En una entrevista con el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el actual diputado provincial y futuro presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, habló de su experiencia en el control público desde la Legislatura, refirió la deuda pendiente de la nueva Ley de Ética Pública y destacó el proceso “histórico” del concurso al cual se sometió. Aseguró que actuará con transparencia e independencia al momento de investigar a sus ahora pares en la política, pese a provenir del oficialismo.

—¿Usted está matriculado como abogado? ¿Cuánto hace que no ejerce la profesión?

—Cancelé mi matricula cuando asumí con intendente por primera vez en 2003. Antes había sido concejal, porque incluso fue una promesa de campaña. Sostengo que un intendente tiene una dedicación full time. Si bien después la habilité un tiempo, después la volví a suspender, no ejerzo la profesión.

—¿Cuál es su experiencia en el campo del control público? ¿Alguna vez contestó una demanda de funcionario o concejal, demandado por daños y perjuicios? 

—He trabajado en Derecho Administrativo cuando ejercí la profesión, la experiencia me la ha dado la función pública. Fui concejal, intendente de María Grande en dos períodos, este es mi tercer mandato como diputado, y he integrado desde la Legislatura la actividad de control público, como representante de la Cámara de Diputados en el Jurado de Enjuiciamiento que integré en dos períodos, he sido presidente en ambos, y también he tenido la experiencia en la Legislatura de ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, hemos tenido determinadas funciones que tienen que ver con el control púbico. Si bien la función de la Legislatura en el sistema republicano es el tratamiento y sanción de las leyes, también tiene facultades de control, que la ejerce por ejemplo en el instituto de juicio político.

—¿Cuánto hace que no actualiza su declaración jurada de bienes, ante la Contaduría General de la provincia? 

—La hacemos en todas las oportunidades que ingresamos, cada cuatro años.

—¿No debería cambiarse? ¿No podría ser más transparente y que todos nos podamos enterar de los patrimonios, tal como sucede con los legisladores nacionales?

—Trabajamos en una Ley de Ética Pública, tenemos una Ley que data de la década del 50. Tenemos un sistema por el cual los funcionarios tienen una declaración jurada pero es secreta, ingresa a la Contaduría general de la Provincia en el inicio del mandato y solamente puede ser exhibida por una orden judicial. En el orden nacional existe una Ley de Ética Pública que establece un sistema de declaraciones juradas que no son secretas sino un sistema intermedio. Nosotros lo trabajamos en la gestión asada y en la anterior. Fue revisada por el Senado, le introdujo modificaciones y la devolvió a Diputados. La cambiamos y lo hacemos declaraciones públicas que dejan de ser secretas y que se depositan en un área que se crea, pero esto todavía no es Ley. Igualmente en esto lo del Tribunal de Cuentas y las obligaciones que nos caben como funcionarios públicos está la transparencia. En lo personal, cuando esté en el Senado pienso en forma voluntaria hacer una declaración pública y dejar en manos de los senadores mi patrimonio. Si bien desde la Ley no tengo ninguna obligación legal, lo voy a hacer, primero porque no tengo nada que esconder y segundo porque contribuye como señal para la transparencia. Avanzar en la Ley de ética pública que es un tema pendiente.

—¿Cómo manejará éticamente la cuestión del control y examen de las cuentas de la Legislatura considerando que el periodo 2008/2018 en el cual usted se desempeñó como diputado, se halla bajo una investigación judicial escandalosa en la causa de los contratos truchos cuyo monto del desfalco aún se desconoce? ¿Se deberá controlar a sí mismo y sus pares de bancada cuando lleguen esas cuentas a su presidencia? ¿Cuánto considera que tiene que apartarse de esa cuestión?

—En primer lugar es bueno que marquemos que es la primera vez en la historia que se cumple con el mandato de la Constitución de 2008, se hizo un proceso de selección previa, cumpliendo con un aspecto y manda de la Constitución que muchos exigían que se cumpla, el concurso público, donde en lo personal tomé la decisión de someterme a las reglas del concurso.

—Concurso polémico, porque hubo decisiones que molestaron a varios de los participantes.

—Desde el punto de vista de algunas declaraciones en los medios de dirigentes políticos que hicieron cuestionamientos, pero en ningún momento hubo ninguna impugnación. Hubo un jurado integrado como lo ordena la Constitución de la provincia.

