El avance de los juicios por delitos de lesa humanidad de los últimos 15 años no ha logrado derribar la impunidad del accionar de la Policía de Entre Ríos como engranaje clave del Terrorismo de Estado. Los archivos de la PER de aquellos tiempos fueron quemados y ningún gobierno de la democracia intentó avanzar en la reconstrucción de los grupos de tareas que aportó la Policía al plan de exterminio.

El avance de las causas en las que se logró juzgar a responsables de los delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar ha sido importante en los últimos 15 años. Sin embargo, la mirada desde una perspectiva histórica nos arroja un resultado que lejos está de ser concluyente respecto a determinar la totalidad de las responsabilidades y todavía hay gente impune caminando por la calle.

El informe del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) puso el foco en el rol que cumplió la Policía de Entre Ríos (PER) durante la dictadura y la impunidad vigente sobre gran parte de quienes formaron parte del grupo de tareas de la PER gracias al silencio de los responsables y la falta de una política de Estado con presupuesto real para hacer esa reconstrucción histórica.

La Policía entrerriana fue la encargada de brindar el soporte territorial del plan de exterminio de la dictadura. Fue la institución que conocía cada paso, cada casa y cada lugar que la represión necesitó conocer para poder llevar a cabo el plan del Terrorismo de Estado.

En Entre Ríos, bajo el mando de Juan Carlos Trimarco y el acompañamiento de Monseñor Adolfo Tortolo, el plan represivo se caracterizó por ser muy ordenado. En la provincia -por ejemplo- a diferencia de otras jurisdicciones, se llevaron a cabo los consejos de guerra tal como lo indicaba el protocolo de la represión.

Como en todo el país, la violencia contra militantes sociales y políticos no comenzó el 24 de marzo de 1976 sino tiempo antes y allí tuvo intervención la Policía de Entre Ríos en articulación con la Triple A y otros grupos de tareas. Por aquel entonces, el 20 de marzo de 1975 aparece en escena el terror de la Dirección de Investigaciones de la PER, en cuya sede se perpetró el secuestro, tortura y desaparición de Ramón Pichón Sánchez. Originalmente la sede estaba en calle Urquiza antes de llegar a Santa Fe y luego se mudó a la actual sede del Museo de Bellas Artes Pedro E. Martínez, ya con la dictadura en curso.

Sin embargo, a pesar del claro apoyo territorial de la PER en el plan represivo, con el paso del tiempo se logró juzgar tan sólo a dos expolicías: Ricardo Atilio Céparo y Carlos Luis Carvallo. Además, tan sólo otros tres expolicías estuvieron sometidos a juicio pero no se logró juzgarlos porque la demora judicial determinó lo que se conoce como impunidad biológica: el comisario Luis Franco Armocida se enfermó y se suspendió el juicio en su contra; mientras que los oficiales principales Daniel Manuel Rodríguez y Carlos Horacio Zapata murieron impunes por los delitos cometidos.

Está claro que no fueron tan sólo cinco los integrantes de la Policía de Entre Ríos que formaron parte del aporte policial al plan sistemático de exterminio de la dictadura. Pero el silencio de los protagonistas del terror y la inacción del poder de la democracia han impedido que se avance.

En la causa Área Paraná, los abogados de los organismos de Derechos Humanos solicitaron formalmente ante el Poder Ejecutivo de la provincia que se ponga a disposición los archivos de la Policía de Entre Ríos en tiempos de la dictadura. La respuesta formal del entonces Jefe de la PER, Héctor Massuh, fue que no existían archivos de aquel período.

Desgraciadamente, ningún jefe de la Policía provincial ni tampoco ningún gobernador tuvo como política de Estado la reconstrucción de lo que pasó con la Policía en los tiempos del terror. Efectivamente, los archivos de la policía fueron borrados y/o incendiados por el teniente coronel Federico Antonio Minicucci, como parte de ese plan represivo ordenado en la jurisdicción. Pero ningún gobierno de la democracia ordenó la instrucción sumaria para investigar quienes formaron parte de aquellos tiempos en la PER y tuvieron participación en el Terrorismo de Estado.

