no fue ofrecido por la defensa como perito y menos aceptado.

Macedo hizo una especie de análisis forense sobre la información secuestrada en el allanamiento, la metodología aplicada y la preservación de datos. Aunque admitió que tuvo a la vista la mitad de la documentación, dado que no se le facilitaron anexos de actas allanamiento, filmaciones, fotografías, ni cadenas de custodia, entre otras cosas.  

“Para poder hacer el análisis debemos saber cómo se recolectó la prueba. Analizamos desde el principio, cómo se recolectó, qué se ordenó. Partimos desde los allanamientos y las autorizaciones. Esto fue respondido en el punto de anexo técnico de los allanamientos”, declaró y señaló que elaboró su informe con “una metodología que estoy desarrollando y es un trabajo final en una especialización que estoy haciendo”. Aseguró que la información que le brindaron fue evaluada a la luz de convenios de calidad y fundamentalmente del Protocolo Unificado de Ministerios Públicos (PUMP). Puntualmente dijo que el método que está desarrollando y se convirtió en un trabajo final de su especialización, consiste en otorgar una puntuación o valoración cuantitativa.

En ese sentido testimonió sobre el secuestro de información digital en calle Racedo: “Cumple parcialmente 4 principios PUMP y 7 no. Me da como resultado un 18,18 por ciento de nivel de cumplimiento de 12 principios”. Agregó que la evaluación fue sobre las actas de allanamiento y los informes, sobre todos los elementos que le dieron.

“Se secuestraron celulares pero no se dejó aclarado si tenían o no patrones, bloqueos y contraseñas. Lo mismo para las computadoras”, dijo después. Sostuvo que “no se resguardó correctamente la información y que los dispositivos pudieron estar recibiendo y enviando datos”.

Añadió que los equipos se manipularon sin guantes y observó que hubo “manipulación en caliente de dispositivos”. “No vi fotos ni filmaciones de las cadenas de custodias, vi que apareció un disco rígido en otro lugar y no fue secuestrado por el personal correspondiente. El disco lo encontraron en un techo de un domicilio lindante al lugar del allanamiento, no estaba en el lugar del hecho y las personas especializadas no participaron de ese secuestro”, dijo.

En el segundo tramo de su testimonio, fue consultado por los representantes del Ministerio Fiscal. Reconoció que por ahora no puede inscribirse como profesional de las Ciencias Informáticas en el Coprocier porque su carrera no está admitida. No recordó haber sido designado para alguna pericia formal. Dijo desconocer que haya sido admitido como perito de parte por el juez Bonazzola en 2019 para evaluar la pericia de los bioingenieros del Ministerio Fiscal. “Lo de la fecha no me enteré porque no fui notificado”, acotó.

Macedo declaró durante unas tres horas y media este martes. Cuando concluyó su testimonio -el último de este juicio-, el defensor Cullen ofreció la posibilidad de convocar al abogado Temperini que escribió el informe en conjunto con el analista. El ofrecimiento fue rechazado por la Fiscalía y descartado de plano por el tribunal.   

La audiencia pasó a un cuarto intermedio y se retomará el 1 de febrero, tras la feria judicial. Para esa instancia anunciaron la declaración de imputada de Luciana Almada, su hermano Alejandro Almada, Maximiliano Sena y no se precisó sobre Juan Pablo Aguilera y el embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri. El 8 de febrero, una semana después del reinicio, comenzarán los alegatos de parte.