—¿Usted considera que es sano, mejor o previsible que los organismos autónomos de control como el TdC estén en manos de hombres o mujeres que provienen de la política? ¿O es más saludable que sus autoridades tengan estricta calidad técnica, profesionalismo e imparcialidad partidaria?

—En la provincia existía la Constitución del 33 cuando el Tribunal de Cuentas se pone en funcionamiento, que fue posterior. Todos los gobiernos tenían la discrecionalidad constitucional de hacer las propuestas y designar con acuerdo del Senado.

—Podrían haber hecho como gesto proponer a alguien de la oposición.

—Nosotros atravesamos todos los concursantes donde había personas de mucho prestigio y formación, algunos aspirantes del mundo académico, profesionales, exautoridades del Colegio de Abogados, miembros del Tribunal de Cuentas, como el actual presidente interino, todos participamos en pie de igualdad. Y en mi condición de pertenecer a la política, me parece que no conforma un disvalor en sí mismo venir de la política. Lo mismo se podría decir respecto de los vocales del Superior Tribunal de Justicia. El constituyente de 2008 dijo que tiene que haber un proceso de selección, que ahora se llevó a cabo, tal vez hubo muchos que no estuvieron de acuerdo.

—En la Constitución Provincial las funciones de órgano controlante y autoridad controlada se hallan bien separados... al menos en la letra ¿Cómo piensa manejar el control de las cuentas de la gestión de gobierno cuyo gobernador Bordet lo eligió para presidir el principal órgano externo de contralor de todas las cuentas públicas?

—Lo voy a hacer con la misma vehemencia y autoexigencia que siempre me tracé a lo largo de mi vida, con aciertos y errores, cuando he trabajad en el sector público. Como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales he llevado la acusación a miembros del Superior Tribunal de Justicia. Ejercíamos un control político, en este caso se trata de un control técnico, reglado, donde mi proceder va a estar sujeto a mis convicciones democráticas, éticas y a mi formación jurídica. No crea que esto no fue una decisión de vida, porque me aparto de la política. Tendré que cumplir el rol que me establece la función, que es la objetividad, la independencia, es un órgano de la Constitución con autonomía que tiene que controlar a los poderes del estado, de este gobierno, del venidero y del signo político que sea, y si tengo que apartarme de una causa por cualquier cuestión, lo haré como lo hace cualquier juez.

—El año pasado quedaron suspendidos dos concursos convocados para cubrir vacantes en el Tribunal de Cuentas, a pedido del Ministerio de Economía y en virtud de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Por uno de ellos se incorporan 10 contadores y en otro 5 abogados. ¿Usted tiene pensado seguirlos o los dejará sin efecto? 

—El Tribunal de Cuentas tiene en el presupuesto 170 cargos aproximadamente, hay trabajando en forma efectiva 135 personas, cinco de licencia por cargos de mayor jerarquía, ese remanente por supuesto hay que cubrirlo. Ese concurso quedó truncado desde el inicio porque solamente presentaron antecedentes los aspirantes. Voy a reconsiderar esos casos, hay que barajar y dar de nuevo, tengo que consultarlo con el resto de los vocales.

—Usted sabrá que la designación del contador Gustavo Tórtul como secretario contable del organismo está judicializado. Tórtul fue designado en el 2015 por un decreto del Poder Ejecutivo firmado por Sergio Urribarri. El Tribunal de Cuentas se negó a ponerlo en posesión del cargo, en el entendimiento de que era el propio organismo de control el que tenía que designarlo y no el Poder Ejecutivo ¿Usted qué opinión tiene al respecto, máxime teniendo en cuenta que Tórtul está imputado en varias causas penales de la justicia entrerriana?

—Formular opinión personal del contador Tórtul no me corresponde, sí tenemos que ser respetuosos de la decisión de la Justicia. Esto está en el Superior Tribunal de Justicia hay un recurso de inaplicabilidad de la Ley por la Fiscalía de Estado de la provincia. Tórtul como secretario contable del TdC que está vacante, en realidad está designado por un acto el Ejecutivo en entendimiento de la aplicación de la Ley Orgánica, y hay una discusión jurídica de si es la Ley Orgánica o ha sido variado este criterio por la transición constitucional que operó a partir de 2008 con la reforma. Tengo una opinión jurídica de lo que podría resolver el Superior Tribunal, pero hay que ser respetuoso de la Justicia, y una vez que lo resuelva lo decidiremos.