Mientras tanto, la impunidad tiene sabor a jubilación como un buen funcionario policial ya que muchos de ellos no sólo no fueron investigados sino que fueron premiados con cargos en el poder policial luego del retorno a la democracia.

Un buen ejemplo es el del exjefe de la PER, Ernesto Geuna, quien nunca se preocupó por colaborar en descubrir que fue lo que pasó en la fuerza durante la dictadura. En aquellos tiempos, Geuna fue subcomisario e integró la Dirección de Investigaciones de la PER.

Hoy en día, la tarea de la reconstrucción de qué policías participaron de la dictadura sigue siendo una tarea militante a pesar de que el Estado cuenta con el Registro Único de la Verdad (RUV). El organismo ha recorrido todas las comisarías y espacios policiales donde funcionó la represión pero no ha tenido éxito ya que no lograron hallar documentación referida aquellos tiempos y nadie recuerda nada.

El decreto N°2651/18 que prohíbe la destrucción de toda documentación referida a la dictadura y la correspondiente derivación al RUV parece haber llegado tarde respecto a los archivos de la PER. Es así que el trabajo pasa a ser de hormiga y la dificultad del paso del tiempo como la inexistencia de papeles ha garantizado que sigan impunes los responsables.

Mucho más si se tiene en cuenta que el RUV, a pesar de ser un organismo del Estado, funciona casi como un espacio de militancia sin financiamiento. Son tan sólo 6 las personas -excluyendo administrativos- que se dedican al área de investigación de lo que ocurrió y no cuentan con presupuesto real. Cada movimiento que requiere de un gasto, el RUV debe solicitar la correspondiente autorización.

A pesar de esto y gracias a la conservación de otros archivos, el RUV ha logrado avances en continuar reconstruyendo lo que ocurrió por aquellos tiempos, aunque hasta el momento no se ha podido avanzar en lo que tiene que ver con la PER.

La novedad de los últimos meses -a la que accedió Cuestión de Fondo- tiene que ver con la conformación de un listado de al menos unos 60 presos políticos que fueron detenidos en la época y cuyas detenciones ilegales aún no han sido investigadas por la Justicia. Todos son casos de Concordia y se está trabajando minuciosamente en el avance judicial. Al listado se llegó gracias al entrecruzamiento del censo de presos políticos realizado en 2011 y los archivos del Servicio Penitenciario de la provincia que está en poder del RUV.

En esa línea, también se comenzó a trabajar en otro listado que incluye a presos políticos de Gualeguaychú, Gualeguay y Concepción del Uruguay. Ambos listados serán parte del avance judicial que busca seguir recortando la impunidad de quienes fueron responsables del Terrorismo de Estado a 45 años de un nuevo aniversario del golpe cívico-militar.

“Falta desentrañar el papel que jugó la Policía”

Manuel Ramat, militante detenido y torturado en la comisaría de El Brete, habló con Cuestión de Fondo en ese lugar y recordó: “En el año 76 era la comisaría de El Brete ya era un centro clandestino de detención. Tenía una condena a muerte en la cabeza porque era lo que me hacían sentir, fue el lugar donde peor la pasé. Hasta que me llevan al calabozo de Comunicaciones, a otros lugares como un centro clandestino atrás de la Base Aérea, y siguió la tortura pero en esos lugares me habían visto otros compañeros y compañeras”.

Contó que regresó a ese lugar mucho tiempo después: “Volví en el 2001, fue algo raro, no la había visto de afuera nunca, pero revivir todo el infierno, realmente fue la peor época de mi vida esos 45 días que pase acá. Cuando me detienen me lleva el oficial Carballo, a quien yo denuncié cinco veces desde el año 82 y en diciembre de 2020 la Justicia lo condenó por delitos de lesa humanidad”.

Acerca del momento de su detención, relató: “Cuando me detienen, el oficial Escobar me dice que me llevaba Carballo, a la tarde me llevan en un Falcon a Santa Fe, a Colastiné Sur, me bajan del auto y empiezan las torturas, con la capucha, me esposan atrás me meten en el baúl y emprendemos el viaje. Sentí que cruzamos el túnel, en la desesperación trataba de levantar la tapa del baúl y pude ver que íbamos por la zona del seminario, con esos datos más lo que pude ir recogiendo descubrí después que era la vieja comisaría de El Brete”.

Ramat asegura que “falta desentrañar el papel que jugó la Policía de Entre Ríos. Había policías y militares, por ahí llegaba alguien de mayor rango que le rendían reverencia, evidentemente era algún militar pero había muchos policías, andaban a caballo. Acá se determinó por denuncias de los vecinos las amenazas de quien estaba al frente de la comisaría en ese momento, las amenazas a vecinos para que no hablaran, para que se escondieran cuando venían autos, a la noche eran permanentes gritos, los golpes. Una vez que me llevaron a la Base Aérea, íbamos dos o tres en el baúl, te acostumbrabas a viajar de esa forma inhumana”.

Sobre el recientemente condenado, Ramat dijo: “Carballo me reconocía y me decía que desde el 75 estaban recibiendo instrucción de los militares sobre cómo torturar. En ese año desaparecieron a Pichón Sánchez, así que me tuve que ir porque desde ese año ya estaba perseguido. Los policías de Investigaciones que levantaron a Pichón Sánchez, el colorado que manejaba la estanciera de Investigaciones, todos los que vinieron y colaboraron, falta información evidentemente, no me digan que una institución como la policía no tiene los legajos de quienes estuvieron asignados a la comisaría. Falta juzgar qué paso con cada Centro Clandestino de Detención, y quiénes fueron los cómplices o encubridores que hicieron que este terror fuera posible, solamente condenaron a Carballo y a Céparo”.

Oliva Cáceres, militante detenida en la ciudad de Diamante, recordó: “Mi caso particular la detención se produjo un 24 de marzo y fueron justamente el ejercito con la policía de la ciudad, gente que te dabas cuenta que se sentía incomoda con el rol que le toca vivir o protagonizar, otros que no tanto, sabíamos dónde vivíamos, como llegar. Los policías provinciales fueron en algunos casos los extras de una película de terror, algunos fueron protagonistas porque hicieron del terror su herramienta más apropiada, el papel les calzó a su medida. Y peor aun que podían sembrar el terror con gente con la cual habían crecido”.

“Otro momento muy angustiante fueron las sesiones de tortura que se dieron mucho tiempo después de estar detenidos. En el caso de Jorge, mi marido, el pudo ver quien eran los que lo torturaban, o los que lo sacaron para torturar, yo no los vi, saber que hay gente capaz de hacerte todo eso te hace tambalear como persona.  No solamente muchos no fueron condenados, sino que no hicieron aportes para limpiar la fuerza, muchos supieron mezclarse con el poder como las anguilas, que los podían llevar como jefe departamental, porque no existían los archivos necesarios que desnudaran quién era quién. Y en esto hay que ser responsables porque archivos deben haber tenido ¿y por qué no están? ¿quién los hizo desaparecer? Hubo gente que tuvo responsabilidades y las siguió teniendo”, cuestionó.

“Te llena de contradicciones que algunos de aquellos que tuvieron responsabilidades directas en el gobierno militar se sentaron a la mesa del poder. Ojalá que nos demos cuenta que somos mejores. Y que si somos mejores es porque nunca vamos a llegar a ser como ellos, pero que no se abusen de eso porque no haremos lo que nos hicieron”, concluyó Oliva.

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